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¡Ni una bala más, el Estado es responsable!

Hoy, a las 15hs, se realizó la 5ta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, al grito de ¡NI UN BALA MAS, EL ESTADO ES RESPONSABLE!

Entrevista a María Del Carmen Verdú

Por Micaela Petrarca

Fotografía: Juan Noy

El gobierno de Mauricio Macri es responsable de 1.303 asesinatos en 1159 días de mandato. Según el último informe de la situación represiva nacional publicado por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), una persona muere cada 21 horas en manos de los aparatos represivos del estado.

El 46,8% fueron muertes de personas detenidas. El 38,3%, fusilamientos de gatillo fácil. “Más del 85% del total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal estaban en un calabozo o caminaban por un barrio”, detalla el informe. Les jóvenes menores a 25 años son las principales víctimas. Si se suman los asesinados de hasta los 35 años, el porcentaje de víctimas llega casi a un 70%.

Cambiemos es el gobierno más represor desde 1983. Desde diciembre de aquel año hasta hoy, se contabilizaron 6.564 muertes por aparatos estatales, el 20% de esos asesinatos le corresponden al gobierno actual, en tan solo tres años de mandato. Como si este logro fuera poco, cada año se supera así mismo. En 2016 fue responsable de un caso cada 25 horas, en 2017 lo redujo a 23 horas. Hoy, una persona muerte cada 21 horas.

En términos de femicidios, según datos del informe, hasta fines del 2018, “una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género fue a la vez víctima de la violencia estatal. Pero en 2019 ese 20% creció a casi el 30%, ya que de los primeros 15 femicidios del mes de enero, cuatro fueron cometidos por integrantes del aparato represivo estatal”.

Ante este escenario, ¿cuáles son las estrategias antirepresivas?: “Unidad, organización y lucha”, respondió María Carmen Verdú, militante y referente de CORREPI en diálogo con Revista Colibrí.

 

Los datos reflejan la cruda realidad de una política represiva que estuvo a la vista. La materia derechos humanos no fue un propósito a tratar ni a respetar por el actual gobierno. Sus medidas -más allá de logradas o frenadas por la protesta social- fueron diseñadas para que la violencia institucional sea un mecanismo de ‘disciplinamiento’ y control social. Desde el protocolo antipiquetes, la creación de un corralito para encerrar a les trabajadores de prensa, la profundización de herramientas para detener personas arbitrariamente, la masiva militarización en los barrios populares, los proyectos de reformas al código penal ampliando el poder y uso de la fuerza policial, la baja de imputabilidad, la creación de la Policía federal -que en 26 meses mató 43 personas-; hasta la negación de los y las 30.000, el 2×1, el nombramiento de funcionarios defensores de represores como Pablo Noceti, entre otras.

Si bien la represión y el gatillo fácil no son doctrinas inventadas por el gobierno de Cambiemos, éste se destaca por reivindicarlas públicamente como políticas estatales; y en legitimarlas, enfatizando con orgullo al brazo ejecutor.

-¿Qué marcaron Santiago y Rafael en la historia de la lucha contra la violencia institucional?

La desaparición forzada de Santiago Maldonado, el fusilamiento de Rafael Nahuel y la doctrina Chocobar, todo en un lapso de tres meses del año 2017, marcaron el ingreso de Argentina en un estado de excepción no declarado formalmente, con suspensión de derechos y garantías. Nunca un gobierno surgido de las urnas había reconocido de manera explícita y por cadena nacional la represión como política pública.

La movilización por Santiago tuvo un rasgo distintivo, que fue la unidad de acción lograda desde nuestro sector de organismos de DDHH y organizaciones antirrepresivas independientes con la parte del movimiento de DDHH vinculado al kirchnerismo, cosa que ni siquiera para los 24 de marzo había ocurrido antes.

-En una coyuntura donde una parte del propio pueblo es el que pide mano dura, ¿qué políticas realiza CORREPI para reforzar la conciencia de clase?

Es necesario distinguir entre quienes sostienen y defienden la política represiva de este gobierno -y de cualquier otro- por posiciones conscientemente asumidas, de los trabajadores y las trabajadoras que, en un marco de creciente alienación por el endurecimiento de sus condiciones de vida, no tienen la posibilidad de analizar la realidad reflexivamente y con pensamiento crítico. En el primer caso, no se discute, se las confronta. En el segundo, es a quienes destinamos el grueso de nuestra actividad militante, para ganar esas conciencias a partir de deconstruir el discurso hegemónico que produce esa cooptación. La mayoría de nuestras actividades son en los barrios, orientadas a interpelar a esxs vecinxs, que a poco de andar reconocen por sí mismxs que las cosas no son como dice la tele, porque su propia experiencia se los muestra, sólo que nunca se pudieron detener a verlo.

-¿Qué representa la presentación del Servicio Cívico Voluntario en campaña?

Es parte de lo que desde CORREPI hemos definido como una campaña electoral a puro «voto bala» y «voto cárcel», parte de una serie de iniciativas orientadas por el híper punitivismo y la mano dura extrema.

-¿Qué análisis haces de la unidad con otros sectores políticos opositores al gobierno actual?

Desde CORREPI impulsamos desde diciembre de 2015 la política de unidad de acción con todos los sectores dispuestos a enfrentar en las calles la represión de Cambiemos, sin perjuicio de la delimitación necesaria para conservar nuestra independencia política.

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