Espacios de trabajo social de la Ciudad en emergencia permanente

Por Malena Montes

Para elles no hay aplausos, pero sin su trabajo, las personas en situación de calle no tendrían dónde ir; las víctimas de violencia no tendrían sus refugios; y nadie sabría cómo afrontar el consumo problemático de sustancias psicoactivas de muchas poblaciones vulnerables que sufren en silencio, pero que existen.

Por debajo de la superficie de les de bata blanca y ambo, están les trabajadores que garantizan que funcione el sistema de salud, es decir, que las personas en situaciones vulnerables logren acceder a ese derecho. Se trata de les trabajadores de trabajo social en la Ciudad de Buenos Aires, quienes frente al aislamiento social obligatorio dispuesto por la pandemia, se encuentran expuestos y abandonados por el Estado.

“No somos héroes ni heroínas, somos trabajadorxs y necesitamos que se garanticen todos nuestros derechos y cuidados”, lanzaron esta semana en un comunicado de prensa trabajadores autoconvocades de las Direcciones Generales de Niñez y Adolescencia; Políticas Sociales en Adicciones, Mujer y Tercera Edad.

Su trabajo subyace, está implícito, es una tarea minuciosa, difícil, de contacto. Sin embargo, no fue la pandemia lo que precarizó su labor, sino años de olvido estatal. Los espacios donde trabajan no pueden detener su funcionamiento porque los derechos vulnerados son muchos, situación que se recrudece ante este marco de pandemia.

Nadia Polanco, delegada gremial de ATE, resaltó: «Venimos afrontando un estado de emergencia tanto de las políticas públicas como de la situación laboral y salarial. Para nosotres la situación crítica no comenzó con la pandemia, sino que se agudiza y se deja ver lo que venimos denunciando hace mucho tiempo: un vaciamiento sistemático tanto de recursos como de personal».

Para su sector, la emergencia no llega con el COVID-19, sino que es un estado permanente. Desde mucho antes de la pandemia, realizaban su trabajo en falta de gas, sin agua caliente, ni medidas de salud o seguridad laboral y sin viáticos.

Tal es el grado de deterioro que desde las y los trabajadores organizados en ATE Promoción Social declararon el “estado de emergencia” ante el cuadro de situación donde el Estado vulnera los derechos de las poblaciones que debería asistir y les trabajadores del Estado, en vez de promoverlos y restituirlos.

Tareas de cuidado dentro de los hogares, paradores, centros de día/noche para personas en situación de calle, refugios para víctimas de violencia y abordaje de consumo problemático de sustancias psicoactivas en el marco de la cuarenta social preventiva y obligatoria. “Seguimos acompañando a la población que requiere sostener donde poder vivir para no quedar viviendo encalle, también procesos de adolescentes que se encuentran siendo explotadas sexualmente, o armando estrategias para garantizar necesidades básicas como alimentación junto a grupos familiares”, cuentan.

Toda esa exposición y abandono estatal, estos trabajadores la realizan por un convenio bajo la modalidad de Contrato de Locación y Asistencia Técnica, cobrando actualmente salarios que rondan los $25.000, muy por debajo de la línea de la pobreza. “Lo que venimos denunciando desde hace años, el colapso institucional frente al sistemático deterioro de las políticas públicas de corte social”, apuntan.

“Ahora que se jactan de que nuestro trabajo es esencial, es hora de revalorizarlo destinando mayor partida presupuestaria e implementando planes acordes a las situaciones de gravedad que acompañamos en el día a día. Poniendo otro piso de condiciones laborales, ampliando derechos, incrementando el personal, otorgando estabilidad y recomponiendo los magros salarios que se encuentran por debajo de la línea de pobreza”, reclaman hacia el final de su comunicado.

La situación de Casa Puerto

Casa Puerto es una comunidad terapéutica que trabaja con adolescentes de hasta 18 años. Es la única Comunidad Terapéutica de gestión pública en CABA, el resto son convenidas con ONGs. Los pibes y las pibas hacen tratamiento por el consumo problemático de sustancias psicoactivas, algunues sostienen la modalidad alojamiento o algunes hacen tratamiento ambulatorio.

En diálogo con Revista Colibrí, Verónica Palkowskil, Operadora en Casa Puerto desde hace 5 años, contó que en este momento, “hay cuatro pibis alojades, cumpliendo la cuarentena desde el 12-03, recibiendo sólo a un familiar en el marco de las visitas, sin realizar salidas ni actividades recreativas por fuera de la institución. Es bastante difícil para elles pero tienen bastante adherencia al tratamiento y para con la institución”.

Ya que más de la mitad del Equipo (psicólogxs, trabajadores sociales, psiquiatra, enfermeres y operadores socioterapéuticxs) está afectada por las licencias propias de la cuarentena ya sea porque son población de riesgo o tengan hijes o familiares a cargo, son pocxs trabajadores sosteniendo la tarea, en guardias reducidas y por franjas horarias más amplias para evitar la circulación.

Trabajadores del Ministerio de Desarrollo humano y hábitat de la Ciudad.

Verónica aseguró que “la gran mayoría de les que estamos yendo a laburar en este momento somos contratades -con los aumentos de monotributo e ingresos brutos, estamos cobrando lo mismo que cobrábamos en julio de 2019- a esto se le suma que tenemos que ir a trabajar por nuestros propios medios, exponiéndonos al contagio viajando en transporte público”.

Asimismo, alertó que “todas las medidas de cuidado corren por su cuenta, algunes llevan una muda de ropa extra y sin embargo no se bajaron protocolos claros de funcionamiento para los dispositivos convivenciales del Ministerio, es bastante difícil y angustiante el momento de salir a laburar”.

“Garantizar derechos para la población más vulnerable, es también garantizar derechos para quienes trabajamos con ella”, concluyen elles, a los que nadie aplaude y casi todes necesitamos.