Revista Colibri | Migrar no es delito
5892
post-template-default,single,single-post,postid-5892,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-12.1.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Por Diego Gutierrez Pavón

Distintos colectivos migrantes rechazan el Decreto de Necesidad y Urgencia discriminatorio y xenófobo, impulsado desde el gobierno nacional

Inseguridad, falta de trabajo, impuestos, crisis del sistema de salud o de la educación. Con cualquiera de estos u otros sectores en falla, los gobiernos y una parte de la sociedad argentina retoman su cultura xenófoba.  Especialmente en las últimas décadas, los medios de comunicación han encontrado en la inmigración limítrofe y en la africana la culpabilidad de varios males que acechan. Y en tiempos de un gobierno nacional que no tiene reparos en el respeto por los derechos humanos -menos aún de ciudadanos de países vecinos-, se intenta atacar con un decreto a miles y miles que cada tanto chocan con los prejuicios, el racismo, la persecución, el odio y la discriminación de un sistema basado en las fronteras dibujadas.

En marzo pasado el gobierno nacional recibió un revés judicial al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017 que modificó la Ley de Migraciones 25.871. La Cámara Contencioso-Administrativa Federal – Sala V resolvió declarar la inconstitucionalidad del DNU . “Esa resolución es una victoria de la lucha organizada de numerosos colectivos migrantes y organizaciones argentinas, sin embargo no significa la retirada definitiva del DNU, ya que si el Poder Ejecutivo apela, la decisión final quedará en manos de la Corte Suprema”, dicen desde la campaña Migrar No Es Delito, quienes convocan a concentrar el lunes 9 de abril a las 16.30 horas en 9 de julio y Avenida de Mayo para marchar hasta el Congreso.  Además, agregan en la convocatoria: “Durante este segundo Migrantazo, exigiremos la anulación definitiva del DNU y rechazaremos otras iniciativas legislativas nacionales y provinciales de carácter regresivo, xenófobo e inconstitucional, que de fondo ponen en riesgo el derecho a la salud, la educación y el libre tránsito de las y los migrantes”.

La medida firmada por el Ejecutivo pretende endurecer las distintas instancias represivas contra migrantes. Entre otras cuestiones, acorta los tiempos para la expulsión del país. En el caso de delitos, incluso aquellos que no tengan sentencia firme, se dan herramientas expulsivas a la justicia local y perjudica la defensa del acusado.

Mientras se enciende una fuerte campaña de estigmatización vinculando a extranjeros y extranjeras con el delito y el narcotráfico y se intentó llevar adelante una tarifa diferenciada en la salud pública -había sido propuesto por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales-, los y las migrantes se organizan.

Lucía Galoppo, abogada de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), una de las organizaciones que presentó el amparo contra el DNU, explica: “En un contexto donde el Estado se achica y se ajusta, surge la necesidad de encontrar un culpable a quien apuntar. Estamos frente a un gobierno que entiende a la migración como un problema de seguridad y no como un fenómeno social que debe ser estudiado desde la perspectiva de los derechos humanos”. Galoppo advierte que este DNU reaviva la xenofobia y genera temor dentro de la población migrante.  Sumado a esto y las circunstancias de crisis social y laboral, explica que “los y las migrantes se encuentran frente a una política migratoria restrictiva y persecutoria, que no resuelve la irregularidad y por lo tanto profundiza en muchos casos la situación de vulnerabilidad. Además, un grupo grande del colectivo migrante se encuentra expuesto a la violencia institucional”.

“Hemos afirmado además que este DNU viola garantías fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa mediante un mecanismo de expulsión sumaria, ampliando así el estado de sospecha hacia las dos millones de personas migrantes que residimos hoy en el país, y promoviendo en la práctica el discurso criminalizador y xenófobo contra los diversos colectivos migrantes”, dice la declaración pública de Migrar No Es Delito.

El decreto aún se encuentra  pendiente en la Comisión Bicameral del Congreso. Su invalidez constitucional -de ser apelada por el Poder Ejecutivo- quedará en manos de la Corte Suprema. Por estos motivos distintas organizaciones convocan al segundo Migrantazo para derrotar definitivamente este avance contra los derechos civiles. Allí se escuchará bien fuerte la consigna: migrar no es delito. La xenofobia y el racismo sí lo son.

Sin comentarios

Postear un comentario