Policiavirus: el animus vigilante o el derecho a exigir represión
Por Pablo Hernán Velázquez
En las redes sociales es imposible que no cruzarse con posteos de personas que se suben fácilmente a la ola del denuncismo de toda persona que vean en la calle, e incluso algunos piden el aval popular sobre denunciar o no hacerlo, como si se tratase del personaje de Cómodo en “Gladiador”.
Contrasta la figura del vigilante de los balcones con el último 24 de marzo, cuando la tradicional y multitudinaria marcha se reemplazó por una medida que llevo a colgar pañuelos en los balcones. La decodificación del permanente mensaje mediático les da un nuevo significado a esos balcones, que irónicamente se convirtieron en un mirador para detectar y señalar a quienes violan la cuarentena.
Ilustración Martín Villarroel Borgna @martin_vibo
Esta es sin dudas otra de las patas sobre las cuales se sostiene el accionar represivo del Estado y sus fuerzas policiales, llamadas a actuar con un inusual clamor ante la amenaza de presuntos irresponsables que según ellos “no entienden que estamos en una situación de emergencia sanitaria”.
La titular del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) Claudia Cesaroni lo describió en una entrevista a FM La Tribu como “un animus vigilante que se le despertó a una cantidad de vecinos y vecinas que andan mirando si uno sale o no sale a la calle, y no sabe si uno sale porque es médico, porque es periodista o porque tiene que ir a comprar la comida”.
El historiador Luis de la Cruz hizo un interesante paralelismo en la publicación digital madrileña eldiario.es, donde tomó como punto de partida el concepto de la activista y urbanista Jane Jacobs, enfocado en las pequeñas escalas y el protagonismo de la gente: “era este un principio cargado de sentido común acerca de la seguridad en nuestras ciudades que viene a decir que los barrios más seguros son aquellos en los que la propia comunidad se vigila”.
En el artículo se traza una línea entre lo que en un momento era la representación de un “liberalismo amable” típico para las urbes más densamente pobladas y lo que con sus palabras califica como “policía vecinal o Gestapo del balcón”.
La persona que desde nuestros balcones vemos por la calle se convierte en el enemigo, sin importar si va a comprar comida, si se moviliza porque tiene a su cargo el cuidado de otra persona o si la propia calle es todo lo que le queda.
Algunas personas, entonadas por esa gorra de policía imaginaria que llevan con orgullo, aprovechan el aislamiento para compartir en sus redes sociales sus vivencias como policía de facto, y son incapaces de verse reflejados e interpelados por la realidad que nos excede.
En los grandes medios, también es evidente el rol denunciador. Durante todo el día, los canales de noticias se convirtieron en espacios masivos de linchamiento mediático y de “fiscalización” del cumplimiento de la cuarentena: literalmente hay canales que tramitaron permisos especiales para poner periodistas solamente en la calle, a mostrar y señalar el acatamiento del decreto presidencial. “Pelotudos que violan la cuarentena”, “el boludo surfista”, “el chino que jugaba al Pokemon Go”, “si ves algún irresponsable en la calle, denúncialo”, son algunas de las frases utilizadas en estos programas.
Con cámaras en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, las fuerzas policiales se lucen haciendo sus hiper rigurosos controles, y luego durante horas se desarrollan y editorializan casos particulares para justificar el número de detenidos al final del día. La maniobra es a todas luces alevosa.
La noticia es el “cheto” desclasado que se fue al exterior y exige al gobierno que lo traiga de vuelta, es el tipo que quería entrar el country con la empleada doméstica en el baúl del auto, es el dueño de la empresa que se fue a navegar por el Delta o el pasajero de Buquebus que se escapó del aislamiento. Lógicamente, cuando luego llega el momento de anunciar en horario central que el número de personas detenidas y notificadas supera por escandalo al de personas infectadas todo se traduce en un sentido común primitivo, antipático y poco solidario.
El Estado, ¿control sanitario o agitación desmedida?
«Seré inflexible con los que violen la cuarentena, porque son personas muy peligrosas que están exponiendo a todos los demás», dijo el presidente Alberto Fernández en una entrevista televisiva la última semana, el mismo día que en otro medio ratificó que “lo que no entra con la razón, va a entrar con la fuerza”.
Ese tipo de mensajes puede fácilmente ser interpretado y aplicado con el uso de la violencia por parte de la policía. Sus miembros –por lo menos, las fuerzas federales- forman parte de un cuerpo que lleva marcada a fuego la cultura de la violencia institucional como herramienta para “hacer cumplir la ley”.
El policía no tiene voluntad propia: reprime a estudiantes, trabajadores o personas en situación de calle sin cuestionarse que muy frecuentemente tienen sus mismos orígenes. Y lo hacen porque sólo pueden cumplir órdenes.
Pero también es verdad que la estructura de las fuerzas federales de seguridad que tenemos hoy la heredamos de la propia Dictadura Cívico-Militar. La Policía Federal Argentina se rige por la Ley 21.965 que firmaron en marzo de 1979 el genocida Jorge Rafael Videla y su ministro de Hacienda, José Alfredo Martínez de Hoz.
El articulado delineó los parámetros de una institución vertical y autoritaria que impide a sus miembros denunciar actos ilícitos por fuera de la estructura a la cual este subordinado, además de habilitar las fuentes de autofinanciamiento –como el juego clandestino, el narcotráfico y el proxenetismo-.
Por supuesto, toda la trama interna de delitos sobre los que se sostienen las fuerzas federales de seguridad de ninguna manera constituyen una excusa para justificar las más de 7000 muertes registradas por CORREPI desde el retorno de la democracia a la política, pero sirve para entender que una vez en ese lado del mostrador es tan difícil salir que las personas entrevistadas que pertenecieron a las fuerzas pidieron no ser nombradas, por temor a represalias.
Lo que Macri y Bullrich hicieron en estos últimos cuatro años al envalentonar los ánimos represivos no pueden ser siempre una excusa para avalar los mensajes virulentos que la representación máxima de un estado democrático propala por televisión abierta, aparentando desconocer la multiplicidad de casos de violencia institucional que derivan del poder que se les dio a los cuerpos de seguridad.
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