Tortura y persecución indígena en Formosa

Texto: Irina Sol Pilosoph Postan

Agustín Santillán, preso político wichí

El maestro y dirigente wichí de Ingeniero Juárez, Agustín Santillán, es un nuevo preso político del Gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, que dirige la provincia desde 1995. Hace dos meses que está privado de su libertad, solo, en un calabozo mínimo y sin baño. «Agustín está muy mal de salud», expresó a Colibrí Revista Gabriela Torres, su esposa, y aseveró que tanto Agustín, como las doce comunidades originarias que viven en Formosa, se hayan en una situación de persecución, hostigamiento y de «desamparo total».

Última carta de Agustín Santillán, maestro y referente wichí, desde la cárcel

“No come ni se mueve, tengo miedo por su salud», dijo la esposa de Agustín Santillán, y agregó: «El otro día tuvieron que llevarlo al hospital y estuvo cuatro horas internado por un problema en los pulmones”.

Lo detuvieron el 14 de abril cuando participaba de una manifestación en reclamo de mejoras sanitarias. Después de una fuerte inundación en Ingeniero Juárez y frente a la nula presencia estatal, seis niños murieron por la falta de atención médica. Torres explicó: “Después de la inundación hubo chicos que fueron al hospital con hongos y no los atendieron. Pero no tenemos a quién reclamar, porque cuando reclamas, pasa lo que le pasó a Agustín, entonces la gente tiene miedo”. A Santillán lo golpearon, lo encerraron y lo mantuvieron incomunicado hasta el día siguiente. Durante todas esas horas, sus hermanos y hermanas no supieron nada de él.

Carta escrita por Agustín Santillán

Cuando finalmente su esposa pudo ir a visitarlo, quedó detenida sin ninguna explicación. La encerraron, le negaron la llamada telefónica y ni siquiera le proporcionaron un abogado. Estuvo tres días privada de su libertad sin que nadie le informara por qué.

El dirigente wichí carga con más de veinte causas anteriores. Siempre el detonante fueron sus reclamos por mejores condiciones de vida para la comunidad y que se respeten los derechos básicos (salud, educación, territorio, agua potable, etc.). Para detenerlo esta vez, lo imputaron falsamente por haber participado de saqueos que ocurrieron en medio de la inundación. “A Agustín lo persiguen porque se anima a denunciar la desastrosa situación que estamos viviendo las comunidades en Formosa”, declaró Torres.

Desde Las Lomitas, localidad donde yace detenido, le negaron la excarcelación reiteradamente y, ante ciertas anomalías, el abogado de Agustín, Daniel Cabrera, se dirigió a la Cámara de Formosa donde le concedieron una audiencia para ayer, viernes a la tarde. La audiencia fue suspendida antes de comenzar sin justificación alguna.

Entre estas irregularidades, Gabriela Torres relata que el juez fue a la alcaldía a visitar a Santillán el miércoles pero que los policías lo sacaron del calabozo antes de que llegara. Apagaron la luz, cerraron con llave y lo obligaron a subirse a un patrullero. Todo esto para que el magistrado no pudiera tener contacto con el detenido. Tal vez sea por las rarezas del caso o por los malos tratos que recibió, lo cierto es que al dirigente wichí lo pasearon por toda la ciudad desde la mañana hasta pasado el mediodía para que no pudiera hablar con el juez. “Si los policías fueron capaces de secuestrarlo por varias horas son capaces de cualquier cosa”, sintetizó ella.

El hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad no es nuevo: “Todos los días pasan por nuestra casa policías, siempre lo están vigilando», agregó, y aclaró que se los hostiga hasta cuando van a comprar al mercado.

Los jóvenes formoseños que viven en las comunidades concurren al colegio secundario que está dentro del territorio. Pero, a la falta de docentes y a las pésimas condiciones edilicias -denunciadas frecuentemente por Agustín-, se suma que la comunidad está rodeada por policías. Por eso, dice Torres, muchos adolescentes tienen miedo de que los policías que los hostigan con sus caballos, sus perros y sus armas, los detengan de camino a la escuela.

La situación sanitaria es crítica. El Estado, que está muy presente a la hora de desalojar a las comunidades (desoyendo la emergencia declarada por la Ley 26. 160), brilla por su ausencia a la hora de garantizar los derechos básicos para el bienestar de los miembros de las comunidades. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni siquiera se comunicó con la esposa del detenido.

Estos abandonos por parte del Estado, cuenta Torres, son cotidianos: “Mi primo estaba con un dolor de panza muy fuerte. Llamamos a la ambulancia pero nunca llegó, así que tuvimos que llevarlo nosotros como pudimos. A la vuelta, la ambulancia lo dejó acostado en la calle, ni siquiera dentro de la comunidad. Tuvimos que ir corriendo a buscarlo porque lo habían dejado ahí”. Y añadió que “El otro día, una señora tuvo que parir en su casa porque nunca llegó la ambulancia, y su bebé falleció y ella quedó internada en estado grave”.

En Formosa las comunidades están completamente desamparadas. El gobierno de Gildo Insfrán se ocupa de marginar y perseguir a los pueblos originarios desde hace décadas. “No tenemos a quien recurrir”, concluyó Gabriela Torres.