«Hay un pacto entre el Gobierno y la Justicia para avalar el tarifazo»

La Corte Suprema de Justicia obstaculizó hoy al mediodía las cautelares presentadas por varias instancias judiciales, tanto provinciales como municipales, que intentaban frenar los aumentos en las tarifas de gas. La decisión firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti planteó un pedido de informe al Poder Ejecutivo que informe las razones de los aumentos, el cual se presentaría en agosto una vez finalizada la feria judicial, y, por otro lado, una audiencia pública con fecha estimativa para el mes de octubre.

Alrededor de las 12 del mediodía de hoy, más de quinientas personas se concentraron en las puertas de Tribunales, en la intersección de las calles Tucumán y Lavalle, agrupadas en diferentes organizaciones sociales y políticas, como el Partido Obrero, el Polo Obrero y la Corriente de Organizaciones de Base La Brecha, entre otras. La apuesta era presionar a la Corte Suprema de Justicia para que avalara los diferentes fallos presentados para darle un freno a la suba de tarifas en el gas que golpean los bolsillos de la gran mayoría de la población. Pero debieron irse, una hora y media más tarde, con el triste sabor de que deberán seguir abonando facturas con más del 400 por ciento de aumento.

En diálogo con Revista Colibrí, Gabriel Solano, ex candidato a Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, dijo que “Hay un pacto político entre el Gobierno y la Justicia para avalar el tarifazo” porque la Corte Suprema podría haber avalado los fallos de distintas instancias judiciales, como la presentada por la Cámara Federal de La Plata.

En principio, la audiencia pública que se realizará en octubre tiene un carácter solamente formal sin ser resolutiva: las personas que asistan pueden emitir su opinión con la atenta escucha de un delegado del Poder Ejecutivo, pero en el momento de la decisión esta audiencia no es tomada en cuenta.

Solano explicó que el Gobierno nacional planea para octubre realizar un nuevo aumento, que “sumaría un mil cuatrocientos por ciento” –contando el inicial- con una contrapartida de un aumento del 35 por ciento del salario, en el mejor de los casos. “Es un aumento que golpea a los trabajadores en doble sentido, porque además las empresas privatizadas van a recibir un subsidio de 11.800 millones de pesos, que se van a pagar con los impuestos abonados por los propios trabajadores”, detalló. Luego, remató: “En las empresas no hay ningún tipo de perjuicio”.

Al cierre del acto, Néstor Pitrola, Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, se paró solemne en un escenario que daba las espaldas a Tribunales y con la mirada fija en las personas que sostenían banderas y bombos, les dijo: “La decisión de la Corte le brinda tiempo al Gobierno para continuar con su política de ajuste”. Pero entonces, agregó que mientras tanto “Hay que organizar un programa de lucha”, con asambleas en todas partes y con una gran movilización nacional contra el tarifazo dentro de un mes. Sin embargo, no recordó que el próximo jueves desde las 18 habrá un cacerolazo en el Obelisco en la misma sintonía de protesta.

Por otro lado, dentro del gran aumento de las tarifas en servicios básicos –gas, luz y agua- uno de los puntos que mayor controversia ha generado gira entorno a las decisiones tomadas por Juan José Aranguren, Ministro de Energía, y la compra del gas a Chile.

El problema radica en que el Estado Argentino tiene un contrato vigente hasta 2027 con su par boliviano por la compra de gas natural para el uso interno. Aranguren, con la excusa de que el Estado Plurinacional de Bolivia no realizaba las entregas -lo cual fue desmentido en el país altiplano por Luis Alberto Sánchez, Ministro de Energía e Hidrocarburos-, decidió comprarle el suministro a Chile por un precio 53 por ciento más caro.

Además, la transacción se realizaría por British Gas, empresa que posee la petrolera Shell, donde Aranguren tiene acciones, y con cláusulas secretas en el contrato con legislación en Nueva York. Es decir, que Aranguren utilizó su categoría de ministro para beneficiar su patrimonio a costas del Estado argentino. Por este motivo fue imputado por los jueces Martín Doñate y Rodolfo Taihalde, del Juzgado Federal 9.

En este sentido, Gabriel Solano afirmó que el Presidente Mauricio Macri buscó a Aranguren con amplio conocimiento de que se trataba del ex gerente de Shell Argentina. “Es claro que de los dos lados del mostrador, Aranguren está del lado de la empresa y no del Estado”, remató Solano.

Pero a su vez, Solano detalló que el Gobierno, con la excusa de desarrollar el mercado interno y la producción nacional, el gas más caro no es el que se le paga a Chile, sino a la Cuenca Neuquina (200 mil kilómetros cuadrados entre las provincias de La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro), que representa la principal reserva petrolífera y gasífera de Sudamérica, depositadas en el subsuelo. Entonces, explicó que se están financiando las empresas extranjeras –Como Chevron-, especialmente desde YPF que tomó una “gran deuda usuraria durante la gestión anterior y que la continúa la actual” para pagar su propia deuda. Por lo tanto, “Las tarifas caras en la población se paga la deuda de YPF”, dijo explicando que la intención “es salvar los monopolios petrolíferos y gasíferos internacionales, a través del bolsillo del consumidor”.