Maia Kisz
Desde el Bachillerato popular para Jóvenes y Adultes “Alberto Chejolán” denuncian que la continuidad de sus actividades están en riesgo a causa de el proyecto de urbanización que lleva adelante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en el Barrio Padre Carlos Mugica – Villa 31. El Bachillerato es una escuela pública que depende del Área del Adulto y Adolescente de la Dirección de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y forma parte de la oferta del Distrito Escolar 1.
Por las aulas de la institución transitan diariamente más de 60 personas y desde el año 2016 piden que se los incorpore en el Censo como parte del barrio, lo cual les resulta requisito indispensable para poder ser beneficiarios de las obras que propone este plan del gobierno.
«Estamos a favor de la urbanización, pero de una que considere la voz de los vecinos, vecinas, organizaciones e instituciones», afirma Laura Matiauda docente del bachillerato.
¿Cómo y cuándo se enteraron de este proyecto de urbanización?
El proyecto de urbanización de la Villa 31 se discute hace muchos años, desde la sanción de la Ley 3.343 en el año 2009. Esta es una ley que definió en términos generales que el barrio Carlos Mugica debía ser integrado a la ciudad, pero requería un dictamen para ejecutarse. En 2016 se creó la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU), dependiente del Gobierno de la Ciudad, con la tarea exclusiva de urbanizar el barrio. Con ese antecedente el oficialismo votó una nueva ley en diciembre de este año, que desconoce el proyecto original, los consensos previos y la demanda del barrio.
Nosotros y nosotras seguimos las cuestiones vinculadas al proyecto desde 2012, cuando comenzamos a trabajar en el barrio y lo que pedimos a parte de la creación del SISU y el proyecto oficialista para urbanizar el barrio, es que los espacios educativos sean respetados y fortalecidos.
¿Hubo consulta previa con les vecines sobre este proyecto?
Esa es una de las principales críticas a la propuesta oficialista de urbanización de la Villa 31. Faltó la participación de los y las vecinas del barrio y de las instituciones, como nuestra escuela. No sólo fuimos desoídos en el diseño del proyecto, fundamental para el éxito de la integración de un barrio tan vulnerable, sino que tampoco tenemos información sobre lo que va a pasar. Nadie sabe qué van a hacer ni cuándo. Las instancias de votación del dictamen de urbanización que sucedieron en la Legislatura Porteña estos últimos meses fueron con una enorme movilización de vecinos y vecinas que siempre obtuvo como respuesta del oficialismo rodear el lugar de vallas y policías. Esa imagen grafica mucho el deseo de participación del barrio y la respuesta violenta de las autoridades.
¿Pudieron leer el proyecto?
Lo estudiamos detenidamente y hay muchos puntos que son muy perjudiciales para el barrio. En esencia, favorece la entrada de inversores inmobiliarios y debilitan la permanencia de los y las vecinas del barrio. Permite que un externo pague tres veces el valor de la hipoteca de una vivienda, se apropie de ella y cambie su uso. Además, no hay garantías de que los vecinos puedan pagar los servicios formales como la luz y agua, que ya al día de la fecha son imposibles de pagar. Por otro lado, la ley no dice cuánto se debe pagar por las viviendas. No sabemos cuánto cotiza el metro cuadrado.
Otra cuestión son los desalojos. Cómo no pueden, ni quieren, consensuar un proyecto con los vecinos, terminan desalojando violentamente a muchas familias disfrazándolo de relocalizaciones.
En cuanto a las instituciones educativas, hay un artículo de la ley que dice que se ampliará la oferta educativa del barrio y que se adecuarán establecimientos preexistentes. Sin embargo, la SISU nunca tuvo respuestas para nuestras demandas como escuela. Hacen una obra faraónica como es la mudanza del Ministerio de Educación dentro del barrio, pero no garantizan condiciones dignas para los establecimientos que existen hace años.
¿Para cuándo está planeada esta obra de urbanización?
Las obras ya empezaron, antes de que la legislatura votara la nueva ley. Pero se espera que con la ley aprobada y el crédito multimillonario que dió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las obras se intensifiquen en 2019. Hay un artículo que dice que va a ser beneficiario de la urbanización toda persona o Institución que sea censada hasta fines de 2018. A diez días de terminar el año, no responden a nuestros pedidos de ser censados, siendo una escuela con título oficial. No entendemos por qué esta omisión intencional.
¿Hay otras escuelas en la misma situación?
La comunidad educativa del territorio no tuvo un acompañamiento conjunto. Hay escuelas que fueron censadas, y escuelas que no. Lo cierto es que no hay certezas. La intervención de la SISU propone crear un nuevo “Polo Educativo” donde se concentren establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario. Pero sobre las instituciones educativas que vienen haciéndose cargo hace años de las problemáticas del barrio, nada. Ignoran que el barrio y sus instituciones tienen historia, que las escuelas existentes conocen a su población, que son respetadas y queridas y que responden con altísima calidad pedagógica a la dinámica particular y compleja de los y las habitantes del barrio.
¿Cuál sería la mejor solución ante esta problemática?
La demanda concreta que tenemos es que nos den garantías de permanencia en el barrio y nos provean condiciones dignas de funcionamiento. Nada ilógico. Para eso tiene que haber diálogo y una propuesta de inclusión del Bachillerato Alberto Chejolán dentro de las obras de urbanización. La escuela debería ser apoyada y fortalecida por la SISU, responsable del proceso de integración social y urbano, que además tiene cientos de millones de dólares en presupuesto. Lejos de eso, recibimos el destrato y la falta de respuesta. Le exigimos al Secretario Diego Fernández, responsable de la SISU, que nos reciba y atienda las demandas de la escuela.
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