El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió fuertes críticas por no registrar trata de personas, drogas ni talleres clandestinos en el mapa del delito porteño. Al presentarlo oficialmente, llovieron las críticas en las redes sociales y en la prensa por no incluir este tipo de delitos, que son considerados muy graves, como los antes mencionados y desarmaderos de autos, entre otros delitos.
La ONG La Alameda, que encabeza el ex legislador porteño Gustavo Vera denunció que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires no contempló en el Mapa del Delito toda denuncia de los vecinos sobre narcotráfico, trata sexual, prostíbulos, talleres textiles clandestinos, desarmaderos de autos, juego ilegal y trapitos.
Para Vera que construyó mapas de delito en diversos barrios con la participación activa de los vecinos para denunciar la corrupción y a los funcionarios que juegan con la inseguridad que padecen millones de ciudadanos de distintas clases sociales.
Para el Ministerio de Seguridad que encabeza Martín Ocampo el criterio principal para el armado del Mapa del Delito (presentado el 21 de diciembre pasado) es “cuantitativo”, lo que representa la mayor cantidad de delitos registrados por su frecuencia.
La Alameda es una organización no gubernamental argentina, cuyo titular es el político y activista social Gustavo Vera, que lucha contra la trata de personas, trabajo esclavo, explotación infantil, prostitución y narcotráfico. Nacida como una asamblea barrial de la crisis de 2001 tuvo reconocimiento nacional e internacional con las denuncias y escraches a talleres clandestinos (que confeccionan prendas para marcas reconocidas y diseñadores famosos), granjas donde se reducen a servidumbre a personas (el caso del niño Ezequiel Ferreyra que tuvo repercusión de Naciones Unidas) y prostíbulos manejados por importantes políticos y personajes de poder. Su rol protagónico ha logrado modificaciones de legislaciones nacionales y provinciales, como ordenanzas municipales que combaten la trata y trabajo esclavo, como así también asistencia a las víctimas.
El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta afirmó que no incluyó los puntos de ventas de drogas para evitar complicaciones en las investigaciones y en el caso de los delitos sexuales para evitar la identificación del domicilio del hecho, que generalmente coincide con el de la víctima.
“La producción de estadísticas fiables de criminalidad es central para la formulación de políticas de seguridad pública más eficaces. Gracias a estos datos, es posible dimensionar el problema de la inseguridad, establecer patrones, realizar diagnósticos certeros y evaluar la efectividad de nuestras respuestas. Además, es un derecho de todos los vecinos poder acceder a la información pública, en la medida en que les permite controlar y aumentar su conocimiento sobre las acciones del gobierno y las fuerzas de seguridad”, declara el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre el mapa del delito porteño.
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