Por Irina Sol Pilosoph Postan
En Argentina la prostitución no es considerada un delito. Sin embargo, los Códigos de Faltas de algunas de sus provincias castigan a quienes ofrecen sexo de manera voluntaria a cambio de dinero por “ofender la moral y las buenas costumbres”. Esos códigos establecen, además, que sea la policía, sin medición del Poder Judicial, la que juzgue cuándo se presentan estas “inmoralidades” en las que se incluyen también el travestismo y la homosexualidad. En la práctica, este poder ilimitado abre la puerta a distintas formas de violencia institucional. Violencia que en algunos casos se tradujo en asesinato.
El femicidio de Sandra Cabrera en 2004 puso de manifiesto la impunidad de las fuerzas de seguridad en los crímenes contra prostitutas. La delegada de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) en Rosario había denunciado los vínculos entre policías y proxenetas y el negocio que compartían en torno a la trata de personas y a la explotación sexual infantil. Los efectivos santafesinos no estaban dispuestos a renunciar a las ganancias de un acuerdo tan rentable así que decidieron pegarle un balazo en la nuca.
El supuesto “loco de la ruta”, que asesinaba prostitutas en Mar del Plata, fue un invento de las fuerzas de seguridad que intentaban desviar la investigación por la muerte de las trabajadoras sexuales Verónica Chávez, Silvana Caraballo y Ana María Nores. Los responsables fueron policías, proxenetas y un fiscal que extorsionaban a las víctimas para obtener ganancias del negocio de la prostitución.
Valiéndose del Código de Faltas mendocino, los policías habían detenido a Claudia Ponce dos veces la noche del 14 de febrero de 1999. Apareció muerta por una intoxicación de cocaína en el patio de la comisaría n°3 de esa ciudad.
Viviana Aguilera ejercía la prostitución en Bahía Blanca. Para permitirle trabajar, el comisario Héctor Iglesia le exigía un porcentaje de lo recaudado. Ella se negó a partir de lo cual empezó a recibir amenazas que denunció ante la justicia y los medios de comunicación. Pocos días después Viviana apareció muerta.
Son frecuentes los casos en que los femicidios contra trabajadoras sexuales no son investigados ni sus responsables castigados. La gran mayoría de estos los crímenes continúan impunes.
La habitual detención de trabajadoras sexuales en la vía pública es otra cara de la violencia institucional. Los códigos establecen que una persona puede ser detenida por “ofender el pudor público”, «prostitución», “prostitución escandalosa” o atentar contra “los sentimientos éticos individuales”, según cada provincia. Además de valerse de un criterio subjetivo, esta legislación no se aplica a todos por igual sino que busca perseguir particularmente a quienes ejercen el trabajo sexual libre o no se atienen al heteronormatismo vigente. Ejemplo de esto es que los hombres que se masturban o exhiben su miembro a mujeres que pasan por la calle no son arrestados, aún cuando eso es violencia de género. Cabe preguntarse entonces cuáles son los valores y las buenas costumbres que los códigos contravencionales buscan preservar y quiénes determinan que la prostitución, el travestismo o la homosexualidad causan un daño social.
Estas irregularidades son solamente una parte de la violencia estatal contra quienes ejercen el trabajo sexual voluntariamente. La elaboración de actas en la vía pública por parte de la policía por usar determinada ropa, “inmoral” y “contraria a las buenas costumbres”, es otra problemática recurrente.
“Aunque el trabajo sexual no es un delito, la criminalización de la prostitución termina empujándonos a la clandestinidad. Y, como consecuencia, se produce una mayor violencia institucional por parte del mismo Estado que en vez de protegernos nos persigue”, explica Georgina Orellano delegada de AMMAR. Y agrega que, ante los numerosos casos de hostigamiento sufridos por prostitutas, el sindicato implementó una línea telefónica gratuita en la que recibe denuncias de violencia institucional contra trabajadoras sexuales. Esas denuncias son transmitidas a la Defensoría General del Ministerio Público Fiscal de Capital Federal para que haga el seguimiento.
En algunas provincias como Tucumán, Misiones, Mendoza, Chubut, La Rioja o Chaco, las trabajadoras sexuales pueden permanecer hasta 30 días arrestadas. Como agravante, muchas veces se deja a la mujer incomunicada. “Lo que hacemos en esos casos es organizarnos de manera colectiva, difundir el nombre de la trabajadora arrestada para que llamen a la comisaría preguntando por su situación, como fue el caso reciente de una compañera detenida en San Juan”, indica Georgina.
La legislación antitrata es otra cara de la criminalización del trabajo sexual autónomo. Ley 26.842 de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas” sancionada en 2012 establece que “el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas, no constituirá en ningún caso causal de exención de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores”.
Como las leyes argentinas tienen una perspectiva abolicionista, a menudo esta norma es utilizada para amedrentar a quienes ejercen el trabajo autónomo en vez de perseguir a los proxenetas, policías, jueces y fiscales que son quienes manejan las redes de trata desde su situación de poder. “Cuando los efectivos ingresan a un departamento particular con psicólogas y trabajadoras sociales de la oficina de rescate por una denuncia de posible trata de personas, nosotras les decimos que no estamos en contra de nuestra voluntad, que es nuestra fuente de trabajo. Lo que decimos no es tenido en cuenta y nos anotan como víctimas rescatadas de la trata”, denuncia una afiliada de AMMAR. A su lado Georgina agrega que: “Mientras las profesionales nos realizan un cuestionario como supuestas víctimas de trata, nosotras observamos como hay policías que, aprovechándose de la situación, nos roban nuestras pertenencias”.
Cuando la policía clausura el departamento, la mujer queda en la calle, donde puede ser arrestada o multada según el código provincial. Se le ofrece ir a un refugio, pero eso sería reconocerse como víctima de trata o de explotación sexual.
Mientras se criminaliza la prostitución voluntaria, en Argentina la violencia institucional contra las trabajadoras sexuales es moneda corriente. La esclavitud nada tiene que ver con la prostitución voluntaria. Ponerlas en la misma bolsa solo contribuye a que sigan vulnerándose los derechos de quienes ejercen el trabajo sexual autónomo en vez de perseguir a quienes, aprovechándose de una situación de poder, las hostigan y amenazan para no perder el negocio de las redes de trata, del que forman parte directa o indirectamente.
«Toda mujer tiene derecho a decidir libremente qué hacer con su cuerpo», concluye Georgina, aunque eso vaya contra las buenas costumbres de quienes redactaron los Códigos de Faltas, muchos creados durante la última dictadura.
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