La migrante expulsada en febrero y separada de dos de sus hijes puede regresar al país. Un caso que deja a la vista la jurisprudencia racista y xenófoba del Estado argentino.
Por Diego Gutierrez Pavón
Ver como crecen les hijes. Acompañarles. Escuchar como cambian sus voces, las nuevas palabras, transmitirles amor, darles de comer, reír juntos, llorar juntos, vivir lo cotidiano. La piel junto a la piel. Alimentar ese lazo entre madre e hijes, caminar a la escuela, madrugar, charlar del futuro, jugar, y todo lo demás. Lo intransferible a palabras. A la ausencia de todo eso, y más, fue condenada sin juicio previo Vanessa Gómez Cueva y su familia, desde febrero pasado cuando la deportaron con su hijo de dos años a Perú, y la separaron de sus hijos de 6 y 14 años.
El destierro es una forma de tortura bajo el marco de alguna figura legal. Los días y meses pasan lentos como las injusticias más crudas. Vanessa había sido sentenciada a cuatro años de prisión por tenencia de estupefacientes para su comercialización. Cuando fue liberada se dedicó a su familia y a estudiar. Se recibió de enfermera. Pero, así y todo, fue expulsada del país. Sin tiempos ni derecho a una defensa. Sin reparos en afectar a su familia.
Ahora, el director de la Dirección Nacional de Migraciones, Horacio García, luego de que el caso sea analizado por Naciones Unidas, anunció que por razones humanitarias Vanessa Gómez Cueva puede regresar al país. La presión internacional, el activismo diario llegó a su objetivo. Esto se vive con un paso adelante para les miles de inmigrantes que tienen que sortear la persecución judicial para trabajar, estudiar, simplemente vivir en estas tierras.
Carla Montero, integrante de Ni Una Migrante Menos, Bloque de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes y activista de la campaña MIGRAR NO ES DELITO dice en diálogo con Revista Colibrí: “Recibimos la noticia con mucha alegría, pero teniendo en cuenta que el caso de Vanessa no es el único. Nos interpela su caso porque es una mujer migrante, porque se la criminaliza por la causa que estuvo detenida como si a las personas les gustara trasladarse de un lugar a otro transportando droga. La separan además de sus hijos mayores. Exigimos ahora que devuelva el Estado argentino a todos los compañeros y compañeras que han sido expulsadas arbitrariamente y separadas de sus familias y que se deroge el decreto 70/2017, implementado por el gobierno de Macri y que habilitó toda esta ola de expulsiones arbitrarias para buscar un enemigo interno en esta crisis económica”.
El odio al extranjero no comenzó con Macri en su puesto de presidente recuerda Carla al analizar la gestión Cambiemos. “Desde que era Jefe de gobierno, siempre, tuvo una postura xenófoba, racista y discriminatoria, no fue de extrañarnos que empezaran las políticas contra la comunidad migrante desde que empezó su mandato. En 2015 arranca con la cárcel para migrantes de Pompeya y luego el decreto 70/2017 que se implementa justificando que van a combatir el narcotráfico”, afirma y agrega: “Se criminaliza la comunidad diciendo que las cárceles tiene un 30 por ciento de migrantes, que muchos vienen a delinquir, se ataca a los países limítrofes y también la gestión de Horacio Garcia, como titular de Migraciones implementa esa diferencia entre el buen migrante y el mal migrante. El que está laburando de mesero y es abogado y otro que viene a delinquir. Todo esto apoyado por los medios hegemónicos y los discursos que cuentan que venimos ocupar hospitales, a quitar trabajo, todo desmentido por las cifras oficiales”.
Carla recuerda, además, los casos de migrantes detenidos en masivas movilizaciones. Detenciones que fueron utilizadas por la ministra Patricia Bullrich para estigmatizar a la comunidad extranjera. Y resalta como lo más importante en la actualidad y los próximos tiempos. ”Desde las organizaciones migrantes una de nuestras luchas principales, gobierne quien gobierne a partir de octubre, es la derogación del decreto 70/2017”. El mencionado decreto implementado unilateralmente permite la expulsión de extranjeres en tiempo record, sin derecho a la defensa. Una medida que primero expulsa y luego pregunta.
Mariana Brito Olvera, también del colectivo Ni una Migrante Menos, reafirma: “Seguimos con el puño en alto por la derogación del decreto porque asocia a les migrantes con la delincuencia. En los últimos tiempos hemos visto el crecimiento en forma numerosa de órdenes de expulsión. Tomamos el ejemplo de Vanessa como un caso paradigmático, pero no es el único. Queremos que cesen las expulsiones y que se derogue este decreto xenófobo y racista”.
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