«La Ley de Medios rompió el pacto entre la política y los medios de comunicación»

“El dicho de que la Ley de Medios vino a reemplazar a la reglamentación de la dictadura es una total mentira”, afirmó el abogado Ricardo Porto, que se desempeña como Secretario de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación, dentro del marco de una clase magistral que le brindó a los estudiantes del último año de periodismo de la escuela Tea.

En principio, Porto hizo un repaso con los alumnos sobre las leyes sancionadas desde la asunción de Ricardo Alfonsín a la presidencia, el 12 de diciembre de 1983, -es decir, la vuelta a la democracia-, hasta la sanción de la Ley 26.522, mejor conocida como de Servicios de Comunicación Audiovisual, el 10 de octubre de 2009.

Entonces, el co-autor del libro Los riesgos jurídicos del periodismo explicó que lo que produjo la Ley de Medios “fue romper con el pacto entre la política y los medios de comunicación” que impidió una legislación aceptable durante 25 años. “Los gobiernos le daban concentración y falta de competencia a los servicios comunicacionales, y estos le daban un tratamiento periodístico favorable”, remató.

Porto citó algunos ejemplos al respecto: el acceso de medios gráficos a señales televisivas, la ampliación de cantidad de emisoras, la permisión de participación de empresas extranjeras y el Decreto firmado por el ex Presidente Néstor Kirchner que aprobó la fusión de las empresas Cablevisión y Multicanal.

Pero lo que Porto se empeñó en dilucidar fue la particularidad del proceso que tuvo la sanción de la ley desde su nacimiento, porque “no se produjo desde el Poder Ejecutivo”. Contó que un grupo marginal de cooperativas, profesores y estudiantes del ámbito de la comunicación, llamados “Coalición Para Una Radiodifusión Democrática” elaboraron un documento de 21 puntos para enarbolar el lema de su agrupación: un punto por cada año sin ley.

El documento fue llevado al Poder Ejecutivo, que aprovechó el contexto político de la ruptura del Gobierno y Clarín a partir de la discusión por las retenciones al campo, y “se le dio forma de proyecto de ley”, dijo Porto, quien también fue abogado en el disuelto Comité Federal de Radiodifusión. “Es una ley bastarda, que nació desde el barrio, con quienes nunca habían tenido posibilidad de participación”, afirmó.

Por último, explicó el marco regulatorio en relación a las licencias: a nivel local, una misma empresa puede hasta 10 señales abiertas (radio AM, FM y televisión), 24 señales de cable y acaparar hasta el 35 por ciento del mercado. En cuestiones nacionales, no se permiten más de tres licencias si la corporación tiene servicio de cable y señal abierta. Por lo cual, “en la Ciudad de Buenos Aires no deberían coexistir Cablevisión y Canal 13”, concluyó.