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ATE consignó el primer paro nacional contra Macri | Revista Colibri
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ATE consignó el primer paro nacional contra Macri

Por Nicole Martin
Fotografía: Santiago Carrillo

 

«Esta no es una medida de corte opositora, estamos siendo directamente atacados como trabajadores por el gobierno y nos obliga a salir a la calle a pelear por nuestros compañeros», declaró Daniel Catalano en diálogo con Colibrí Revista. El Secretario General de ATE Capital manifestó su repudio a la creciente ola de despidos que están sufriendo los empleados estatales en el marco de una manifestación frente al Ministerio de Modernización este jueves al mediodía.

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, defendió ayer las 6.200 “cancelaciones o no renovaciones de contrato” y advirtió que podría anunciar más. De hecho, Marcos Peña, jefe de gabinete, ya había adelantado recientemente que el Ministerio revisaría 60.000 contratos. Por eso, el principal sindicato de estatales del país reunió a su cúpula nacional para decretar una huelga el 24 de febrero, lo que será el primer paro nacional contra el gobierno macrista. ATE nuclea a casi 255.000 empleados, el 74.5% de los 342.000 asalariados públicos registrados.

Sólo en el Ministerio de Salud, hubo 113 despidos. Ayer se anunció el cese de actividades de 20 trabajadores del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) y se prometen al menos otros veinte, dejando al proyecto funcionando con 15 personas. El Programa implica el cumplimiento a las Leyes Nacionales 26.130 (Anticoncepción Quirúrgica), 26.485 (Protección Integral contra la violencia hacia las mujeres), 26.743 (Identidad de Género) y 26.862 (Fertilidad). Desde el 4 de enero fueron suspendidas las actividades y el PNSSyPR sigue sin coordinación.

En esta misma línea de lucha, una multitud conformada por sectores sindicalistas, de izquierda y principalmente por ATE Salud y ATE Modernización (despedidos de la AFTIC) marcharon hasta la sede del Ministerio de Modernización, ubicada en Diagonal Norte y Esmeralda, bajo la consigna de reincorporar a todos los compañeros despedidos, rechazar el techo a las paritarias y no criminalizar la protesta social.


«Como trabajadores se nos está estigmatizando y condenando a vivir sin trabajo», asintió Catalano y sostuvo que aunque hay partes de la burocracia sindical que fueron silenciados con dinero, es el inicio de un año muy complicado y no se abandonará a ningún compañero. Y aclaró: “Más allá de las adhesiones, los protagonistas de esta lucha son los trabajadores. Este paro sería frente a este o a cualquier otro gobierno, del color que sea”.

La protesta del 24 de febrero fue avalada de forma unánime por los secretarios generales de todas las provincias y contemplará movilizaciones en todo el país. «Vamos a unificar las peleas por los despidos y las paritarias: no pensamos discutir solamente para conservar nuestra fuente de trabajo cuando hubo una devaluación del 40%, la inflación sigue en alza y suben las tarifas de los servicios», advirtió Hugo «Cachorro» Godoy, el líder nacional de los estatales.

En las estadísticas del sindicato, ya son 8.000 los despidos que dispusieron el gobierno nacional y otras administraciones provinciales. Y, según Catalano, se estiman alrededor de 20.000 para el 31 de marzo. El procedimiento consta en no renovar los contratos o en dar de baja las plantas transitorias.

Como explica el abogado laborista, Valentín Vidal, la resignación de un contrato de locación de servicios es legal incluso antes de su fecha de finalización. En principio, el Estado no está obligado a indemnizarlo a menos que el despedido pueda demostrar que fue por motivos políticos, de religión, sexualidad, enfermedad o embarazo. Un ejemplo son los 42 trabajadores del AFSCA, militantes de Nuevo Encuentro. La justicia lo calificó como discriminatorio, dio lugar a la medida cautelar solicitada y resolvió ordenar al Enacom reincorporarlos a sus puestos.

Desde el gobierno nacional, se señala al kirchnerismo por la precarización laboral del Estado. El Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, observó a Radio Mitre: «Plantear un paro por esto, donde en algunos casos están defendiendo situaciones de precarización laboral, porque el gobierno anterior, a través de algunos mecanismos de contratación, no les daba un escenario de sustentabilidad a muchos trabajadores, me parece que es un poco apresurado. El Estado no tiene que ser quien financie los recursos para la política». Estos son regímenes de empleos que ocultan una relación de dependencia bajo una fachada legal que no cubre los derechos laborales básicos, como aguinaldo y aportes previsionales, y se extiende por años.

“No hay pacto social con despidos arbitrarios, amenazas y condicionamientos hacia los trabajadores”, dice Catalano y se refiere al paro como una centralización de las fuerzas nacionales para lograr un canal de diálogo con el Gobierno. “Hay una situación irregular donde arbitrariamente se echan personas a la calle, como sindicatos exigimos ser parte de la evaluación que determina el despido para que sea en una instancia justa”, expresó el dirigente de ATE Capital.

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