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¿Qué está pasando en Ecuador?
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¿Qué está pasando en Ecuador?

Por Pablo Hernán Velázquez
Fotografía: Karen Toro

Foto: Karen Toro

 

Desde hace diez días, la tensa paz del impopular gobierno de Ecuador se ve agitada, amenazada y jaqueada por un grito enfurecido que nace en la tierra, con el movimiento originario a la cabeza, y acompañado por estudiantes, gremios de trabajadores y ciudadanes de pie que decidieron ejercer el legítimo derecho de la autodefensa frente al saqueo. Como en todo proceso de corte neoliberal en Latinoamérica, el FMI opera entre las sombras y mete su mano invisible entre los harapos de esos títeres que ponen para engañar a la ciudadanía en cada elección, para hipotecar el futuro y convertir el presente en una trituradora de sueños.

Una historia de fracasos preanunciados, necedad, medidas extremas, volantazos desesperados y un pueblo que hace siglos se acostumbró a luchar, en apenas poco más de una semana pusieron a la nación andina ante la posibilidad de volver a torcerle la mano a la cara más perversa de un capitalismo que explota los recursos de la tierra y a quienes la habitan, sus verdaderes dueñes.

El Paquetazo

El pasado martes 1 de octubre, el Ministerio de Energía de Ecuador anunció que a partir del primer día del año 2020 el país se retirará de la Organización de Países Exportadores del Petróleo OPEP).

El anuncio fue parte de una serie de medidas puestas en marcha que incluyeron el aumento de los precios de la gasolina y el diésel por medio del decreto 833, y por consiguiente la subida de los precios del transporte y el alza general de los insumos. Tras la medida tomada, transportistas bloquearon las carreteras que conectan a las principales ciudades, y manifestantes se enfrentaron a la policía en Quito.

Pero lo cierto es que no solo de combustibles se trata: el “paquetazo” incluye también el recorte de vacaciones para les trabajadores del sector público (de 30 a 15 días) y la renovación con un 20% menos de remuneración de los contratos ocasionales. En endurecimiento que representan estos anuncios hizo que a les transportistas se sumen a las manifestaciones organizaciones sociales, indígenas y estudiantiles que rechazan el paquete de ajuste.

Moreno resolvió decretar el estado de excepción el 3 de octubre con el argumento de “afrontar un momento especial por los focos de violencia que se han creado por grupos consabidos que pretenden hacer daño y desestabilizar al gobierno constituido”.

La Constitución de la República del Ecuador ampara al presidente a decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él “en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural”, y exige determinar el motivo, el ámbito territorial, el período de duración, las medidas, los derechos que podrían suprimirse o limitarse.

El “paquetazo” es el último capítulo del plan de ajuste de Lenin Moreno, y parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos por US$4.209 millones a cambio de reducir el déficit fiscal, con la fórmula de siempre: recortar el gasto púbico y aumentar la recaudación.

 

La movilización indígena

El presidente ecuatoriano redobló la apuesta en ruedas de prensa posteriores a las primeras protestas, rechazó revocar el paquete de medidas acordadas con el FMI, y calificó como “zánganos” a quienes protagonizaron esas movilizaciones.

Durante el fin de semana, y luego de no menos de 200 detenciones por parte de las fuerzas de seguridad, comenzaron a llegar multitudinarias columnas de comunidades indígenas para acoplarse a la protesta ciudadana en la ciudad de Quito.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de Ecuador decretó el estado de excepción en los territorios ancestrales, frente la brutalidad de las fuerzas de seguridad y a la falta de conciencia para comprender el carácter popular de las demandas sociales.

La Conaie advirtió la aplicación del sistema de justicia indígena a «militares y policías que se acerquen a territorios indígenas» en protesta por lo que consideran «brutalidad» de la fuerza pública ante sus protestas contra el Gobierno.

Fuente: Página 12

Apoyos, repudios, represión y muerte

El domingo se produjo la primera muerte como consecuencia de las masivas protestas: Raúl Chilpe fue atropellado por un vehículo particular en la provincia de Azuay, mientras el manifestante participaba de uno de los bloqueos de la carretera Cuenca-Molleturo, al sur del país.

La Cancillería de Ecuador, a cargo del diplomático José Valencia Amores, difundió un comunicado en el que resalta el apoyo de siete naciones al gobierno ecuatoriano.

“Los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y Paraguay manifiestan su rotundo rechazo a todo intento desestabilizador de los regímenes democráticos legítimamente constituidos y expresan su firme respaldo a las acciones emprendidas por el presidente Lenin Moreno” reza el escrito.

En contrapartida, la ONU pidió a garantizar los derechos de los ecuatorianos. “Los actos de violencia o delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyo comportamiento es pacífico”, sostuvo el organismo a través de su Oficina sobre Derechos Humanos.

Además, denunció las practicas represivas de Moreno: “Ecuador se encuentra en estado de excepción desde el jueves pasado, pero ello no justifica el uso de gases lacrimógenos, balas de goma ni instrumentos de atropellamiento como caballos y motocicletas contra los manifestantes”.

El escape del gobierno

Con el Palacio de Carondelet, sede del gobierno en Quito, sitiado por la multitud que resiste la decisión presidencial, Moreno resolvió evacuar el edificio y trasladar la capital a la ciudad de Guayaquil, nuevamente ratificando el “paquetazo”, esta vez con denuncias conspirativas y golpistas contra el ex mandatario Rafael Correa y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Correa rechazó las acusaciones en declaraciones a la señal de TV Russia Today: “los golpistas han sido ellos, que han roto la Constitución cuantas veces les ha dado la gana”, y agregó que es “una muestra de la enajenación que tiene Moreno en todo su Gobierno, que lleva dos años y medio echándole la culpa a Correa de todo lo que ha pasado”.

Por su cuenta, Nicolás Maduro expreso en un acto de gobierno que “Lenin es valiente para quitarle el beneficio social a un pueblo, valiente para entregar a su país, para entregar el Ecuador al Fondo Monetario Internacional” y lo acusó de estar “fuera de la realidad”.

Vigilar y castigar

El medio comunitario local Wambra, que ha enumerado con lujo de detalle todos los atropellos que las fuerzas represivas han provocado para violentar a les manifestantes, informó a principio de semana que en el puente peatonal quiteño de San Roque las fuerzas policiales persiguieron a cinco jóvenes que cayeron al vacío, de los cuales uno tiene muerte cerebral.

Pero no solo se trata de reprimir las movilizaciones: La Policía allanó este martes la sede de la emisora radial Pichincha Universal con la excusa de “incitar a la violencia y la discordia”. La radio solamente había relatado e informado sobre las protestas que se realizaban en múltiples puntos del país. La Corte Constitucional redujo a la mitad (30 días) el plazo del Estado de Excepción, y Lenin respondió con la instauración de un toque de queda parcial, que rige entre las 20 horas y las 5 de la mañana, durante el próximo mes.

Por los próximos 30 días las ya desbocadas fuerzas de seguridad tienen el derecho y boleto abierto para extralimitarse en sus funciones con la excusa de “garantizar el orden” en el territorio ecuatoriano.

Este miércoles fue el día elegido para realizar las mayores demostraciones de fuerza en las principales ciudades ecuatorianas, con el incansable rechazo al paquetazo al que Moreno se aferra, a costa de dos muertes, al menos 80 herides, más de 500 personas detenidas y la aplicación de la violencia como intento de escarmentar a un pueblo que parece haber tomado la valiente decisión de torcer un rumbo de miseria y destrucción.

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