Paro nacional de estatales

   La medida de fuerza concentró varias luchas, entre ellas, la restitución de las fuentes de trabajo, paritarias libres, la abolición de la criminalización a la protesta social y el freno al proceso de modernización del Estado. Sobre este último punto, Catalano dijo: «Hablan de un Estado digital, mejoras en la salud y la educación, pero en la Ciudad no funcionó de esa manera. Además, con los despidos masivos se están cerrando servicios. No le creemos a Macri porque entendemos que achicar el Estado significa perder derechos».

   “No nos interesa el protocolo y lo desconocemos, ejercemos nuestro derecho de protesta y anunciamos el paro veinte días antes como habituamos hacer”, declaró el Secretario General. Y aseguró que todas las medidas que tomó el gobierno macrista hasta ahora fueron antipopulares, como la eliminación de impuestos al agro y a la minería. “La inflación sigue restando poder adquisitivo y en vez de solucionarle los problemas a la gente, se la presiona para que no se movilice”, aseveró.

Marcelo Ramal. Gentileza: notas.org.ar

   Marcelo Ramal, legislador porteño del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), por su parte, se refirió a una de las consignas de la marcha, sobre la liberación de Milagro Sala: “Rechazamos su detención porque ha sido llevada adelante originariamente en motivo del acampe en Jujuy. Sienta un precedente muy negativo frente a cualquier otra manifestación. Nuestro apoyo tiene que ver con ese principio y no con ella, porque repudiamos sus métodos punteriles”. Además, añadió que «La marcha se hace en un contexto de muchas protestas, donde se verifica que, por ejemplo, las promesas en torno al impuesto a las ganancias han sido un fraude».

Por otro lado, en el área de Salud, estuvo presente en la marcha Adriana Morales, Secretaria General del gremio CICOP seccional San Fernando, quien dijo que la situación en los municipios Buenos Aires está en ruinas y que «hay contratos precarios o estafistas». Y declaró: «Ojalá no tuviéramos que estar acá y sí en una mesa discutiendo condiciones de trabajo, de la salud, de infraestructura, personal e insumos. Si estamos en la calle es por falta de escucha y dedicación que le corresponde al gobierno».

   En cuanto al protocolo anti-piquetes, Pitrola lo define como «un intento de aplicar una política de restricción a la movilización popular, asociado a la conmoción social frente al ajuste». «Es consistente con un gobierno que ejerce a decretazo limpio», agregó. Además, explicó: «Hemos conformado una audiencia con organizaciones de Derechos Humanos para lanzar una campaña política para la anulación del protocolo. Es anticonstitucional e incluso viola la libertad de prensa, porque quieren colocar un corralito donde trabajen los periodistas y la policía misma filme a los manifestantes».

   Ayer, ATE, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentaron un habeas corpus para que se suspendiera la aplicación del protocolo anti-piquetes durante el paro nacional. Y aunque fue aceptado por la jueza porteña Graciela Dalmas, cerca de las diez de la mañana el Ministerio de Seguridad anunció que la Cámara lo rechazó. En los hechos, la policía hubiera pasado desapercibida si no fuera por su intervención en el corte de Callao y Corrientes, esta mañana, cuando desalojó a los manifestantes concentrados.

   Aún más temprano, el paro había comenzado en el subte B, cuando se vio interrumpida por trabajadores despedidos de la empresa Metrovías, quienes protestaron a la altura de la estación Pasteur. Exigían el diálogo con la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, pero la medida de fuerza fue levantada poco después de que la línea anuncie un servicio limitado entre las estaciones Juan Manuel de Rosas y Medrano.