Por Juano Fernandez Gullermo
El 27 de diciembre del 2017 el palacio legislativo veía amucharse a su alrededor a varias decenas de personas. Para las once de la mañana, casi un centenar se congregaba sobre la Avenida Entre Ríos. La constante que se repetía en cada persona era una cámara en sus manos. Se trató del “Camarazo”, una convocatoria de Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) para visibilizar la represión y hostigamiento que tiene por centro a las y los periodistas. Reporteres, cronistas, camarógrafes se reunieron bajo las consignas: “No disparen contra la prensa” y “Libertad para informar”. El objetivo era denunciar la represión sufrida en las marchas contra la reforma previsional, en la que, a pesar de estar cumpliendo su trabajo, la policía no dudó en herir a 36 periodistas y llevar detenidos a otres cuatro.
Camarazo en Congreso (Foto: SIPreBA)
Tomas Eliaschev, Secretario de Derechos Humanos del SIPREBA, Gisel Sosa y Esteban Ruffa, integrantes de la Agencia Nacional Redacción (ANRED) y de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) coinciden en que fue el punto más álgido de lo que viene configurándose como una política sistemática, cociéndose a fuego lento desde hace años.
“Este gobierno asumió hablando del fin de la guerra contra el periodismo. En realidad, lo que hicieron fue concederles importantes negocios a los grandes monopolios telecomunicacionales e iniciar una guerra contra les trabajadores de prensa”, manifiesta Eliaschev la preocupación y el estado de alerta por dicha escalada represiva.
Esta “guerra” contra les trabajadores de prensa tiene dos caras: la represión y los despidos. Y el trasfondo es político. “Para el gobierno nacional, el tema de los medios no es menor. Hay un entramado de negocios y un dispositivo propagandístico que cuenta con figuras mediáticas, como Lanata, que militan fervientemente para las políticas oficiales y que actúan en consonancia con las patronales, y se constituyen como usurpadores de la identidad del periodismo”, señala Eliaschev.
Lo que pueden parecer casos aislados, no lo son. “Durante 2017 hubo una cantidad de agresiones a la prensa que no registra antecedentes. Son al menos 37 casos de compañeres que recibieron perdigonazos de balas de goma policiales cuando se encontraban cubriendo distintas protestas sociales. Tenemos al menos 13 compañeres periodistas que fueron detenidos arbitrariamente “, dice el Secretario de Derechos Humanos del SIPREBA demostrando la sistematicidad en números del año pasado. Esteban Ruffa coincide: “Desde la RNMA, veníamos percibiendo situaciones que se enmarcaban en una sistematización de la represión por parte del Estado”.
Las represiones a periodistas por parte del PRO, hoy en la coalición CAMBIEMOS, se pueden rastrear años atrás. Ruffa lo sabe por experiencia propia, es uno de los tres baleados con balas de plomo en el desalojo de la Sala Alberdi en el año 2013. Lleva una bala alojada en la tibia desde el 14 de marzo de ese año. En aquella ocasión, apenas pasadas la medianoche, la Policía Metropolitana desalojó violentamente el acampe que realizaban artistas y activistas en la entrada del Centro Cultural San Martín, para evitar el vaciamiento del espacio. “Hubo orden directa del Gobierno de la Ciudad de cercenar toda acción de registro de lo que sucedía esa noche”, relata Ruffa.
Ledesma, De la Rosa y Acosta durante el juicio
Él y Germán de los Santos, ambos comunicadores populares baleados por la policía, iniciaron un juicio contra la metropolitana, acompañados por SIPREBA y organizaciones sociales. “Intentamos llevar a juicio a los responsables políticos, pero la justicia solo avanzó con los fusibles: tres policías que llegan al banquillo”, cuenta Ruffa. Se refiere a Ledesma, De la Rosa (ambos con pasado en la Policía Federal) y Acosta (ex Polícia Bonaerense), que son acusados de homicidio en grado de tentativa calificado por su condición de integrantes de una fuerza de seguridad.
El proceso judicial fue dos veces postergado por conveniencia política y finalmente se llevó a juicio oral el año pasado. Integrantes de la RNMA aportaron gran cantidad de pruebas. Sin embargo, para la justicia, en un guiño con aroma a complicidad, las pruebas eran insuficientes. Ledesma y Acosta fueron absueltos. De La Rosa, a quien, en un allanamiento en 2014, se le encontró un arsenal de guerra en su casa, tuvo una condena escasa, “terminó con una sentencia de tres años de prisión, excarcelable, por lo cual quedó libre. Era necesario un minino de tres años y tres meses para, aunque sea una prisión de tipo preventiva”.
Gisel Sosa, periodista de ANRED, recuerda otras represiones que enmarcan la lenta escalada represiva, no todas atribuibles a la coalición gobernante: “Nos pasó en el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata 2015 y en Rosario 2016, donde claramente hubo una agresión clara hacia la prensa. Nos tiraron balas de goma y nos rompieron las cámaras”. En el 2017, la represión arrancó temprano según recuerda Eliaschev: “el 8 de marzo dos trabajadoras de prensa del suplemento ‘Soy’ fueron detenidos arbitrariamente por policías varones, recibiendo maltrato e insultos con una violencia de género muy marcada”.
Hay un consenso implícito de un salto cualitativo, de un ensañamiento en la represión, a partir de dos hitos. El primero, en la marcha del primero de septiembre a un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El segundo, en las marchas contra la reforma previsional del 14 y 18 de diciembre. “Esto va en aumento y no hay techo. A partir de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, el gobierno está actuando con total impunidad”, apunta Sosa, quién fue reprimida el 1 de septiembre.
Ella estuvo presente cuando detuvieron a Ezequiel Medone y Juan Pablo Mourenza, integrantes de Antena Negra y la cooperativa DTL, con quienes trabajaba en una cobertura de conjunto. Luego de que sus compañeros fueran detenidos junto a otras 20 personas, se puso en contacto con la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), SIPREBA y la RNMA. Rápidamente, se organizaron para ir a las comisarias a exigir la liberación de les periodistas y demás detenides. La vigilia en las comisarías duró tres días. Las 22 detenciones fueron totalmente arbitrarias. En la resolución judicial, los lugares y las horas de detención estaban tergiversadas, eran falsas. Luego de tres días se liberaron a todes les detenides.
Ezequiel Medone y Juan Pablo Mourenza luego de ser liberados (Foto: Gisel Sosa)
“Fue gracias a la presión que hicimos los medios comunitarios y alternativos, y las organizaciones de Derechos Humanos. La lucha continuó y todas las causas se fueron cayendo, no había pruebas. Era una clara intención de detener y censurar a quienes estábamos registrando ese día”, explica Sosa. Ella participó en la vigilia en la Comisaría de la Comuna 15, donde estaban detenidos Mourenza y Medone.
En dichas movilizaciones, “les periodistas fueron golpeados, torturados psicológicamente, encerrados y procesados cuando se encontraban desarrollando su labor periodística, informando. Otres que no fueron detenides fueron golpeados, gaseados, amenazados”, agrega Eliaschev.
Sosa enmarca los ataques a la prensa en un marco más grande de represión llevada adelante por el gobierno, con fuerte foco en las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales “desde el Poder Judicial, hay una clara línea de querer criminalizar la protesta”, dice y sostiene que la tarea como medios alternativas es “romper con esta pedagogía de los poderes económico, político y judicial que nos quieren callar, que tengamos miedo, que no salgamos a cubrir, que quiere que la gente no se organice, que no vaya a marchas”.
Como periodistas de medios alternativos, Ruffa y Sosa comparten el diagnóstico desfavorable. Los medios alternativos se llevan la peor de la represión, sumado al vacío que le hacen los grandes medios de comunicación. “Es claramente un ataque hacia la prensa alternativa, porque realizamos la contrainformación, es decir, lo que los medios hegemónicos, funcionales a los intereses políticos y económicos de este gobierno, no muestran”, explica Sosa.
Con la experiencia reciente, desde la RNMA han discutido en asambleas y han presentado en agosto del 2017 en el encuentro nacional el primer protocolo de seguridad para coberturas en la calle.
Represión en la marcha contra la reforma previsional (Foto: Nicolas Wolkowicz)
Ruffa señala condiciones preexistentes para este panorama adverso, donde no hay un reconocimiento legal del trabajo periodístico que los medios alternativos realizan. “La profundización de la represión a los medios comunitarios alternativos tiene el precedente de la eliminación a partir de 2015 de la Ley de Medios, ley que no tuvo implementación efectiva durante el kirchnerismo. En ese plano, hay una continuidad con profundización.” Los medios alternativos vienen denunciando que desde que se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, se cercenó desde el Estado la posibilidad de dar una apertura real a los diferentes medios alternativos. La ley preveía que el 33% del espacio radioeléctrico fuera destinado a este tipo de medios. “La RNMA tiene más de 30 radios funcionando y jamás hemos podido acceder a una licencia para poder transmitir. Seguimos en la ilegalidad, nunca se ha avanzado en las negociaciones para una real democratización de la comunicación en la Argentina”, afirma Ruffa y enmarca la situación a un nivel continental, “el ataque a la prensa no está sucediendo solo en Argentina sino también en otros países como México, donde los periodistas directamente son asesinados por diferentes fuerzas o sicarios”.
Eliaschev critica la invisibilización de los distintos episodios por parte de los grandes medios: “la difusión no es acordes a la gravedad de los hechos y eso tiene que ver con que estos lobistas que usurpan la noción misma del periodismo, no nos ven como colegas. Se habla con desprecio de los medios alternativos, pero también son agredides les trabajadores de los medios formales”. Cuenta que además de las decenas de periodistas de medios alternativos heridos, el primero de septiembre fueron agredides trabajadores de la TV Pública y una trabajadora de Canal 13, mientras que en el 14D un reportero gráfico de Página 12, Pablo Pirovano, corrió la misma suerte. “Apostando a la máxima difusión de esta situación, estamos elaborando un informe. Ya hay denuncias legales en curso, pero lamentablemente es un tiempo en el cual los fiscales y jueces están más concentrados en perseguir manifestantes y en dejar ir a policías violentos”, remata Eliaschev.
A pesar del final de año vivido, el gobierno lejos de poner paños fríos al asunto parece envalentonarse más. En enero de este año, el juez Claudio Bonadio procesó a Estefanía Cámera Da Boa Morte, integrante de FM Mundo Sur 106.5 y de Mundo Villa. Fue detenida en la esquina de Bartolomé Mitre y Callao por filmar la represión policial el 14D y se la imputó de “intimidación pública y resistencia a la autoridad”. Estefanía pasó 24 horas detenida en el Edificio Centinela. No es la única señal de envalentonamiento del gobierno. “El 2018 arranca con una “novedad”-algo tan viejo como el terrorismo de estado- que es el seguimiento para hacer inteligencia y amedrentar, como el que sufrieron les compañeros de Télam”, cuenta Eliaschev.
Foto: Gisel Sosa
El 25 de enero, a 21 años del asesinato de José Luis Cabezas – ¿casualidad o causalidad? – el equipo de Télam conformado por Carlos Brigo, reportero gráfico, Romina Aztorquizaga Blanco, cronista de audiovisual, y Santiago Ventura, camarógrafo, volvían a la sede que la agencia tiene en Belgrano, luego de cubrir una protesta de Barrios de Pie, cuando se dieron cuenta que los seguía un auto. Era un policía de civil sin ninguna identificación, que les abordó en la esquina para preguntarles si pertenecían a Barrios de Pie. El policía argumentó que tenía ordenes de autoridades de la Policía de la Ciudad de la Comuna 4. “¿Fue una persecución a militantes, a periodistas, o ambos? Los directivos de la agencia Télam no querían decir nada al respecto. Son les propios laburantes organizados dando pelea en defensa de los puestos de trabajo de quienes defienden la libertad de expresión” dice Eliaschev.
La presión de les trabajadores logró que salga un cable, que, aunque fue censurado ya que se quitaron declaraciones del delegado Esteban Giachero y de Daniel Menendez de Barrios De Pie, se difundió igual.
El ataque a la prensa no se limita solo a un costado represivo, vienen acompañados de despidos. “Los despidos y vaciamiento que se produjeron en los últimos meses canalizan la generación de contenidos informativos hacia un solo grupo privilegiado, que es el grupo Clarín”, deja en claro Ruffo. Según el recuento Eliaschev, se está realizando un vaciamiento de radio El Mundo; y en términos de despidos recientes, se pueden contar los 16 de Radio Nacional, más otros tantos en el Canal de la Ciudad, en la Televisión Digital Abierta y en Canal Encuentro. Cuenta que existe la amenaza latente de recorte en los medios públicos, como Télam o Canal 7. Como SIPREBA están acompañando, difundiendo y movilizando ante una situación que se presenta sombría: “No recordamos haber vivido una sangría de despidos tan grande. A fines de la década del 90, entre el 97 y el 98, hubo 800 despidos. Ahora ya vamos 3000”, dice Eliaschev.
Pero ante este panorama sombrío, todes eligen un horizonte de lucha. Para ello, resaltan la importancia del SIPREBA, como herramienta gremial. “Como organización gremial de base, luchamos en contra de los patronales por defender nuestro salario y derechos laborales y también para defender la libertad de expresión. Estamos enfrentados contra ese modelo periodístico de las clases dominantes”, explica Eliaschev y define a estos como los objetivos del sindicato.
El joven, pero enérgico sindicato nacido en 2015 ha modificado su estatuto para poder contener a les integrantes de los medios comunitarios, alternativos y populares, lo cual todes les trabajadores de prensa reconocen como un acierto. Amplia Eliaschev: “solo la lucha de les laburantes organizados en las redacciones en alianza estrecha con todas las expresiones de los medios comunitarios, alternativos, y populares puede garantizar que haya libertad de expresión” Ruffa agrega que “hay que profundizar esos vínculos. No solo para tener contención como medios alternativos sino para aportar a un sindicato que está creciendo y es combativo, que está en las antípodas de lo que es la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) y la burocracia que no está activando”.
Como palabras finales, Eliaschev deja una interesante reflexión. Por su labor como periodistas, les toca hablar de todas las demás paritarias menos de la propia, de los conflictos entre trabajadores y patrones, pero no de los propios: “sufrimos la terrible paradoja de ser laburantes de la comunicación y estar incomunicados, les trabajadores de prensa en lucha es una noticia que merece ser difundida”.
La conclusión de Ruffa es categórica: “tenemos que crecer en organización. Nuestra tarea evidentemente está siendo cuestionada desde el Estado ya que nuestra cámara se ha transformado en un arma. Cada fotograma que toma está evidenciando esa realidad que el gobierno no quiere que la sociedad sepa”.
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