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Policía Metropolitana: un juicio de envergadura social y política
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Policía Metropolitana: un juicio de envergadura social y política

Por Micaela Petrarca

A cuatro años de la represión en la Sala Alberdi, llegó el juicio. Es la primera causa que llega a esta instancia de juicio oral y público por reprimir en una manifestación. Indudablemente lo hace un hecho relevante, además de que se está denunciando a oficiales de una policía que pertenencian al Gobierno de la Ciudad y que hoy es el Presidente de la Nación”, manifiesta Germán de los Santos, uno de los fotógrafos baleado, en diálogo con Colibrí.

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La primera audiencia fue el lunes 10 de mayo. Sobre la calle Talcahuano, frente al Tribunal Oral en lo Criminal N°7, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) llevó a cabo una radio abierta. Artistas que participaron en la experiencia de la Sala Alberdi y el grupo Artistas del Oeste con Compromiso Social, realizaron intervenciones artisticas callejeras, brindando apoyo y denunciando la represión a la cultura popular.

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En la segunda audiencia, terminaron de declarar todos los testigos de la querella y comenzaron a declarar los policías. “No se acordaban si estuvieron, que hicieron, por donde entraron, por donde salieron… Uno directamente declaró que no había tenido ninguna participación y hubo que mostrar su propia declaración con un relevamiento de rastros que hizo el mismo día, increíbles”, declaró María del Carmen Verdú, militante de CORREPI y abogada defensora de los dos comunicadores baleados. Y agregó: “hoy quedó absolutamente probado que tiraron con balas de plomo, si esto fuera dos más dos, cuatro, tienen que condenarlos”.

El lunes 15, terminan de declarar los testigos, el miércoes 17 alegan los querellantes y la fiscalía, y el viernes 19 la defensa.

Entre otros, estuvieron presentes apoyando la causa: Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y los Legisladores Marcelo Ramal y Patricio del Corro.

Los disparos

Una bala corre a una velocidad casi invisible por Avenida Corrientes. En esa misma dirección, estudiantes y artistas se manifiestan en defensa de la toma y la autogestión de la Sala Alberdi. Entre ellos, está Esteban Ruffa, él mira a su alrededor, sus ojos recorren miles de imágenes. Está preparado para disparar su cámara en cualquier momento y una bala de plomo le traspasa la piel y se impregna en su tibia hasta el presente. La foto de la represión le quedó en su espalda.

Atrás viene Germán de los Santos, rengueando. Los uniformados gatillaron la escopeta Mossberg 12/70 y una bala le atravesó el muslo.

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Tirar a matar

No es casual. La represión del 12 de marzo del 2013 no es un caso aislado, no son sólo oficiales haciendo uso irracional de la fuerza. La policía Metropolitana tuvo ordenes claras del entonces Jefe de Gobierno Porteño, Mauricio Macri: reprimir y no permitir que se registre nada del desalojo a los residentes de la Sala Alberdi.

“La causa que comienza después de la represión, fue una respuesta de un conflicto social que las autoridades de aquel entonces no tenían ningún tipo de voluntad de resolver, más que por métodos violentos”, declaró de los Santos y agregó: “Recordemos que la previa a este caso fue la gran represión a los vecinos del Parque Centenario, y la anterior fue la del Borda, es decir que el contexto de auge represivo en base a conflictos sociales tuvo un modus operandi común, por eso, este juicio tiene importancia social y politica”.

Los heridos con balas de plomo fueron tres: Esteban Ruffa y Germán de los Santos, ambos fotógrafos de la RNMA, y el manifestante Mario Fumaroni. Muchos otros recibieron balas de goma y fueron afectados por gases lacrimógenos.

Desde lo sucedido, la RNMA, CORREPI y Hagamos lo Imposible iniciaron una querella para hacer una denuncia político legal hacia la Policía Metropolitana. Hay imágenes y videos que identifican a los efectivos de dicha fuerza que tiraron a matar: Nelson Acosta, Miguel Ledesma y Gabriel Pereira de la Rosa. Los tres eran integrantes de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas, un cuerpo especializado en tareas de alta complejidad. Se los acusa de intento de homicidio en grado de tentativa agravado.

La denuncia se extiende a los responsables políticos: Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, Hernán Lombardi como Ministro de Cultura de la Ciudad, Guillermo Montenegro como Secretario de Seguridad de la Ciudad, y Gabriela Ricardes como directora del Centro Cultural San Martín.

Manuel Tufro es coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), caracterizó a la Metropolitana como: “Un cuerpo policial con ciertas características pensadas, básicamente, para reprimir en conflictos sociales. El hecho de utilizar gases lacrimógenos, balas de plomo, de goma para dispersar gente. El ataque centrado sobre los periodistas como práctica policial. La otra cara es el gobierno político de la fuerza que no investiga estas cuestiones porque no las considera problema y las avala. No son exceso de policías individuales, son operativos que están armados de una determinada manera.”

La Policía Metropolitana fue desde su nacimiento una fuerza represiva que violó hasta la propia ley que la regulaba. En el 2008, la Ley 2894 de Seguridad Pública, permitió su creación y sentó sus bases jurídicas e institucionales. Según la reglamentación, esta nueva fuerza debía ir orientada a una policía de proximidad, basada en una relación de cercanía con los habitantes, con la posibilidad de mediar conflictos sin el uso de la fuerza. Primer incumplimiento.

El artículo 47 inciso g del título II “Sobre la Policía Metropolitana” establecía que no podían ser miembros quienes formaran parte de las Fuerzas Armadas. Esta prohibición actuaba en paralelo a la Ley 24.059 de Seguridad Interior y 23.554 de Defensa Nacional que tienen entre sus objetivos, desmilitarizar las políticas de seguridad.

Un año después de la creación, Mauricio Macri (como Jefe de Gobierno Porteño) firmó junto a Guillermo Montenegro, quién entonces era ministro de Justicia porteña y Horacio Rodríguez Larreta, quién ocupaba el cargo de Jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto Reglamentario 210/09 que habilitó a la Policía Metropolitana a incorporar personal de las Fuerzas Armadas sin abandonar su estado militar vigente, excepto si eran convocados obligatoriamente por su fuerza de origen.

Se violó, no sólo las disposiciones legales del artículo 47, sino también su propio decreto el cual establecía que el personal proveniente de las Fuerzas Armadas debía incorporarse “en la primera estructura de mandos medios”. Tras el pedido de informes (Res. N° 502/12) por parte de la Legislatura porteña, el Ministerio de Seguridad reveló que más del 70% eran ubicados en rangos operativos.

La Legislatura convocó a sesiones de revisión de legajos y se verificó que muchos de ellos carecían de información y no cumplían con los requisitos que exige el artículo 46 de la ley n°2894 para ingresar a la fuerza. Faltaba la acreditación de aptitud psicofísica, de conducta pública adecuada al ejercicio de la función y la aprobación de los programas y requerimientos y capacitación del Instituto Superior de Seguridad Pública. La Legislatura pidió ampliaciones de ciertos legajos de ex federales, pero el requerimiento nunca fue contestado. El Gobierno de la Ciudad procedió directamente a dar de baja a los policías cuestionados.

La Policía Metropolitana no estaba adherida al Protocolo específico de actuación creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, ni creo nunca uno propio para asegurar legalidad y control del accionar de sus funcionarios.

También en el 2009, Macri vetó la Ley de creación del Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública que implicaba una mínima supervisión externa. Así la Policía Metropolitana se manejó siempre con total impunidad, utilizando irracionalmente la fuerza y reprimiendo en el desalojo de la Sala Alberdi, a los vecinos del Barrio “Papa Francisco”, en las protestas del Parque Centenario y el Indoamericano y en el Borda.

Problemas con la agenda

La denuncia hecha hace cuatro años, se llevó a juicio para el 9 y 11 de noviembre del 2016, pero el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 decidió postergarlo para el 10, 12 y 15 de mayo de este año, la razón fue “problemas con la agenda”. Complicado de entender, ya que “habían fijado fecha para noviembre en marzo, es decir, que durante nueves meses no miraron la agenda…”, resalta Verdú. La dilatación hace que el juicio se lleve a cabo en un contexto diferente. “La suspensión la interpretamos como una maniobra para llegar hasta este momento cuando la metropolitana fue historia”, comenta la abogada.

El juicio iba a empezar a instancias del nacimiento de una nueva fuerza, la Policía de la Ciudad (una unificación de agentes de la Federal y la Metropolitana) que comenzó actuar a partir de este año. “En caso de que haya una sentencia en contra de estos efectivos, no va haber fuerza juzgada, van a ser tres personas de una policía que ya no existe. Entonces, obviamente, no hay un costo político a pagar”, explica Germán de los Santos.

 

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