Ese pequeño argentinito que llevamos

Opinión | Por Irina Pilosoph Postan

Ilustración: Disculpen la molestia

“El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida del territorio de la Nación a todo extranjero que haya sido condenado o sea perseguido por los tribunales extranjeros por crímenes o delitos comunes”. Ley de Residencia de 1902.

El 30 de enero se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia n° 70/17 que modifica la Ley de Migraciones. Si bien la medida fue respaldada por algunos miembros de la oposición, organizaciones de derechos humanos y amplios sectores políticos manifestaron su rechazo. Hubo también quienes señalaron que es necesario reformar la Ley 25.871 pero que el lugar para dar el debate es el Congreso Nacional.

Entre otras cosas, el Decreto amplió las causales de expulsión y dejó de tener en cuenta los vínculos establecidos en el país a la hora de decidir si la persona extranjera debe o no ser deportada. Por otro lado, los jueces deberán expedirse en el plazo de tres días. El mismo tiempo que tendrán los acusados para preparar su defensa.

Asimismo cualquier persona con antecedentes podrá ser echada del país. Es decir que un inmigrante podría ser expulsado, por ejemplo, por participar de un corte de calle. En la práctica esto podría traducirse en una mayor flexibilización laboral y en condiciones de trabajo paupérrimas para los extranjeros que residan Argentina.

El argumento principal del gobierno es que quiere deportar en el corto plazo a los inmigrantes que cometan delitos graves como el narcotráfico. Planteo similar al que había hecho el ex Secretario de Seguridad, Sergio Berni, en 2014, cuando buscaba apoyo para modificar el Código Procesal Penal. Sin embargo, la expulsión de narcotraficantes ya estaba prevista en el artículo 62 de la Ley anterior que especifica que se prevé la deportación de aquel “residente (que) hubiese sido condenado, en la REPÚBLICA ARGENTINA o en el exterior, aunque dicha condena no se encuentre firme, respecto de delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos y tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”.

Puede pensarse entonces que, siendo el 2017 un año electoral, este nuevo endurecimiento en materia migratoria responde más bien a la voluntad de sumar votantes. Existe un fuerte sentido común colectivo que adjudica todos los males a las personas extranjeras que residen en Argentina. Y más en épocas de recesión económica.

Esta medida podría encontrar apoyo en distintos sectores sociales en los que ese discurso xenófobo penetró con fuerza. De todas maneras es ilegal elaborar Decretos presidenciales en materia penal, por lo que la medida debería ser rechazada por parte de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que es la que trata los decretos presidenciales.

No obstante, esta idea generalizada de que existe una relación entre los inmigrantes de países fronterizos y el delito, no se verifica en las cifras concretas. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich señaló que el 33 por ciento de los presos por narcotráfico son extranjeros. Sin embargo, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitieron un comunicado en el que aclararon que esa cifra fue elaborada en base al Servicio Penitenciario Federal. Cuando se analiza el total de las cárceles, el número se reduce a la mitad.

En esta misma línea se posicionó Pablo Ceriani. El coordinador del Programa de Migraciones y Asilo de la Universidad de Lanús y Vicepresidente del Comité de Protección de los Derechos de Migrantes en Naciones Unidas, apuntó que “las estadísticas desde el año 2002 hasta ahora no indican ningún cambio sustantivo: las personas extranjeras presas siempre han oscilado entre el cinco y el seis por ciento del total de los presos en las cárceles de todo el país. Si hubo una pequeña variación de un aumento del 0,2 por ciento, esta tendencia es general y no sólo de extranjeros”.

Ceriani remarcó además la diferencia entre inmigrantes y narcos: “cuando hablamos de narcotráfico no estamos hablando de migración sino de redes delictivas trasnacionales que por esencia tienen una sobrerrepresentación de extranjeros”. Y agregó que “el cruce de fronteras para cometer delitos nada tiene que ver con una política migratoria que debería tratar otras cuestiones como el trabajo, la educación, la inclusión social, la familia y la cultura”.

A menos de un mes para la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional es evidente que no había tal necesidad ni urgencia. La Ley anterior fue ampliamente debatida junto con sectores de la sociedad civil, lo que le daba mayor legitimidad. Modificarla por decreto es un enorme retroceso.