Macrismo y síntoma de la xenofobia

Por Daniela Garrido

Fotos de Mauro Martínez

Hoy en día, con la influencia de los medios de comunicación hegemónicos, tanto los gobiernos internacionales, como el argentino, instalan un fuerte discurso xenófobo que se expande al resto de la sociedad.

En el caso nacional, ya sea para correr de la agenda pública un ajuste económico brutal, para construir un enemigo interno, o para generar una grieta a nivel social, el hecho es que los migrantes intentan ser desplazados o colocados en un lugar de inferioridad por el poder económico y político.

Desde Donald Trump, con la instalación de un muro, hasta el Decreto de Necesidad y Urgencia (que nada tiene de necesario y urgente) decretado por Macri en el 2017, el migrante, hoy más que nunca, necesita asumirse como sujeto de derecho, y así lo está haciendo.

Tras esta necesidad de hacer frente a las medidas xenófobas surge, en enero de este año, entre otras, la campaña Migrar no es delito, en donde confluyen distintas organizaciones migrantes y otras que no lo son, pero que entienden a esta lucha como un quehacer político. El Frente Popular Darío Santillán, La Dignidad, Frente de Organizaciones en Lucha, el Polo Obrero y el Bloque de Trabajadorxs Migrantes confluyen en esta campaña por la defensa de los derechos de la comunidad.

Revista Colibrí conversó con Vania Ulloa Hurtado y Joaquín Monge, ambos migrantes que viven en el país desde hace más de seis años. Pertenecientes a dos bloques que problematizan el discurso sobre el migrante y luchan por sus derechos: El bloque de trabajadoras y trabajadores migrantes y Migrantes por migrantes.

Vania nos cuenta que la Campaña se enfoca en un principio en visibilizar la situación del DNU decretado en enero de 2017, por Mauricio Macri, ni bien asumió su mandato presidencial. Decreto que modifica directamente la Ley de migraciones 25.871, afectando negativamente la situación de residencia.

“El DNU nace de una necesidad de fortalecer fronteras divisorias, pero fronteras específicas para los migrantes, porque si viene el Fondo Monetario Internacional es otra la cuestión.  A los trabajadores que vienen del pueblo por mejores condiciones de vida, a ellos sí se les cierran las fronteras”, nos cuenta Vania

En términos concretos, algunas de las cosas que busca el Decreto es:

– Subir las tasas de pago de los trámites migratorios. Se cuatriplicó el costo a abonar por los trámites administrativos que los migrantes deben realizar para poder acceder a la residencia precaria, por ejemplo.

A su vez, hay una falla estatal en cuestión de plazos: Al atrasarse significativamente la entrega del DNI, el migrante debe actualizar más de una vez la residencia precaria ya que vence cada tres meses, para no quedar en falta regulatoria, lo que hace que cada uno de esos tramites signifiquen un costo adicional que antes no se tenia en cuenta.

– Se reduce a su vez la capacidad de acceder a la justicia: Con el DNU, el plazo para acceder a una defensa en caso de un delito, disminuye a tres días. Además, cambia el estatuto de delito, ahora, se considera motivo de expulsión el hecho de tener una contravención como por ejemplo la resistencia a la autoridad.

“Esto lo que hace es entorpecer el acceso a la ciudadanía. Si bien se mantienen las dos categorías, pertenecer o no al MERCOSUR (estos últimos tienen mayores posibilidades de residencia), encontraron incluso más trabas como la disposición del paso turista, donde en cualquier entrada, los agentes migratorios pueden, por portación de rostro, decir que vos no venís como turista, y prohibirte el ingreso.” Explica Joaquín.

Si bien, Joaquín y Vania llegaron al país con metas de formación política y estudiantil, reconocen que no todos tienen ese privilegio, y que deben migrar por diferentes razones.

“Si bien vine a estudiar, mismo en la Universidad me encontré con gente de otros países. Nosotros formamos parte de cierta élite, que aunque nos toque laburar para poder estudiar, el proyecto inicial fue ese (…) Hay otros casos: que la gente migra por mejores condiciones de vida, la educación puede ser una de ellas pero no son la mayoría. Nosotros somos una minoría, la que piensa en acceder a esa situación”, cuenta Vania.

¿Creen que en la sociedad hay noción sobre este decreto?

Joaquín nos cuenta: “No hay mucha visibilización, más porque nos estigmatizan. Hay ciertos sectores mas progresistas, pero hay un desconocimiento en cómo se organiza la comunidad senegalesa por ejemplo, que se organizan en la comunidad popular. Todos dicen ‘detrás de eso hay una mafia’. No te dicen ‘hay una economía solidaria, redes que se construyen, una solidaridad enorme’, no piensan eso. La comunidad colombiana a lo primero que se asocia es al narcotráfico, y no la situación de la educación o la persecución.”

A nivel general, propiciado por este gobierno, se instaura la visión de que el migrante resta más de lo que suma. Refuerza la idea del migrante como alguien externo, “perdido” sin posibilidad de organización. Vania nos dice que existe un discurso que se aplica en la modificación de la Ley, en el Decreto, en las Tasas migratorias y además en el sentido común.

“Incluso, el aporte que se ve del migrante es el cultural. Existe una folklorización del migrante que viene a bailar cueca, pero cuando hablamos de términos concretos productivos, de cómo aportamos a la sociedad, eso no se ve. Nos vemos re lindos bailando en el escenario, pero cuando se trata de los migrantes que está luchando por puestos de trabajo, o migrantes que se organizan en torno a la economía popular, ahí nos parece como súper aberrante”, agrega.

¿Creen que este nivel de organización de la comunidad migrante se incrementó en la coyuntura actual?

“Hoy en día nosotros no identificamos al migrante con la víctima.  Los movimientos de migrantes, sobre todo en respuesta a esta coyuntura responden a una politización, a entendernos como sujetos de derecho. Creo que es un cambio que se dio como un proceso. ¿Por qué nosotros no vamos a acceder a los mismos derechos? Nuestra tarea también es poder instalar otro discurso, en el cual no nos identificamos como criminales Somos personas que habitamos, trabajamos y tenemos el mismo derecho de acceder a las mejores condiciones”, manifiesta Vania

“Migrar no es delito, porque migrar es un derecho. Si migra el Capital, ¿cómo no vamos a poder migrar nosotros?”

Desde la Campaña, en conjunto con otras organizaciones, comunidades de migrantes, y legisladores porteños, se llevaron a cabo tres foros con el fin de problematizar la instancia del DNU, y dar cuenta de la importancia de una Ley de migraciones íntegra que vaya a favor de sus derechos.

El tercer encuentro se realizó en la Legislatura porteña el lunes 26 de noviembre con el nombre Foro Permanente de Migrantes y Refugiados/as de la Legislatura porteña.

Propone ser una instancia de participación colectiva, en donde se tengan en cuenta las demandas de la mayoría de los actores de la sociedad civil. En este sentido, que mantenga el espíritu convocante de la Ley de migraciones, no siendo el caso del DNU.