Tratar y no poder: ¿cómo se combate la trata de blancas en la Ciudad de Buenos Aires?

Por Gonzalo Echeveste

En los últimos años, pese a la inexistencia de cifras oficiales, se pudo constatar que la cantidad de prostíbulos y departamentos en los que se recurre a la explotación sexual ajena en Capital Federal creció, y los organismos encargados de combatirlos, ya sea por ineficacia o connivencia, no cumplen una tarea eficaz para erradicar ni controlar la situación.
El 28 de abril de este año, mientras el centro de la escena mediática estaba enfocado en el incendio que había ocurrido un día antes en un taller clandestino de Flores y que provocó la muerte de dos menores de siete y diez años, el Gobierno porteño, a través de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) decidió renovarle la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables (RPLB) al prostíbulo “New Port”, ubicado en Recoleta. Dos semanas mas tarde, tras presiones de distintas organizaciones no gubernamentales (ONGs), la misma AGC llevó a cabo un allanamiento que tuvo como resultado el encarcelamiento de los dos dueños, el rescate de 15 mujeres explotadas sexualmente y la clausura del lugar.
¿Cómo es el mapa del funcionamiento y el combate del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en Capital Federal? ¿Qué organismos se encargan de llevar a cabo esta lucha y por qué es tan difícil combatirla?
El primer paso para poder entender cómo se lleva a cabo esta lucha, es necesario comprender los significados de todo el abanico de palabras que integran el mundo de la trata de personas: ¿qué significa trata de blancas? ¿es legal la prostitución? ¿siempre que existen prostíbulos hay delito de trata? Según la Ley de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas, es trata “la captación, con fines de explotación, mediante el engaño, la amenaza o cualquier medio  abuso de situación de vulnerabilidad sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta”. En el ámbito de la explotación sexual –o trata de blancas– , existe delito de trata cuando “se facilitare o comercializare la prostitución ajena”. Aquel que cometiera el delito “será reprimido con una pena de tres a seis años de prisión”.
Según el artículo 15 de la ley 13.331, conocida como Ley de Profilaxis y Enfermedades Venéreas, se estableció -en 1933- la “prohibición en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella”, es decir, prostíbulos. No es ilegal la prostitución, mientras ésta sea consentida, y no existan intermediarios que faciliten el desarrollo de la misma. Sin embargo, es difícil establecer una línea entre el consentimiento y el sometimiento.
El delito de trata es delito federal, lo que permite que los jueces y fiscales federales transitar las diferentes jurisdicciones -sin pedidos formales en cada provincia- en busca de los responsables.
Así fue como se creó la Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), que en 2013 pasó a llamarse Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (PROTEX), como instrumento para llevar adelante estas iniciativas y cuyo objetivo consistió en desarrollar y llevar a cabo las investigaciones y ayudar a los fiscales de las distintas provincias a mejorar la política de lucha.
Si nos trasladamos a la Ciudad de Buenos Aires, el principal eslabón de la cadena para el combate de lucha contra la trata es, entonces, el poder judicial, en el que se incluyen a los fiscales y jueces federales, encargados tanto de investigar y ordenar los allanamientos a los establecimientos donde funcionasen redes de trata.

La justicia, la primera implicada

Un documento elaborado por la PROTEX revela que la Capital Federal es uno de los distritos con menos condenas por el delito de trata de personas. “La Justicia federal de la Capital Federal ha recurrido en distintas oportunidades a soluciones procesales que llevaron a la recalificación jurídica de hechos que podrían haber sido también calificados como trata, y que incluso habían sido elevados a juicio oral bajo esta figura”, explica el informe en el que se remarca que de las 122 sentencias por este delito en todo el país, entre 2010 y 2014, solo dos se dieron en los fueros porteños. “Los jueces esgrimen que no existe trata de personas, esos son sus argumentos legales”, explica Laura Lanz, abogada del partido Bien Común, del legislador Gustavo Vera, quién impulsó la creación de la Comisión Especial de Trata de Personas en la Legislatura porteña, y aclara que “sí existe ejercicio ilegal de la prostitución, pero al no haber delito contra la ley de Trata, estas causas bajan a la justicia ordinaria y terminan encajonadas”.

Gobierno de la Ciudad vs. ONGs

La magnitud de la problemática implica que no solamente sea la PROTEX la encargada de combatir la trata de personas, sino que exista una interacción constante con organizaciones no gubernamentales, como La Casa del Encuentro, Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata (RATT) y Fundación La Alameda.
Esta última, quizás una de las más reconocidas y efectivas, desarrolla dentro de sus tareas la recepción de todas las denuncias de aquellos lugares en donde presuntamente se cometen delitos de explotación sexual. Layla Natucha, encargada de recibir estas denuncias, explica que “se trabaja mayoritariamente con los vecinos en los barrios”. “Somos el medio para aquellos que por desconocimiento o miedo, no quieren hacer la denuncia ante un organismo oficial”, agrega.
Al no existir estadísticas oficiales por parte de la Ciudad de Buenos Aires, en 2013, La Alameda recopiló todas las denuncias efectuadas, y logró constatar la existencia de 616 locales donde se ejerce prostitución. Ciertas denuncias, no todas ya que “La Alameda no cuenta con los recursos suficientes”, son investigadas por integrantes de la propia fundación. Tal es el caso de Lucas Scharer, periodista y referente de la ONG, que llevó a cabo la investigación del local New Port y su consiguiente denuncia.
“Muchas veces no se reacciona con el tiempo que se necesita, los jueces ponen muchas trabas y entorpecen la posibilidad de reaccionar rápido”, comenta y reconoce que detectar los lugares donde funcionan los delitos de explotación sexual es “tan sencillo como ir agarrando los volantes que aparecen por Corrientes”. Es que si uno recorre las zonas céntricas de Capital Federal – Microcentro, Balvanera, Once y Recoleta – como también las calles de Flores, Liniers y Retiro, puede encontrarse contra las paradas de los colectivos, las fachadas de los comercios y los tachos de basura con volantes en el que se exhiben teléfonos y direcciones donde funcionan “privados”. Según un informe de la AGC, entre 2010 y 2013 (últimas cifras conocidas hasta la fecha), estos tres últimos barrios fueron los que recibieron mayor cantidad de denuncias, aunque no detalla la cifra total.
“Nuestros números se duplicaron cuando la denuncia judicial se elevó ante el Juzgado de Instrucción Nº25 y tanto la fiscal Viviana Fein y el juez Alberto Baños pudieron comprobar la existencia de 1257 locales”. Con respecto a la evolución de la cantidad entre 2013 a la actualidad, Scharer explicó que “no es estático el manejo de la mafia, por lo que esta cifra va cambiando. A veces es mayor, a veces menor, pero aproximadamente oscila entre 1200 y 1300”.
La AGC tiene la función de autorizar el funcionamiento de comercios y espectáculos, entre otros rubros, como así también controlar el funcionamiento de todos los locales comerciales, boliches y eventos en la Ciudad.
“Actualmente, los máximos directivos de la AGC, su director Juan Jose Gomez Centurión y el Jefe de Gabinete, Rodrigo Bonini, no se encuentran dando entrevistas”, comenta Silvia Ferro, al consultarlos acerca del accionar de la agencia con respecto a la habilitación de los locales que funcionan como fachada de prostíbulos.
Según el informe “Prostitución: Locales Clausurados por la AGC. Marco de Actuación”, se lograron la clausura de 140 locales, entre los que se clasificó en dos categorías: “privados”, que son aquellos que, a diferencia de lo que indica su nombre, dan a la calle y generalmente tienen las puertas abiertas, y los que mayor publicidad tienen en las calles; y bares donde “se desvirtúa la actividad”: estos son los prostíbulos donde las mujeres son explotadas bajo el mote de “coperas”, ya que para poder salir con el cliente, primero deben ser invitadas con una copa, que cobrará el lugar como comisión.
“Hace años que vienen renovando habilitaciones, y es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad”, alega Scharer. El informe remarca que se revocaron habilitaciones de cuatro boliches, se le rechazaron la habilitación a otros seis, y se dieron de baja del Registro Público de Locales Bailables (RPLB) a dos más.
Entonces, mientras que entre 2010 y 2013, 1257 locales fueron denunciados, 140 fueron clausurados por la AGC. Pero hay un dato que cabe destacar y es que los departamentos privados presentan un alto porcentaje de Violación de Clausura: el informe de la AGC estima que alrededor del 70 por ciento de aquellos que son clausurados, vuelven a abrir sus puertas. “La AGC denuncia ante la UFASE de Nación y/o a la Justicia en sus fueros competentes las clausuras, que son de carácter administrativo. A partir de allí, es la policía quién debe procurar que no se continúe con la actividad”, explica Martín Arcidiano, de la Unidad de Prensa de la AGC.

La Policía: el mayor inconveniente

La policía también es responsable de prevenir el delito de trata. “¿Previenen o administran los niveles de delitos?”, preguntaba el fiscal federal Federico Delgado al presentar la investigación preliminar con expediente Nº123518/14, acerca de la existencia de 36 locales donde funciona una red de prostíbulos. En la misma especificó que “varios de los domicilios poseen reiterados antecedentes que anuncian al lugar como afluente de delitos de trata de personas, que ya fueron sometidos a allanamientos y clausuras, pero en todos estos casos, la policía llegó tarde”.
En junio de 2014, el Juez Federal Ariel Lijo presentó la causa N°382/13 ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, en la que se investigó la existencia de diez departamentos privados denunciados por delitos de trata de personas en distintos barrios de Capital Federal. Según el documento, “la explotación sexual contaba con protección policial, llevada adelante por oficiales de las comisarías 5ta y 4ta”. Más adelante, explicaba que “la total connivencia policial era una circunstancia clara y cotidiana para las mujeres explotadas”. Lanz advierte que “las propias comisarías le avisan a los prostíbulos que van a ser allanados, y es por eso que cuando llegan los distintos organismos, no encuentran delito”.
Natucha agrega que esta complicidad dificulta el aumento de locales denunciados: “Muchos vecinos no hacen la denuncia al ver a los patrulleros entrar y salir. He llegado a recibir algunas denuncias en la que me comentan que un efectivo le pasó el teléfono de nuestra organización para que la denuncia llegue a buen puerto”.

En la Ciudad, el Comité de Lucha contra la Trata…¿trata?

Según una resolución de la Procuración General de la Nación (PGN), los incumplimientos legales para el funcionamiento de prostíbulos y departamentos privados “se vinculan con competencias funcionales de prevención, control de habilitaciones, elaboración de leyes y ordenanzas municipales”. Es así, entonces, que cada municipio debe tener su propia legislación.
“La implementación de la ley de trata corresponde a Nación y la regulación a Ciudad”, explica Natucha. En 2008, la legislatura porteña aprobó la ley N°2871, que, entre otras cosas, obligaba al gobierno a “generar mecanismos tendientes a favorecer la detección de casos de trata de personas” y a crear una autoridad de aplicación. En 2010, la diputada del PRO María Eugenia Rodriguez Arraya presentó un proyecto de ley para crear una Oficina contra la Trata de Personas y así “centralizar y abordar todos los temas referidos a ella”. Aprobada por la Legislatura, se disponía la creación de una comisión permanente integrada por cinco representantes del Ejecutivo, del Poder Judicial y del Legislativo, además de la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La oficina debía contar con una planta profesional y un presupuesto propio.
Sin embargo, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, la vetó para “salvaguardar el principio de división de poderes” y creó un Comité de Lucha contra la Trata de Personas, en el que se excluyó a los poderes legislativo y judicial y se le demandó a cada área a corresponder una parte de su presupuesto, sin gastos adicionales.
Actualmente, el Comité no cuenta con una oficina en particular, ni teléfono, ni información en Internet, excepto un mail que no da respuesta, ya que sus representantes se juntan cada tres o cuatro meses. “Para alguien que no sabe donde realizar la denuncia de un delito de trata en la Ciudad, le resulta difícil al no existir un aparato de lucha centralizado; suele pasar que cada uno se traspasa el problema. Es una lógica de gobierno: en las áreas de Vivienda y Seguridad pasa lo mismo”, indica Lanz.
Marisa Fresco, Directora de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos (SSDH) del Gobierno de la Ciudad, cuenta que trabajar en los distintos allanamientos que realiza el Comité “es complicado” ya que “hay cinco ministerios al mismo tiempo, con los que no se trabaja cotidianamente, y se tiene que armar rápido un equipo multidisciplinario”.
“Si me preguntás si se hizo, se hizo bastante. ¿Lo suficiente? Quizás no. Entiendo que se ha crecido mucho en la lucha contra la trata, con las limitaciones que todos tenemos en algunas materias: presupuestarias, de equipos de trabajo, el ejecutivo las tiene, la justicia también, como así la policía”, indica Leo Szuchet, abogado, coordinador del Comité de Lucha contra la Trata y director del Programa de Asistencia y Atención a la Víctima, de la SSDH. A su vez, entiende que una de las problemáticas más importantes tiene que ver con la existencia de clientes: “Esto es una máxima, si logramos que la gente pueda entender que si no consume un producto que es parte de un delito, le va a hacer muy bien a la posibilidad de lucha contra eso, va a ser una batalla ganada muy importante”. Por el contrario, Lanz cree que “es necesario un cambio estructural muy grande para que la lucha contra la trata empiece a funcionar” y considera que el sistema encargado de combatirla es “corrupto e ineficiente, en especial, dentro de la justicia y la policía.”