Ausencia violenta: Facundo Castro y otres desaparecides en democracia
Pablo Hernán Velázquez
“La soledad estratégica de la impunidad empieza un segundo después de la desaparición”
Damián Piraino
Los nombres y los casos se acumulan, y aunque el Estado lo niegue, se desaparece en democracia y en la dictadura. Un aporte a un debate postergado.
La desaparición de Facundo Astudillo Castro en la localidad de Mayor Buratovich, tras ser retenido por la Policía Bonaerense el 30 de abril vuelve a agitar fantasmas que parecen ser la sombra de la democracia. Es posible que términos como “torturas”, “violaciones a los derechos humanos” y “desapariciones” sean asociados con facilidad a los años de la dictadura genocida. Sin embargo, son prácticas que siguen ocurriendo hasta el día de hoy en muchas comisarías y dependencias policiales de todo el país.
Vanesa Orieta es socióloga y hermana de Luciano Arruga, desaparecido y asesinado por la Policía Bonaerense. Conoce en carne propia la crueldad de uno de los mecanismos más perversos de violencia. “Es preocupante como las prácticas de horror que existieron durante el genocidio de la década del 70, se han extendido a la era democrática como una enfermedad”, afirma.
El caso de Luciano es el de la mayoría de los pibes criminalizados por el aparato estatal. “Durante la era democrática –identifica Vanesa- la represión Estatal apuntó y apunta sobre los cuerpos de jóvenes, en particular de jóvenes empobrecidos a los que se discrimina, se criminaliza y vulnera sus derechos”.
Claudia Cesaroni es abogada, docente, magister en criminología y fundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) y considera que la desaparición forzada de personas es una de las grandes deudas del sistema democrático.
Sobre la desaparición de Facundo sostiene que “aún no sabemos qué resolución tendrá el caso, pero la temática de desapariciones tiene algunos nombres propios que son los más conocidos, como Luciano Arruga, Santiago Maldonado o Jorge Julio López”.
“La idea de que era posible que hubiera desaparecidxs en democracia fue muy difícil de instalar”, sostiene la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) María del Carmen Verdú, pero rescató del extenso Archivo de Casos que actualizan y presentan cada año desde 1996. El primer caso es el de José Luis Franco: detenido en Rosario el 24 de diciembre de 1983 (a días de la restauración de la democracia), cuyos restos fueron hallados en un basural bastante tiempo después. Ese es el caso más antiguo de desaparición forzada de todos los visibilizados por Correpi.
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Además, agrega que si bien en los años posteriores se apilaron los casos “no fue hasta la segunda desaparición de Jorge Julio López, en 2006, y tres años después la de Luciano que se empezó a percibir con más claridad que también en democracia la desaparición forzada de personas es una herramienta utilizada por las fuerzas de seguridad, aunque sin la masividad sistémica dictatorial”.
De aquellos años, Cesaroni recuerda que también se produjo un hecho que cobró una magnitud mediática difícil de equiparar: “Debemos recordar el caso de la familia Pomar, que se habían ido a pasear, estuvieron desaparecidos por días construyéndose sobre ellos una cantidad de teorías que incluían disparates como acusar al padre de matarlos a todos sin evidencias, y finalmente se descubrió que estaban muertos al costado de una ruta por un accidente”.
Esto nos lleva a trazar una línea para dividir a la desaparición forzada de personas como acción coercitiva y definitiva con el fin de castigar, y la desaparición de personas en la cual, si bien pueden existir complicidades, no nace en una acción directa de las fuerzas, aunque su acción posterior puede contribuir entorpecer o bloquear su búsqueda.
Fotografía de Pedro Funes
Desaparecer por acción o por omisión
La desaparición forzada de personas tiene como motor la aplicación de un castigo, y es quizás la más sanguinaria de las costumbres heredadas de la dictadura. De estos casos, Correpi reúne más de 200 desde la restauración de la democracia a la vida política.
Según su referente, todas las historias comparten algunos puntos de comparación. Se trata de jóvenes con historia de hostigamiento y persecución policial, especialmente por resistir la tentación de operar como mano de obra barata para la criminalidad policial, pasando droga o robando por su cuenta y orden, que fueron vistos por última vez en el contexto de una detención, o de quienes venían enfrentando a las fuerzas con denuncias por hechos anteriores de represión o corrupción.
Por otra parte, y por medio del decreto 1093/2016, el 12 de octubre de 2016 se puso en funciones el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) bajo la órbita de Patricia Bullrich primero y de la ministra de seguridad Sabina Frederic actualmente. El Sifebu reúne denuncias que datan desde 1990 a la fecha, y según la última actualización de mediados de 2018 continúan desaparecidas o extraviadas 10668 personas en todo el país, en su mayoría mujeres.
A diferencia de la desaparición forzada perpetrada por agentes del Estado, la autora de “Masacre en el Pabellón Séptimo” sostiene que, en referencia al caso Pomar, se trata de “la falta absoluta de profesionalismo, interés y preocupación de cómo hacer las cosas o de como buscar a una familia”.,
Finalmente, agrega que esa inoperancia no solo rige en los efectivos policiales, sino que también abarca a otras áreas del Estado que intervienen en estos casos: “la inacción o la acción brutal por omisión de lo que se debe hacer agrega dolor y angustia a las familias, siendo este uno de los elementos más brutales de la desaparición de una persona”.
Los gobiernos y la justicia
El 2004 el gobierno nacional designó de forma interina a René Jesús Derecho en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal. Derecho estuvo preso en 1988 por torturas, estuvo involucrado en la represión de diciembre de 2001 y en la Masacre de Floresta.
Su caso se judicializó, y llegó a la Corte Suprema de Justicia. El fallo niega y sienta precedente judicial de la idea de que en democracia no se reprime:
“…aun cuando se tuviera comprobada la existencia de una práctica semejante, difícilmente fuera correcto que se tratara de una política del Estado argentino (…) se trataría de un caso de corrupción de miembros de la institución policial, pero la responsabilidad de esos hechos no podría ser trasladada sin más al Estado como si se tratara de su política. En efecto, el Estado argentino no persigue, desde la instalación de la democracia en 1983, ni directamente ni por medio de una tolerancia omisiva, ningún plan específico fundado en las razones espurias que dan lugar a los crímenes de lesa humanidad.”
Ministro de la CSJN, Eugenio Zaffaroni.
Este fallo dejó un cheque en blanco judicial para que los gobiernos puedan desligarse fácilmente de las acciones de aquellos efectivos policiales a los que proveen de armas. “Según este fallo, en democracia no hay tortura ni desapariciones forzadas, sino que serían ‘actos policiales individuales» asegura Verdú.
En línea con la abogada de Correpi, Vanesa añade que “nuestra ley no marca nada parecido a que no exista responsabilidad en los gobiernos constitucionales a la hora de hablar de una desaparición forzada, y tampoco lo establece la ley internacional”. De esta forma, atribuye el hecho de desligar a un gobierno de sus fuerzas a una apreciación basada en la simpatía con esa gestión.
Además, considera que todos los gobiernos junto a la justicia desde 1983 colaboraron en agudizar la mirada violenta sobre los barrios y les jóvenes que viven allí, en respuesta al fervor punitivista y el discurso de la inseguridad: “En eso, ellos también son responsables de debilitar la democracia y acostumbrarnos a la violencia”.
La titular del CEPOC remarca que las fuerzas de seguridad responden al sistema penal, el cual “se mueve con criterios de selectividad, asociados al lugar donde la persona vive, su condición, su aspecto físico, y lo que se presume de esa persona”.
Además, considera que muchas de estas situaciones tienen que ver con discursos de odio y de guerra contra la delincuencia con las que son formadas las fuerzas de seguridad: “esa confusión permanente de la idea de que hay que combatir al delito y a los delincuentes a como dé lugar abre paso a acciones profundamente violatorias de derechos, siempre con un sesgo selectivo discriminatorio”.
Sin embargo, a pesar de identificar una particular lentitud de la justicia a la hora de investigar estos casos, hace foco en las reacciones de los gobiernos democráticos. “Hay prácticas que se mantienen a lo largo de los diversos gobiernos democráticos, pero las reacciones frente a esas prácticas son distintas. Y eso no solo es necesario marcarlo sino también profundizarlo, porque lo que queremos es que no haya más pibes asesinados en los barrios, ni queremos que haya más personas desaparecidas por ningún motivo”.
Fotografía de Pedro Funes
Similitudes y diferencias
Si bien es justo dejar en claro que el de Facundo y el de Santiago son casos con matices propios, en los medios masivos y en las redes apareció la comparación de las desapariciones forzadas según el color del gobierno de turno, junto a una serie de reivindicaciones y demostraciones de no ser lo mismo.
Cesaroni recuerda que las agencias del Estado involucradas son muchas, y considera que en el caso de Facundo “hubo una primera reacción equivocada y falta de profesionalismo, probablemente encubriendo la acción de la policía bonaerense”.
De todos modos, valora la posterior intervención decidida del ejecutivo provincial y de las fuerzas federales al mando de la ministra Frederic, en contraposición de la acción del gobierno de Mauricio Macri en relación al caso Santiago Maldonado. Allí, el propio presidente y sus ministros intentaron deslegitimar y ensuciar a la víctima, y calumniaron repetidas veces a sus familiares.
En este aspecto, la abogada de la coordinadora antirrepresiva es tajante, al remarcar que en todos los casos de represión estatal -no sólo de desapariciones- Correpi sostiene la responsabilidad del Estado y que las fuerzas de seguridad no actúan por la propia, sino que son conducidas por sus mandos políticos.
Además, agrega que “los mecanismos existentes a nivel legislativo y judicial, y las propias prácticas oficiales, permanentemente demuestran que, como dice nuestra consigna histórica, ‘no es un policía, es toda la institución’, y esa institución es el brazo armado del Estado”.
Las desapariciones en los medios masivos
“Consideramos que siempre ha existido la necesidad de instalar a un “otrx peligrosx” responsable de los males de nuestra sociedad, y en eso los medios tradicionales tienen un rol fundamental”, sostiene Vanesa.
De esta forma, traza una línea de continuidad con la Dictadura Cívico-Militar, en la que se etiquetaba como “subversivas” a todas aquellas personas secuestradas, torturadas y desaparecidas: “en democracia, para marcar el paralelismo, esos ‘otros’ peligrosos son los pibes y las pibas de los barrios, también lxs militantes organizadxs en diferentes espacios, y también lxs miembrxs de pueblos originarios que se levantan en lucha defendiendo sus territorios”.
Existe una tendencia clara en esos medios que Vanesa menciona. Desde esas plataformas se asimila sin mayores cuestionamientos lo que consideran la “versión oficial” de estos casos, que no se trata de otra cosa que la versión policial en casos de abuso de autoridad, a cambio de información importante de las causas –en varios casos, con secreto de sumario- filtrada por la policía para ocupar tiempo de pantalla o líneas en un diario.
Las hipótesis que manejan con esas filtraciones generan mucho daño en las causas judiciales, además de colaborar con la criminalización y discriminación que sufren tanto la víctima como su entorno.
Una mezcla de falta de chequeo de la información, poca voluntad de consultar fuentes no policiales y una cuota de mala intención e irresponsabilidad para la difusión de mensajes estigmatizantes hacia los sectores más perjudicados por este sistema conforman un caldo de cultivo para la legitimación de discursos de odio racistas y aporofóbicos.
En este sentido, la referente de Familiares y Amigos de Luciano Arruga remarcó que “esta mirada hacia los barrios y las personas que viven en ellos se instala fuertemente, por el accionar político de los gobiernos constitucionales, y de los grandes medios tradicionales de comunicación, que generan una mirada negativa con sus modos amarillistas de informar”.
En conclusión, aportan a la confusión en la sociedad a través de información falsa y también actúan como mecanismo de invisibilización de la denuncia de las familias. Provocan escasez de información importante a fin de concientizar sobre un hecho o problemática a la sociedad. “Este accionar por parte de los medios tradicionales hace que no se termine de visibilizar la problemática represiva, así como también, muchas veces, colaboran con un proceso de naturalización de la violencia al minimizar el horror sufrido por las víctimas”, ratifica Vanesa.
¿Hay formas de reparar el daño?
Para Claudia Cesaroni, un gobierno con la voluntad real de prevenir estos casos de desapariciones y violencia institucional, y no de castigar ante la tragedia ya consumada “tiene que construir fuerzas de seguridad con otras prácticas y a partir de otros discursos”.
Para concluir su análisis asegura que “hay que desalentar con mucha convicción esas metodologías violatorias desde la más alta jerarquía y la administración debe hacérselo sentir a cada agente”.
Desde Correpi, Verdú remarca la militancia de una agenda urgente e imprescindible por la cual “aunque no modifique lo inherente al sistema en cuanto al uso de la represión como herramienta de disciplinamiento y control social, servirían para, al menos, bajar la cuenta de hechos concretos en beneficio de la clase trabajadora”.
Algunos de esos puntos abordan la problemática de las detenciones arbitrarias, como el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Bulacio vs Argentina, y la persecución a trabajadores en la vía pública. También avanza en cuestiones de legislación penal, contravencional y procesal, como la derogación de las reformas regresivas de seguridad, el fin de la militarización en los barrios populares, y la eliminación de la lógica bélica para la actuación en manifestaciones, entre otros puntos.
La hermana de Luciano Arruga, por su parte, marca una diferencia entre la violencia institucional como un conjunto de carencias y problemáticas por las que el Estado atenta contra los derechos de las personas, y la Represión Estatal como una de esas violencias.
“Para avanzar por otro camino que no sea la violencia sistemática, primero se tienen que resolver las violencias institucionales que lxs niñxs, adolescentes, jóvenes y adultxs sufren en los barrios”, agrega Vanesa para ilustrar una mirada más profunda y revolucionaria.
Hay una relación directa entre la posibilidad de vivir una vida digna y la de elegir un proyecto de vida deseado sin limitaciones ni carencias que conspiren contra esas posibilidades. Si quienes viven en los barrios tienen sus derechos fundamentales cubiertos otras serían sus herramientas económicas, sociales, culturales y simbólicas.
“Sería muy importante para nuestra debilitada democracia empezar a entender que la seguridad de un país tiene que ver con que todxs puedan acceder a derechos fundamentales, y no con generar miradas violentas hacia los sectores empobrecidos” reflexiona Orieta y concluye con pesimismo: “No veo que se pueda solucionar la problemática represiva si no empezamos por reparar el daño que se le ha provocado durante años a las personas que han sido empobrecidas y vulneradas en sus derechos”.
Humanizar las cifras
Detrás de cada persona desaparecida hay vida, hay sueños truncados para siempre, hay pasiones y amores. Hay abrazos que quedaran pendientes, palabras que nunca se han dicho, familias que nunca podrán volver a reunirse. Una ausencia que no es una estadística.
El dolor perpetuo de esa ausencia y de la injusticia es algo que muchas familias deben atravesar a diario, tal como lo hace Vanesa: “Todas las historias de pibes y pibas son importantes y no queremos que a la hora de hablar de justicia existan atravesamientos de clase que marquen esta idea de que una vida vale más que otra y por lo tanto merece una línea más dura de denuncia”.
Miguel Brú, Santiago Maldonado, Daniel Solano, María de los Ángeles Verón, Jorge Julio López, Facundo Rivera Alegre, María Cash, Andrés Núñez, Jonathan “Kiki” Lezcano, Luciano Arruga, Johana Ramallo. Son solamente algunos nombres entre tantos otros que hoy están en un cartel colgando sobre el pecho de sus seres queridos, que siguen luchando por justicia.
No hay democracia posible con desaparecidos. No hay democracia posible si todos y todas podemos desaparecer.
Fotografía de Alana Rodriguez
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