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La muerte es una cuestión de suerte | Revista Colibri
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La muerte es una cuestión de suerte

Por Luz Rodríguez y Maia Kisz

 

En el Boletín Oficial del 27 de noviembre de 2018 se publicó la resolución, firmada por la ministra de seguridad, en donde se modifica el reglamento general para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad. “El gobierno nacional, con Macri y Bullrich a la cabeza, militarizaron Capital Federal y ahora le dieron un marco legal”, explica Lucía Vilar, integrante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y agrega que el G20 funcionó como excusa para implantar la posibilidad de un atentado y del terrorismo y que con ese discurso sacaron la resolución que permite a las fuerzas federales fusilar a personas por la espalda, justificar asesinatos sobre sospechas de armas de juguetes y salir impunes.

En los últimos tres años, el promedio de casos de gatillo fácil aumentó hasta llegar a un caso cada 23hs. CORREPI arma anualmente un Informe de la Situación Represiva, de los datos publicados a fin de 2017 se desprende que de las 5462 personas asesinadas en los más recientes 35 años de democracia, 725 fueron en los primeros 3 años del gobierno de Macri. Esto es el 13%. En este nuevo decreto se le brinda impunidad a las fuerzas a la hora de disparar y, alegando que resulta necesario implementar acciones que tiendan a sostener la protección de la vida y la integridad física de la ciudadanía en su conjunto y de los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, determina mayor flexibilidad a la hora de utilizar el arma, brinda la posibilidad de no identificarse como miembros de las fuerzas si lo creen inadecuado. En el  artículo 5° da lugar a la explicación de las ocasiones en las cuales sería legal disparar:
*Cuando se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceras personas;
*Cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal;
*Cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal, cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona;
*Cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves;
*Cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizasen, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas.

 


“Hubo un aumento de los casos de gatillo fácil porque hay un discurso gubernamental que lo avala, desde lo político y lo legal”, afirma Lucía.
Según las Naciones Unidas el número de policías para mantener segura a una población es de 300 cada cien 100.000 habitantes; en la actualidad, y sólo en la Ciudad de Buenos Aires, la cifra de uniformados es de 875. María del Carmen Verdú se siente alarmada por las cifras que llevan en CORREPI por gatillo fácil y muertes en lugares de detención en la Argentina: un caso por día, y subiendo, en lo que va 2018. En el ranking mundial, sin considerar a Gendarmería, Prefectura y Seguridad Aeroportuaria, la CABA sólo es superada por el Vaticano. La intercepción de personas, la revisión de elementos personales en transporte público y los controles vehiculares en calles y rutas han sido algunas de las formas desplegadas para intervenir en la población a partir de enero de 2016, con la transición de la Policía Metropolitana y la Policía Federal a la dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad. La profundización se da en los tres niveles: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, y Poder Judicial. “Después de 30 años no tenemos que andar explicándole a la gente lo que son las detenciones arbitrarias”, dice María del Carmen. Con un cigarrillo en mano, y acomodada en el escritorio de su oficina sobre avenida Corrientes, Verdú afirma que Cambiemos, a diferencia de los gobiernos anteriores desde la vuelta a la democracia, no sólo acepta y apoya el uso represivo de la fuerza sino que además le hace reverencia, como se comprobó con el Caso Chocobar. Al policía que, vestido de civil, disparó a quemarropa y cometió un homicidio, se lo llamó héroe, y hasta se lo reconoció pública y mediáticamente. “Incomparable con cualquier otra etapa previa”. Las zonas liberadas son una herramienta histórica desde 1810 en respuesta a la necesidad que se tenga, ya que después de todo “la función hace al individuo”

La división social en clases es la materia prima para que la represión esté a la orden del día: gatillo fácil, torturas, muertes en situación de encierro, represiones masivas. Mantener el status quo y que nadie intente rebelarse es el primer resultado que busca el uso de la fuerza represiva, y por eso es considerada como instrumento para cualquier mandato político. Si de algo está segura la abogada Verdú es de que “ningún gobierno se va a  suicidar perdiendo su herramienta más valiosa para el control social”. Las crónicas de Rodolfo Walsh ya lo dejaban sospechar: la brutalidad viene incluida en el combo, y sin devolución.

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