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Villa 31: construir y legislar no alcanza
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Villa 31: construir y legislar no alcanza

Por Fermin Ignacio Filloy

Cuando Horacio Rodríguez Larreta venció a la ahora vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, en las internas de Cambiemos para presentarse a gobernar la Ciudad de Buenos Aires, le agradeció la competencia leal y, entre otras cosas, le confesó que quería quedar en la historia como un alcalde con presencia social.

Por caso, en la Villa 31, tuvieron o tienen lugar 45 obras públicas desde que asumió, en diciembre de 2015. Se trata de “obras de gran envergadura que no necesariamente son todas las que el Gobierno realiza, como por ejemplo refacciones menores”, aseguran desde la Secretaría de Integración Social y Urbana, ubicada en la entrada del asentamiento. El 64% de las construcciones ya están finalizadas. Algunas licitaciones superan los 400 millones de pesos.

20 de los 45 proyectos fueron licitados sólo en 2017, año en que se aprobó la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a contraer -en vistas a urbanizar la 31- uno o más empréstitos públicos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta 100 millones de dólares o su equivalente en pesos, por un plazo de amortización mínimo de un año. Se busca, con ese dinero, la instalación de un polo educativo con tres escuelas y la sede del Ministerio de Educación como estandarte.

Pero los números, que a simple vista parecen ostentosos y de una gestión certera, no se reflejan en la opinión de los vecinos. El jueves 11 de octubre por la mañana, en la Legislatura Porteña, se votó y aprobó la primera lectura del proyecto de ley de reurbanización del barrio Carlos Mugica, presentada por el Poder Ejecutivo, que busca, entre otras cosas, darles titularidad de tierras a quienes allí viven. Asistieron 70 personas del barrio a los cónclaves en las comisiones. “El barrio cuenta con una mesa participativa por la urbanización donde se discute el dictamen. En este momento todas las energías están puestas en esa discusión”, confirman desde El Hormiguero, organización política barrial.

Cuando hablan de mesa participativa y de dictamen, hablan de tener expresión e influencia: se refieren a la 3.343, aprobada en diciembre de 2009, que creaba una “Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa”. La normativa generaba potestad de decisión vecinal en los vaivenes de la urbanización, en base al derecho a la vivienda y al hábitat adecuado”. Se delimitaba el polígono del lugar y se prohibía el desalojo. Facundo Di Filippo, gestor de aquella iniciativa, desliza su visión de la misma tras el paso del tiempo: “Hasta el día de la fecha no se escuchó al vecino. Las obras que están no lo tuvieron en cuenta. Estamos trabajando para que Larreta sí lo haga en esta ley que se va a votar”.

Voces del gobierno arguyen que en el expediente presentado “la gente está y va a estar incluida”. De hecho, el potencial artículo 2 dicta que “los habitantes del barrio tendrán participación plena e informada en el proceso de reurbanización e integración social”. A pesar de eso, desde la comunidad de la villa vienen protestando en Retiro y en Avenida Libertador porque algunos desconocen los dictámenes: “No se puede aprobar sin el consentimiento del barrio”, lanzan en un comunicado.

Otro drama que surge en el proyecto incipiente es que no se establece explícitamente el valor de los terrenos que tendrán que pagar los futuros titulares. Y la queja es que serán altos para que los absorba el mercado inmobiliario y no los habitantes. Di Filippo, que está inmiscuido en las comisiones, opina que los precios, en general, “rondarían los doce mil pesos”.  El texto en discusión sólo muestra que “una parcela (…) se cancelará en 360 cuotas fijas, consecutivas, con una tasa del 4%. El pago mensual no podrá superar el 20% de los ingresos totales de la familia, cuando dichos ingresos se encuentren por encima de la Canasta Básica Total”. Si bien hay un dictamen generado desde las comisiones de Vivienda, Planeamiento Urbano y Presupuesto y se aprobó la primera lectura, todavía hay pensamientos discrepantes y letra chica por saldar. Se espera que antes de fin de año la segunda votación sea llevada a cabo. De aquí en más se oirán reclamos, sugerencias y se divisarán pancartas al por mayor. La disputa -que aglutina problemas- no terminó.

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