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Coronavirus en las cárceles: el trasfondo de la crisis | Revista Colibri
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Coronavirus en las cárceles: el trasfondo de la crisis

Por Nicole Martin

Fotos: La Obrera Colectivo Fotográfico

A partir de los motines y reclamos de detenides en cárceles de Argentina, en especial protagonismo del escandaloso motín en el Complejo Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires, ex Devoto, que llenó las tapas de los medios hegemónicos de comunicación con imágenes de presos estallando los techos del sistema penitenciario, comenzaron a publicarse las cifras de internos que obtuvieron la prisión domiciliaria por ser factores de riesgo.

Con un saldo al menos cinco detenidos muertos en las protestas, el clima es de miedo. Las discusiones giran alrededor de cuántos y quiénes van a salir, sin embargo, la máxima preocupación de las autoridades y de los organismos de derechos humanos está en el escenario que podría existir si se propaga el virus en las cárceles. La emergencia sanitaria pone en la lupa todos los lugares donde el sistema falla, porque a pesar de tener bases tan sólidas en supuesta búsqueda del bienestar y del progreso, no es capaz de proteger la vida humana.

A pesar de la catarata de información que circula sobre la problemática, las claves de la situación están en los documentos de las Cámaras de Casación Federal y Nacional que registran las condiciones de los detenidos que tienen posibilidad de salir y en el testimonio de dos mujeres que participan de la Mesa de Diálogo de Devoto. Consultadas por Revista Colibrí, esclarecen las bombas que hicieron estallar la crisis en el sistema penitenciario argentino.

24/04/2020, Complejo Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires

Andrea Casamento es la titular de Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACIFAD), una organización que asesora y contiene a familiares de personas detenidas. Es un espacio de acompañamiento para quienes sienten el desamparo y la impotencia del mundo carcelario. La titular de ACIFAD es una de las tres mujeres presente en la Mesa de Diálogo del único Complejo Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires, además de Vilma Bisceglia, jueza de ejecución Nº2 y de Claudia Cesaroni, abogada y referente del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC). En esta mesa de diálogo, sentadas junto a 7 hombres y a los representantes de los pabellones I, II, III, V y VI del complejo, elegidos por los detenidos, se pautan las condiciones que regirán en los otros seis complejos federales penitenciarios.

¿Por qué el reclamo de los presos en Devoto, que destruyeron instalaciones e incluso volaron del techo del establecimiento, se da en esas condiciones? «Porque históricamente son así», afirma Casamento. «Al preso poco se lo escucha y menos se lo cree, el preso pone su cuerpo para decir hola, estoy acá. Se cose la boca, prende fuego colchones y revienta los techos», agrega en diálogo con Revista Colibrí. Ella lo sabe por experiencia propia, dado que su entrada a esta dimensión comenzó cuando detuvieron a su hijo de 18 años por error, al confundirlo con un ladrón que había robado cuatro empanadas con un cuchillo tramontina en Palermo.

Cuando lo trasladaron al Complejo Penitenciario Federal I (Ezeiza) descubrió aquel planeta donde una no puede estar vestida ni de negro, ni de azul, ni de gris; donde las mujeres y les niñes hacen una fila larga, larguísima, a las primeras horas de la mañana, para ver a sus familiares un rato al mediodía; se subió al llamado bondi tumbero, que después de muchas vueltas, pasa por los complejos penitenciarios, bien alejados de la buena civilización; conoció aquel olor, mezcla de gas, lavandina y mugre, que tienen las cárceles; se enfrentó a la seriedad de la bicha (la encargada), aquel primer rostro que te recibe en la recepción, tras ingresar al penal, que siempre tiene espejos en la entrada, para ser visto desde el interior, pero sin poder ver.

Complejo Penitenciario Federal I (Ezeiza). Foto: Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles (SICC)

Hoy en día, Casamento es una persona de confianza para los familiares de detenides. Por eso, es la representante en la mesa de diálogo donde el 6 de mayo, se acordó expandir la mesa al Ministerio de Salud y de otros ministerios, para abordar con metodologías concretas los reclamos, además de continuar con el mejoramiento de los informes que realiza el sistema penitenciario -para acelerar las salidas de quienes permanecen presos de la burocracia- y continuar con perioridicidad las reuniones. Al estallido del viernes 24 de abril, lo llaman «conflicto/reclamo colectivo» en las actas oficiales en un intento neutralizador. Antes de este diálogo, no había habido una conversación entre los actores que actualmente representan a les detenides en el SPF.

Mirá el último acta de la Mesa de diálogo de Devoto

Aunque la acordada alude a detenidos con prisión preventiva por «delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo», siempre con «mecanismos de control y monitoreo», entre los reclusos liberados figuran detenidos por homicidio y otros delitos graves. Esta es una decisión que depende de los jueces. El Tribunal especifica además en la norma que, los jueces «el debido proceso legal y garantizar los derechos de las partes y, en especial, dar estricto cumplimiento a la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos».

«Siempre los jueces tienen la palabra final. Lo único que cambió es que esta mesa de trabajo se puso a destrabar los procesos. Ya salieron un montón de presos, pero se marcan sólo algunos casos, que probablemente cumplan con los requisitos médicos para estar en su casa. Aún así, toda decisión judicial puede volver para atrás», afirmó a Revista Colibrí la abogada Claudia Cesaroni, quien participó de la reunión de acuerdo en Devoto en «representación de los intereses de los detenidos».

En este sentido, la Red de Abogadas Feministas (RAF) se expresó sobre la supuesta liberación masiva de violadores y abusadores que se esbozó en algunos medios de comunicación. «De ningún modo negamos el sesgo machista y patriarcal de la gran mayoría de los operadores del Poder Judicial, pero para poder afirmar, como se está haciendo, que se “están liberando violadores” creemos que es fundamental contar con información cierta sobre estos casos», afirmó el comunicado. Además, remarcaron que las medidas recomendadas y adoptadas al respecto son materia de competencia exclusiva del Poder Judicial de la Nación y no del Poder Ejecutivo Nacional.

“Es absolutamente falso que exista un plan del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para «liberar masivamente presos». Pero además, es totalmente inverosímil porque pura y simplemente el Poder Ejecutivo no encarcela, ni libera ni decide libertades condicionales”, se expresó Axel Kicillof en Twitter. En cambio, lo que sí está confirmado en el ámbito del ejecutivo, más específicamente, en el Servicio Penitenciario Federal, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es el trabajo de la Mesa de debate en Devoto, creada en el momento del estallido mal conocido como «el motín de Devoto».

Represión a familiares en la puerta del Complejo Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires (24/04/2020).

Según la titular de ACIFAD, el objetivo administrativo de la Mesa es el de tratar de descifrar trabas como que no están los reportes médicos al día, que las personas a las que se le otorgó la prisión domiciliaria no tienen domicilio declarado o complicaciones que hacen que aunque hayan personas «a término de libertad» (fin de condena), no puedan salir. También es cierto que dentro del grupo de detenidos considerados «de riesgo», hay quienes cometieron delitos no menores, pero son personas que tienen graves problemas de salud pre-existentes que podrían volver al coronavirus, causa de muerte.

El 13 de abril la Cámara de Casación Penal de la Nación publicó la polémica acordada 9/20 que fue la que sugirió a los tribunales de la jurisdicción que adopten medidas alternativas al encierro, como la prisión domiciliaria, la libertad condicional o la libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condena. Antes de esta norma, mediante la acordada 6/2020, la Cámara había encomendado a los magistrados judiciales acelerar los procesos que no de practicarse podrían «causar un daño irreparable».

Algunos ejemplos de delitos calificados como «leves», de penas bajas, son: hurto, robo simple, tenencia de celulares de procedencia ilegítima, entorpecimiento de las comunicaciones, violación de correspondencia (o símil con las nuevas tecnologías). Fausto Berjolis, funcionario de la Defensoría Pública Oficial ante los Juzgados y Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 explicó a Revista Colibrí que, aunque la norma aclara los pedidos de prisión preventiva pueden ser solicitados por el juez de oficio (sin pedido de parte), eso es algo que casi no sucede en la Justicia argentina.

«Que una persona este en grupos de riesgo no quiere decir que automaticamente le dan el arresto domiciliario o la libertad, porque hay casos sensibles que por el tipo de delito no se le concede el arresto domiciliario», afirmó el prosecretario de la Defensoría. En su jurisdicción, se revisaron seis situaciones de detenidos con prisión preventiva, correspondientes a 2 jueces distintos y a partir de la acordada 9/20, se analizaron 3 y todos fueron concedidos.

«Si no miramos lo que pasa adentro de las carceles, van a ser presos quienes colmen el sistema de salud y ahi no va a haber camas para la comunidad. Presos y penitenciarios que se van a enfermar todos juntos. Y ahi no va a haber respirador ni para el preso, ni para tu hermana, ni para tu hijo. Es una cuestión sanitaria», sostuvo Casamento en diálogo con Revista Colibrí. Su hijo salió de la cárcel tras estar seis meses preso por error. Fue gracias a la insistencia de su madre que la justicia le dio la absolución en tiempo record.

Complejo Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires

En las protestas ya fueron confirmados varios detenidos muertos. En Florencio Varela, Federico Rey (23 años), fue encontrado muerto con una herida de bala de plomo durante la protesta que estalló a partir de un mensaje de un médico penitenciario que avisaba que había coronavirus en la Unidad N°23 de Florencio Varela. La sospechosa es Eliana Heidenreich, jefa del Grupo de Asistencia y Seguimiento de la Unidad, quien se mantuvo prófuga hasta el 28 de abril, cuando se entregó a la DDI de La Plata. Está imputada por el delito de homicidio calificado.

En Corrientes, José Mario Candia, un detenido de 22 años murió baleado por los guardias o por la policía correntina, que intervinieron en un supuesto motín. En uno de los videos publicados, uno de los convictos denunció que la represión comenzó en un inofensivo partido de fútbol. En el Unidad 1 de Coronda (Santa Fe), el 23 de marzo, un interno apareció muerto en el marco de una protesta. La muerte generó un un paro laboral del resto de los detenidos.

El problema principal que pone a las cárceles en epicentro del caos es el hacinamiento y las condiciones insalubres. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien anualmente denuncia el estado del sistema carcelario argentino, explicó en un comunicado que la situación de superpoblación es de gravedad, ya que “Las recomendaciones de los expertos en salud penitenciaria dicen que los lugares con más del 75% de ocupación ya son muy difíciles de controlar ante epidemias”. La Comisión Interamerica de Derechos Humanos (IDH) también había manifestado su preocupación debido a las condiciones que incluyen «precarias condiciones de salubridad e higiene y niveles de hacinamiento extremos».

«Las cárceles son bombas de tiempo que ya empezaron a detonar», dijo a Revista Colibrí Alejandra Rodríguez, referente de la organización política en cárceles «Yo No Fui». Mujeres de la cárcel de Ezeiza comunicaron a través de esta organización el reclamo de ser invitadas a esta mesa de diálogo, para poder incoporar perspectiva de género a las discusiones. «Las condiciones en que están las unidades penales en nuestro país no garantizan el derecho a la vida ni el cuidado de esta, han sido depósitos de personas para los gobiernos», agregó.

Según Juan Pablo Parchuc, docente que coordina las actividades de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) en el Programa UBAXXII, las condiciones de salubridad de los penales son pésimas. «No se entrega ni siquiera jabón, por lo cual abrimos una campaña y recolectamos comida y productos de limpieza. El servicio penitenciario no lo está proveyendo porque tampoco tiene una previsión de compras, dado que la familia suele ser la que se ocupa de comprar estos elementos», sostuvo en diálogo con Revista Colibrí.

La palabra “cárcel” suena a un lugar muy lejano, a personas sin rostro o a algunos caricaturizados por el estereotipo, pero para los -mal-vivientes de ciertos barrios, es mandato. De un lado o del otro de la reja, barrios enteros forman parte de la fábrica de los contextos de encierro. Son sus ladrillos, sus barrotes, sus sillas ralladas de gritos el lugar que sienten “casa”. Conocen la cárcel en todos sus rincones, sus aulas, sus cocinas, su suciedad, oyen sus ruidos hasta en sueños. Reconocen y ven todo, todo, menos las ganancias que produce.

«En la cárcel todo es arbitrario y todo está regulado por el miedo», dice Casamento en una charla TEDX del Río de La Plata. La lógica de las cárceles es aleatoria, hay cuestiones que parecen tener sentido y no lo tienen y otras que parecen no tenerlo y tienen raíces profundamente lógicas. Como es un penal de máxima seguridad, pero con una sola reja que separa las oficinas penitenciarias de la escalera que da a las celdas.

Cuando un familiar entra a una cárcel, los penitenciarios le requisan de arriba a abajo, su ropa, sus pertenencias, e incluso su cuerpo. Además, las familias tienen que llevar comida, abrigo, elementos de higiene para les detenides. Pero no cualquier alimento, porque aunque no hay razones claras, generalmente en la puerta del penal, hojas impresas con letras grises, desgastadas por el tiempo y el viento, prohíben a las visitas llevar uvas, sanguches de miga, empanadas, tartas, pizzas, embutidos caseros, matambre y otros elementos aleatorios, como botas caña alta, zapatos con plataforma, tapados, camperas o pilotos y pelucas.

El Estado invierte en que los presos no se escapen, pero poco o nada en cómo se va a reinsertar esta persona en la sociedad cuando salga, denuncia Casamento. Porque sí, aunque a muchas cacerolas eso les de miedo, los presos no son presos, están presos y en algún momento, van a salir.

Agradecimiento especial a la colaboración de Fatima Bustillo.

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