Posteriormente a las presentaciones judiciales expresadas para revertir la medida, la Justicia convalidó -sin inconveniente alguno de por medio- el aumento de hasta un 375% en lo que respecta a la tarifa de agua potable y cloacas que rige desde abril del año pasado en la Ciudad de Buenos Aires. La medida estaría afectando, además, a una cifra cercana a 18 municipios del conurbano. La Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (conocida como la ADUC) cuestionó dicha medida impulsada, oponiéndose a la misma.
En efecto, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó un planteo realizado por una asociación de consumidores contra AySA y el Estado nacional, que había solicitado frenar el exorbitante incremento. Después de todo, es sabido que los bolsillos de los trabajadores ceden cada vez menos ante la nueva numeración que vienen sufriendo los servicios.
La resolución fue adoptada en los últimos días, antes de la feria judicial de verano, por la Sala II de la Cámara que a su vez confirmó el fallo del juez Pablo Cayssials donde se rechazó en primer término la medida cautelar interpuesta por la ADUC. Según se afirmó desde dicho organismo, el Gobierno no habría respetado el artículo 42 de la Constitución, en el que se señala que previamente a un posible aumento de la tarifa de un servicio público se debe garantizar la plena participación de asociaciones representantes de tanto los consumidores como los usuarios.
Con estas medidas, la Cámara y el titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9 avalaron el aumento autorizado por el Gobierno de Cambiemos y ratificaron la vigencia de la Disposición 62/2016 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, lo que implica que Cayssials defina la constitucionalidad o no del tarifazo.
La Disposición 62 fue firmada por el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Berciatura, que depende del secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín, que a su vez reporta al ministro Rogelio Frigerio.
Poco después de conocer la nueva normativa, el director general de AySA, Martín Heinrich, justificó el aumento expresando que se trataba de “un proceso de normalización tarifaria”; en abril del 2016 se había declarado que Buenos Aires pagaba una cuarta parte de lo que se pagaba en el resto del país.
Heinrich, al conocer la medida judicial, declaró a los medios la dificultad actual de definir la suba para cada hogar, ya que “es bastante complejo porque está asociado con el tamaño de la propiedad”, pero remarcó que el incremento general será de 216,6%, con un máximo de 375%.
En realidad, y más allá de estos desorbitantes aumentos, se trata de un debate que lleva años -no solo en el país, sino en el mundo- acerca de si se debe concebir al agua como un derecho o una mercancía, y en base a ese criterio es que se levanta la base de la discusión del valor de las tarifas de servicios públicos. Es una discusión fundamentalmente ideológica y de intereses encontrados.
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