Disciplinar es la tarea

Después de seis años, este fin de semana habrá elecciones para renovar la Junta Vecinal de la Villa 21-24, con la voluntad de 19 mil electores, actualmente controlada por el oficialismo porteño. La lista Multicolor se enfrenta a un panorama complejo, porque la organización de les vecines y las organizaciones del barrio confluyeron en un marco de unidad que les colocó en 11 de las 13 listas que participaran del comicio, cansades de las promesas de vivir dignamente y de haber quedado en el olvido de les gobernantes y politiques.

   Tan compleja se mostró la situación para el PRO, que la elección viene de haber sido suspendida. Hace unas semanas, cuando debió realizarse, les vecines del barrio recibieron “de favor” la visita intimidante de la Prefectura Naval y de varias unidades de la Policía de la Ciudad, quienes rápidamente empañaron la elección que ponía en jaque la conducción del macrismo en el barrio: “La elección tenía que empezar a las 10, y los vecinos estaban, pero les decían que no estaba el padrón, aunque el padrón estaba y es público”, denunció la periodista y dirigente del Frente Darío Santillán, Carina López Monja, antes de que finalmente decidieran suspender la elección por un presunto “problema informático”.

   La respuesta del macrismo a cada conflicto parece ser la misma: militarizar, poblar de fuerzas policiales con el objetivo de intimidar y reprimir la bronca. Es intentar sofocar con palos y balas la humillante situación en la cual dejaron sumergida a la parte más humilde de la sociedad, tal como han hecho otros gobiernos, pero sin la sofisticada sinergia que Cambiemos logro obtener entre las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, con el toque necesario de cinismo por parte de les funcionaries, puestos al servicio de disciplinar para desmovilizar.

   Este entendimiento se vio con claridad durante la cacería que se produjo a varias cuadras del Congreso, mientras se votaba el Presupuesto 2019. Allí, entre quienes fueron detenides había un dirigente de la CTA de Moreno, otro de Suteba, otro de Astilleros Rio Santiago, varias dirigentes y personas que no estaban manifestando, y cuatro del Colectivo La Poderosa, reducides con extrema violencia por uniformados, para justificar la detención y un armado de causa judicial.

   Entre les detenides de esa jornada sombría para la democracia estaba el referente de La Poderosa, Ignacio Levy, quien estaba a 15 cuadras del edificio legislativo, y dejó entrever que hubo un plan dirigido para detener a dirigentes: «Sería demasiada casualidad pensar que justo detuvieron a trabajadores de astilleros, de Suteba Moreno, de Télam y la Garganta Poderosa», y acusó a la ministra de seguridad Patricia Bullrich por violentar la protesta social.

Es Bullrich la que en una conferencia de prensa declaró que el colectivo “La Poderosa” es “una organización que ejerce presión para liberar las villas y así dejar que el narcotráfico actúe a sus anchas”. Declaración irresponsable y malintencionada si las hay, de alguien que desconoce el trabajo que el colectivo realiza en las villas a las que el gobierno quiere tapar bajo la alfombra, pero revela una trama de persecución a les luchadores sociales, y a La Poderosa en particular.

   Prueba de esto, además de las ya mencionadas capturas en la cacería del Congreso, son los seis prefectos condenados por torturas, privación ilegítima de la libertad, lesiones leves, robo agravado y calificado por uso de armas de fuego y por haber sido cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, contra los militantes de la Poderosa Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya.

   Es también el armado de una causa para justificar la detención de uno de los fotógrafos del colectivo -Roque Azcurraire, junto con su cuñado y su hermana, abusada por los hombres de Bullrich-, que había registrado como varios prefectos golpearon a un adolescente de la villa 21.

   Es la detención de otra militante que volvía de hacer las compras, se detuvo a observar lo que tres policías sin identificación le hacían a un nene de 13 años, y filmó cómo lo detenían con un procedimiento ilegal, siendo ella también arrestada por supuesta “resistencia a la autoridad”. Son algunas situaciones que constituyen una persecución que tiene poco margen de comparación con otros momentos históricos, contra les militante sociales.

Acorde a la impronta represiva de Bullrich, la aplicación excesiva de la fuerza del Estado que tiñó de violencia el debate por el Presupuesto estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad, cuerpo relativamente nuevo, pero creado con los restos de la vieja Metropolitana y miembros de la Policía Federal traspasados por Mauricio Macri, el primer día de 2017, y anunciada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, como una fuerza “transparente, respetuosa de los derechos de las personas, intolerante a la corrupción, y a la cabeza de la lucha contra la inseguridad y la violencia imperante en las calles de la Ciudad”.

   La pomposidad de aquel anuncio difiere mucho de los hechos. Gracias a las cámaras de la televisión se pudo registrar como un efectivo de la Policía de la Ciudad le planta una barreta a Francisco Pandolfi, miembro de La Poderosa, al momento de detenerlo a varias cuadras del Congreso. Y eso aun no es nada.

   A casi dos años de ese lanzamiento, las denuncias de violencia institucional se acumulan y forman parte de la filosofía de la fuerza, por la procedencia de muchos de sus efectivos. Larreta negó que su Policía tenga denuncias de violencia institucional, y dijo que Correpi miente en este aspecto. Sin embargo, la coordinadora antirepresiva registra más de 30 casos de abusos y violencia policial de los efectivos de la Ciudad.

   Para completar el argumento de Correpi, en los últimos días, Adrian Gustavo Otero, miembro del cuerpo de Bomberos de la Policía de la Ciudad fue condenado a prisión perpetua por triple homicidio agravado -dos en grado de tentativa y uno consumado, que se llevó la vida de Cristian “Paraguita” Toledo, en proximidades de la villa 21-24.

   Otero persiguió el auto en el que se trasladaban tres jóvenes que volvían de bailar, y les disparó en varias ocasiones con su arma reglamentaria. Una vez consumado el crimen, quiso adulterar la escena del crimen para que parezca un homicidio en legítima defensa, pero les vecines de “Paraguita” lo impidieron.

Desde el crimen que el policía local de Avellaneda, Luis Chocobar, perpetró por la espalda contra Pablo Kukoc, el gobierno nacional comenzó una campaña de legitimación del gatillo fácil y relativización del papel de la Justicia, otorgando de oficio la potestad a las fuerzas de seguridad de disparar y ejecutar sentencia contra quienes considere sospechoses de algún tipo de delito.

   Envuelto en el cóctel de la demagogia punitivista, Macri dijo que “hay que volver al tiempo en el que la si la policía te daba la voz de alto tenías que detenerte”, similar sentencia que Bullrich y hasta el gendarme Emanuel Echazú (único imputado por el caso) utilizó para tratar de limpiar la imagen de la Gendarmería tras la desaparición y muerte de Santiago Maldonado: “Si no se hubiese resistido hoy estaría vivo”.

   Sin ir más lejos, Bullrich recibió en su despacho a una oficial de policía que en la ultima semana fue absuelta en un juicio por “homicidio en exceso de legítima defensa”, celebró el fallo como el producto de “un cambio de paradigma” en materia de seguridad pública, y la felicitó por “haber cumplido con su deber”. Al conocerse la sentencia, se hizo público un vídeo en el cual la oficial Carla Céspedes dispara ocho veces por la espalda a un hombre desarmado que intentaba escapar tras asaltar un supermercado chino.

   Ante el constante clima de represión y violencia para intentar contener el clima de malestar social, que se siente con mayor crudeza en las barriadas más humildes, las organizaciones y dirigentes responderán gritando más fuerte, en un inesperado escenario que propone la unidad para enfrentar un proyecto de país que sin la violencia institucional no se sostiene.