Revista Colibri | Avanza el Cupo Nacional Trans en la administración pública
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Avanza el Cupo Nacional Trans en la administración pública

Por Nicole Martin // Foto: Alana Rodriguez

El proyecto de ley Diana Sacayán que entró a la cámara baja el 3 de julio ya tiene 33 firmas de diputades de ocho bloques. Para la impulsora del proyecto, Mónica Macha, del Frente para la Victoria, esto significa un “acompañamiento transversal” que podría llevar la discusión al recinto, para luego ser aprobada. El proyecto fundamenta que el 98% de las personas travestis, transexuales y transgéneros no tiene un trabajo formal en Argentina. 

Si bien ya han sido presentados otro proyectos de incentivo al trabajo de estas poblaciones, más integrales o en el ámbito privado, el proyecto de ley Diana Sacayán presenta el mismo formato que la ley 14.783 de la Provincia de Buenos Aires. La ley nacional establecería la obligación del Estado en reservar un 1% de la administración pública a personas travestis, transexuales y transgénero. “Esta ley es importante porque es una respuesta a la exclusión del colectivo trans-travesti, que muchas veces empieza en el hogar y continúa en la educación, la salud y el ámbito laboral”, expresa a Revista Colibri la licenciada Macha y agrega que “Se va configurando que la única posibilidad es la prostitución”. 

La titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo en la Ciudad y Secretaria General de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) expresó su apoyo a esta iniciativa y a todos los proyectos que colaboren con esta población. Y aclaró: “Las propuestas de cupos para la administración pública son muy positivos, dada la situación extrema producto de la violencia y la discriminación que padecieron y padecen”. 

La mujer que le dio nombre a esta ley fue Diana Sacayán, quien fue asesinada en un travesticidio reconocido por la ley, un mes después de la sanción en la Provincia de Buenos Aires. Su hermano, Say Sacayán, quien continúa la lucha en reclamo de la reglamentación, expresó en la presentación de este proyecto: “La muerte de Diana y de muchas compañeras más han demostrado la necesidad y la urgencia de la ley. Los asesinatos en perjuicio de las travestis y trans son crímenes de odio”. 

La expectativa de vida de una persona trans es de 42 años, por las pésimas condiciones en materia de salud a la que se ven expuestos. Lohana Berkins, quien falleció a los 51 años por enfermedad, realizó en 2005 la primera encuesta sobre la situación de personas travestis y trans en Argentina, y dedujo que el 90% fue víctima de violencia basada en discriminación por identidad de género, el 85% fue víctima de violencia por parte de la policía y el 80% está en situación de prostitución. 

Quienes pertenecen a la comunidad LGTBI, suelen vivir en extrema probreza y, como argumenta el proyecto de ley, “privados de derechos económicos, políticos, sociales y culturales”. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se refiere a la expulsión de los circuitos laborales por estas cuestiones como “un desperdicio de talentos, con efectos negativos para la productividad y el crecimiento económico”.  

Sin embargo, el avance del proyecto presenta más un desafío que una victoria. Sólo algunos sectores de la oposición apoyan el proyecto, mientras que el oficialismo –que representa más del 40% de la cámara baja-, ya se ha manifestado en contra de estas políticas, llamadas de “discriminación positiva”. 

“Las dificultades que nos van a concernir a medida que avance la ley tienen más que ver con la transformación de las prácticas”, declaró Macha y añadió: “Es cuan preparada y cuan dispuesta esta para la inclusión de este colectivo, para quitarse de encima muchos prejuicios, para poder pensarse de un modo más inclusivo y creo que ahí están las verdaderas vallas que transformar”. 

Emma Serna y Estefania Menzel de la Cooperativa de Artetrans. Fotografía de Alana Rodriguez.

 

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