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Violencia institucional en vivo y en directo
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Violencia institucional en vivo y en directo

Por Pablo Hernan Velazquez

La cámara de la señal de televisión rosarina Canal 3 estaba realizando un trabajo periodístico en directo en la ciudad para el programa “De 12 a 14”, cerca de la comisaría 15ª en el cruce de las calles Sarmiento y Ameghino de la ciudad ribereña, en la cual se investigaba un presunto “mensaje mafioso”.

De pronto, en una de las salidas, el cronista pide aire porque algo ocurrió: un joven de 26 años, José Luis Zarvansky, con semblante perturbado y temeroso se acercó con intenciones de realizar una acusación publica contra oficiales de esa comisaria por torturas y amenazas con el fin de llevarlo a cometer delitos.

Unos momentos después, la misma cámara mostró a los ojos de toda la ciudad, cómo entre tres oficiales arrastraron a la comisaria al joven que intentaba evitar que lo lastimaran.

La odisea de José Luis

El joven acusó que la noche anterior circulaba en moto y fue abordado por efectivos porque no tenía los papeles correspondientes del rodado. Acto seguido es secuestrado en un auto policial y luego lo trasladan a otro auto que José Luis identificó como un Ford Fiesta, y a partir de ese momento es obligado a realizar un raid delictivo de varios robos.

Mario López, presidente de la Regional Rosario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, describió en diálogo con Revista Colibrí a José Luis como “un joven que sabemos que tiene algunos problemas de salud por consumo problemático, y que está siendo atendido”. López está convencido de que Zarvansky es el típico joven que las fuerzas policiales utilizan para su accionar delincuencial, y agrega que “es frecuente que suceda en los barrios populares marginales como en ciudades cercanas a Rosario que agentes policiales obliguen a delinquir a jóvenes que se encuentran estigmatizados que, bajo amenazas tanto a ellos como a sus familiares, terminan haciendo el trabajo sucio de la policía.

José Luis exhibió lesiones ante las cámaras, producto de las torturas y apremios ilegales a los que fue sometido durante el secuestro policial. Luego de ser detenido de forma violenta, fue llevado al Hospital Provincial donde además se registro una fractura en el pie que no tenía al momento de hacer la acusación.

“El joven se encuentra bajo tratamiento médico, porque luego de la detención en vivo le fracturaron el pie, tenía previamente algunas heridas y lesiones que se constató que no fueron autoinfligidas, sino que se trata de agresiones externas”, describió uno de los responsables de la APDH Rosario.

Las organizaciones solicitaron a las autoridades judiciales que realicen una “profunda investigación” sobre lo denunciado por el joven, mientras que desde fuentes policiales y del gobierno provincial manifestaron dudas acerca de la veracidad del relato de Zarvansky, a pesar de que los informes periciales dan cuenta de la existencia real de lesiones compatibles con el tenor de la denuncia realizada en vivo y en directo.

Santa Fe: el estado mira para otro lado

Por las formas y por la violación de todo tipo de protocolos y procedimientos, la detención fue arbitraria, porque el joven se encontraba denunciando en los medios una situación que pudo sorprender a los periodistas, pero que es típica del accionar delincuencial policial. López consideró que “ante esa situación lo que había que hacer era tomar la denuncia y abrir una investigación, cosa que jamás sucedió”.  Y agregó que el accionar ante la cámara fue improcedente porque no se condice con las obligaciones con las que está sujeta la policía, como tampoco fue procedente el accionar de la fiscalía que no abrió una investigación y rápidamente salió a decir que no había delito cuando ya hay delito en el procedimiento mismo de detención.

Una situación es real: ninguno de los lugares que José Luis denunció haber atracado bajo amenaza registró denuncia alguna, pero también es real que la policía no lo mandó robar en cualquier lugar. El responsable de la APDH de la ciudad cuna de la bandera resaltó “que no haya habido denuncia de los robos no es raro, porque en realidad suponemos que es lo que sucede cotidianamente, las fuerzas policiales provinciales tienen marcados lugares de producción ilegal de dinero, como mesas clandestinas de juego, quinielas y casinos clandestinos”.

La comisaria número 15 tiene una larga historia de violencia institucional: “Son comisarias muy grandes con territorios muy amplios, codiciadas por muchos agentes que están en ascenso en su carrera para sostener una comisaria”, sostuvo López, quien es titular de una de las organizaciones de derechos humanos de mayor relevancia en nuestro país. Y continuó: “Acá está el gran eje de la violencia institucional que nunca se atacó, la caja negra de las comisarias, la producción de dinero ilegal de las cajas negras policiales, que se generan con la prostitución, la venta de drogas, el juego clandestino”, cuestiones que fortalecen el accionar delincuencial que produce la violencia institucional.

Según los informes anuales de CORREPI, Santa Fe es la provincia con el mayor índice de desaparición forzada de personas por millón de habitantes. En ese sentido, que José Luis haya sido amenazado de muerte por miembros de las fuerzas no es nada para desestimar.

El caso de Maria de los Ángeles Paris

Para ilustrar este entramado de connivencia delincuencial del Estado, se recuerda el caso de Maria de los Ángeles Paris, docente y bibliotecaria de 45 años, que entró a la Comisaria 10 de la ciudad de Rosario, y se dio por fallecida a los 40 minutos. En la instancia judicial, el juez a cargo de la causa dijo que es cierto que Paris murió a causa de los golpes recibidos, pero “no fue tortura”. “Con esto nos referimos a que el poder judicial de la provincia es participe de la violencia dado que la justifica y sostiene la impunidad del accionar policial”, afirmó el presidente de APDH Rosario sobre el caso.

El caso Luciano Arruga

Otro caso comparable es el de Luciano Arruga, de mayor conocimiento público, por los paralelismos en el accionar de las fuerzas represivas que liberan zonas y obligan bajo amenaza a pibes estigmatizados para que realicen sus “trabajitos sucios”. En la historia de Luciano, el entramado de complicidades y favores en torno a la jefatura de la Policía Bonaerense con la justicia de la provincia lograron que no se sepa nada del pibe durante mas de cinco años, hasta que su cuerpo fue hallado en el Cementerio de la Chacharita, enterrado como NN.

Luciano tenía 16 años, admiraba a su hermana Vanesa y quería estudiar como ella. Actualmente, su hermana lleva su caso como bandera de lucha y es referente en materia de Derechos Humanos por su hermano: él se negó a robar para la policía y desde entonces sufrió un calvario de torturas y asedio policial hasta que fue desaparecido.

La batalla por el discurso

Por su experiencia, López sabe que este tipo de casos no trasciende en la opinión pública, y suele ser tapado con la versión oficial policial que baja desde las corporaciones de medios, por eso agradece a los medios alternativos y populares por darle difusión a estas situaciones de violencia sistematizada e institucional. Además, el entrevistado destaca dos características que subraya de este caso, la primera es que la denuncia desnudó una situación cotidiana de la sociedad rosarina en la que la policía obliga a delinquir a jóvenes y grupos estigmatizados, mientras que la otra es que la denuncia -al revés de lo habitual- se hizo pública desde uno de los medios mas grandes de la ciudad.

Hace dos años se lanzó una Multisectorial contra la Violencia Institucional en la cual participan los distintos organismos de derechos humanos de la ciudad de Rosario en defensa de los derechos de las personas ante acciones políticas ilegales, ofreciendo tanto abogados como soporte de producción mediática para salir al cruce antes de que las cadenas de medios instalen la versión oficial policial.

El espectáculo de la violencia

La sociedad asistió con sus propios ojos a una detención mas violenta y brutal que muchas de salen en series o películas de la temática, con un joven intentando que no lo lastimen más, un grupo de uniformados arrastrándolo como si fuera un genocida, y gente de traje frente a cámara especulando si el pibe estaría drogado, mientras presentan la receta del día.

Una vez más, la mezcla de violencia, insensibilidad y falta de rigurosidad vuelve a ganar las pantallas, y aunque gracias a esas cámaras todes pudimos ver semejante brutalidad, se sabe que el tema quedará en el olvido, como tantos otros casos que quedan impunes bajo la placa de “Mataron a un pibe chorro”, como si esa persona fuera una cosa que ya no estorba más.

No todes les pibes pueden abordar un móvil de TV para denunciar lo que nadie quiere escuchar.

El Estado es responsable.

 

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