Un golpe a los derechos de los trabajadores

   En la reunión, Furnari aseguró que había subsidios disponibles para la cooperativa Por Más Tiempo, que edita Tiempo Argentino. Sin embargo, ignoró que Por Más Tiempo ni siquiera se ha conformado como una cooperativa formal. La página web de la organización escribió: «La salida que precisan los trabajadores es integral, desde seguridad para evitar una nueva intrusión al edificio hasta fondos para reparar los destrozos provocados por Martínez Rojas y su patota, pasando por cobertura de salud, capital de trabajo y un plus salarial para equiparar los ingresos a los básicos de convenio, entre otras necesidades». Finalmente, no hubo ningún avance.

Martínez Rojas fue imputado esta tarde por la fiscal Verónica Andrade por la violenta irrupción a Amenábar 23 durante la madrugada de ayer y argumentó que «fue autorizado por la policía». La Fiscalía de la Ciudad informó de su imputación y de las personas que lo acompañaron por el delito de usurpación (181 del Código Penal) y por Daños (183 CP) en la sede de la cooperativa conformada por sus trabajadores.

La versión del acusado para Diario Perfil fue que paró a un patrullero de la Policía Federal, le dijo que su llave no andaba y que, documentación mediante, lo autorizaron a entrar. Aunque también dijo que no tiene copia del acta labrada y que -sin duda- la Comisaría 31 cuenta con ella. Además, dijo que los que ocasionaron el desbande fueron militantes de La Cámpora.

Esta historia contrasta con la versión de todos los periodistas que estuvieron presentes ayer durante el ataque. Alejandro Wall, delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), afirmó en diálogo con Colibrí Revista: «Ingresaron no sé cuantas personas al medio, muchos encapuchados, agredieron a los compañeros que estaban cubriendo la noche en la redacción y tomaron el edificio».

«Fue un atropello brutal a la libertad de expresión, que nos lleva a lo peor de la historia y que necesita un golpe enérgico de las fuerzas democraticas», declaró Martín Sabbatella, ex presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), esta mañana en Radio América.

«La policía custodió a los atacantes en complicidad con un Estado presente en la acción», dijo el diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires. Gabriela Cerruti, periodista y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, agregó que es clara la complicidad del gobierno con este hecho, porque sino no hubiese sido posible. «En ningún lugar de Buenos Aires puede actuar una patota durante cuatro horas frente a la policía», sostuvo.

«Ni aunque estés en la peor situación de tu patrón ni aunque no te paguen hace seis meses, nunca un trabajador rompería sus herramientas de trabajo», opinó Cerruti. El presidente de Nuevo Encuentro, Sabbatella, añadió: «Quienes creemos en la pluralidad de voces sabemos que esta diversidad enriquece la democracia y por eso tenemos que actuar y frenar estos hechos».

Maximiliano Ferraro, diputado y presidente de la Coalición Cívica, sostuvo en Radio América: «Cuando entré al edificio sentí indignación, repudio el accionar de esta patota que ingresó a destruir las fuentes de trabajo y también a ponerle nombre propio a empresarios impunes como Szpolski, Garfunkel y Martínez Rojas porque atentaron contra la libertad de expresión, de información y el derecho al trabajo. Hay que hacerse cargo de que hubo un Estado que, sin importar su color, permitió el accionar». Y concluyó que «Este fue un atentado a los derechos humanos que tenemos que defender en democracia».

Es pertinente aclarar que cortar una señal estatal es un delito federal. Martínez Rojas amenazó diversas veces con cortar Radio América. Cynthia Ottaviano, defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, dijo: «Hemos enviado las notas a la autoridad de aplicación donde claramente dice que el Estado tiene que garantizar la continuidad del servicio, tiene un rol clave pero las respuestas son absolutamente ausentes. Esto es en un contexto de adversidad, donde se venden licencias como si fueran caramelos. En nombre del decreto de Mauricio Macri, Sergio Szpolski le vendió la licencia a Martínez Rojas, a quien no conocemos pero empezamos a conocer por estos actos de violencia».