Revista Colibri | Luchemos por la vida (de las pibas)
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Luchemos por la vida (de las pibas)

Por Luz Rodríguez
Fotografía: China Diaz

El debate por el aborto legal en nuestro país lleva más de 30 años. Que no, que sí, que despenalizarlo, que legalizarlo, que es legal en instancias de violación y/o situaciones de riesgo de salud para la persona gestante. Todo esto sobrevuela la cabeza de quienes vivimos en suelo argentino mientras se mueren más de 500.000 mujeres al año por abortos mal realizados en situaciones de clandestinidad y desamparo total. ¿Desamparo de quién? Del Estado.

Todavía es muy fuerte el peso de lo moral, cuando lo que están pidiendo las organizaciones es el cuidado de las mujeres que quieren (y deciden) abortar. La discusión ya no es si se mata al próximo Freddie Mercury o si se le está negando la vida al futuro mejor actor de todos los tiempos; acá se está reconociendo que, legal o no, el aborto existe, se practica y se seguirá practicando. Por eso, los colectivos feministas exigen saltear las palabras moralistas y hablar de un tema más relevante: la salud pública.

Pero ordenemos los tantos. ¿Es lo mismo despenalización y legalización? La primera opción implica dejar de catalogar ciertas prácticas como ilegales, dejar de considerarlas delito. Ya no se iría a la cárcel por practicarlas. En resumen, y acudiendo a la etimología de la palabra, quitarles la pena.

En cambio, la legalización, en el campo del derecho, abarca dos ramas: conductas y documentos. En cuanto a las conductas, legalizar es transformar un acto prohibido en permitido. Entonces, la presencia (y responsabilidad) del Estado para que la conducta se pueda llevar adelante debería estar asegurada. Porque si no se cuenta con los recursos necesarios para que la legalización sea óptima, seguiríamos estando en la misma. El Estado, al asegurar su legalidad del aborto, se debería hacer cargo de que esté 100% cubierto en tanto política de sanidad.

Considerado la abismal diferencia que hay entre una palabra y la otra podemos entender que la despenalización, sola y por sí misma, no elimina los riesgos de las prácticas abortivas que hoy suceden en nuestro país. Lo que ya no estaría es la posibilidad de ir presas para las mujeres que se someten a un aborto (clandestino, por supuesto, porque seguiría estado prohibido). Pero el Estado no se haría cargo de las consecuencias en la salud de la persona que aborte y eso anularía las posibilidades de higiene y seguridad necesarias para que esta intervención no lleve a una muerte desangrada y violenta. Por eso el reclamo de la campaña fue y es #AbortoLegalSeguroYGratuito.

Pero no sólo las organizaciones impulsan este reclamo. Diversos profesionales afirman una y otra vez sobre los riesgos de la falta de tutela del Estado en estos ámbitos. En este desamparo, sólo las gestantes con mayor poder económico son las que cuentan con la posibilidad de realizarse la intervención en buenas condiciones. Pablo Barbero, médico genetista (MN 75.591), afirmó en un video de NiUnaMenos que “para la mayor parte de la población de nuestro país, las posibilidades son o bien continuar con el embarazo, a pesar de que no sea el deseo de la paciente, o bien tener altas probabilidades de fallecer en un intento de interrupción de embarazo”. Su colega, Patricia Rosenberg (MN 94879), aseguró a NiUnaMenos: “La aprobación de la ley nos permitiría a todos poder estudiar y armar protocolos que favorezcan el acceso a la población a su derecho a la salud, y por otro lado, disminuir la mortalidad materna que en nuestro país, que sigue siendo altísima y cuya principal causa son los abortos realizados de forma insegura”.

El debate continuará durante dos meses y medio y, de tener dictamen a favor, llegará al recinto en junio. Agostina Felice, feminista y militante de la Campaña por Aborto Legal, Seguro y Gratuito, concluyó en diálogo con Colibrí Revista: “Necesitamos una ley reglamentada, con presupuesto, que garantice el acceso a la práctica a aquellas mujeres más vulnerables, ellas a quienes históricamente se les ha negado violentamente sus derechos. El acceso a la salud, y a derechos en general, no puede ser el privilegio de quienes nacimos en una situación económica más favorable”.

 

Foto: China Díaz

 

 

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