La Ley de Basura Cero fue sancionada hace doce años en la Legislatura, y en este punto, la Ciudad no debía superar las 357.000 toneladas de residuos enterrados. Pero, según los datos oficiales, en 2017 se dispusieron 1.101.202 toneladas, tres veces más que lo exigido por la ley. Ante la crisis de residuos que atraviesa el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las organizaciones Salud sin Daño, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Coalición Ciudadana Anti-Incineración, la Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA) y Greenpeace Argentina reclamaron que tal mala administración política tendrá consecuencias graves en el medio ambiente, y que el mal funcionamiento de los últimos años en la ciudad habilitará la implementación de un mecanismo de tecnología ilegal y altamente contaminante: la incineración.

Esta tecnología, también conocida como Waste to Energy, no sólo viola la Ley de Basura Cero (N° 1.854) que prohíbe esta práctica, sino que es una fuente de energía sucia y no renovable que pone en riesgo la salud de los vecinos con compuestos tóxicos y cancerígenos, y sólo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires podría impactar directamente en más de cinco mil empleos vinculados a la cadena del reciclaje.

Las organizaciones que denuncian esta pésima decisión sostienen que las noticias difundidas en enero por la CEAMSE y el Gobierno de la Ciudad, en el sentido de la necesidad de esta práctica de incinerar basura es de imperiosa necesidad,  buscan allanar el terreno para esta  práctica antigua, que genera contaminación del aire y puede afectar la salud y la calidad de vida de la población.

El aprovechamiento de residuos orgánicos y reciclables a gran escala es una política que ha fracasado en la ciudad porque el gobierno no tiene la decisión política de sostener, fortalecer y desarrollar  una industria de la recuperación.

En noviembre de 2017 las organizaciones enviaron una carta a las autoridades del gobierno nacional, de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, expresando su preocupación ante el avance de los planes del gobierno para construir al menos siete plantas de incineración de residuos en el AMBA, y promoviendo el fortalecimiento del reciclaje y el compostaje como solución.

La quema de residuos busca tapar los errores de la gestión política de los sucesivos gobiernos que en la Ciudad de Buenos Aires no pudieron llegar a los objetivos de la Ley de Basura Cero, aprobada en 2005. Dicha normativa buscaba un descenso progresivo en la cantidad de basura enviada a los rellenos sanitarios de la Provincia. Doce años después de la sanción de la ley, la Ciudad no debía superar las 357.000 toneladas de residuos enterrados; sin embargo, según datos oficiales, en 2017 se dispusieron 1.101.202 toneladas, tres veces más que lo exigido por la ley. Luego de 11 años de gestión del PRO en la ciudad, el cumplimiento de la política de Basura Cero, una iniciativa que nació antes que asumieran, es un fracaso y la solución que proponen pondrá en riesgo la salud de todos.