¿Vidas o economía? La respuesta del ecologismo popular

Por Irina Sol Pilosoph Postan

Foto de portada: «Docentes por la vida»

El dilema que se popularizó con la emergencia del coronavirus a nivel global se presenta falaz desde su enunciado: sin vidas humanas, no hay actividad económica posible. Escapando a esta lógica cortoplacista, quedan otros interrogantes necesarios. Entre ellos, a qué vidas y a qué economía nos referimos.

Una gran parte de la población concuerda en que lo primordial ante el avance de una enfermedad que puede causar la muerte es preservar la salud y la vida de los seres humanos. Cabe preguntarse entonces, qué sucede con otras afecciones, también mortales, y que son causadas por un sistema capitalista perverso. El mismo que, a raíz de la destrucción de la naturaleza, permite la propagación de enfermedades.

Tomando esta problemática como punto de partida, Revista Colibrí dialogó con investigadoras y referentes de la ecología popular para entender, desde una perspectiva social, las causas estructurales de la pandemia y sus consecuencias.

Foto: «Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto»

La Naturaleza como mercancía

Si bien no existen explicaciones monocausales, es innegable la incidencia de la destrucción de los hábitats naturales a nivel global en la aparición de nuevos virus, y transmisión de zoonosis, en este caso, la Covid-19.

En el sistema global contemporáneo la Naturaleza es vista como una mercancía. Esto se traduce en que, bajo una mirada antropocéntrica del mundo, los “recursos naturales” son elementos que están a disposición del ser humano para su explotación. De esta manera, hay un aumento exponencial de las fuerzas productivas, se avanza sobre los territorios y se arrasa con su ecosistema. En simultáneo, las granjas industriales con animales explotados, hacinados y en condiciones de higiene paupérrimas, son el caldo de cultivo perfecto para la combinación de virus que luego se adaptan y contagian a seres humanos.

En esta línea, la doctora en Ciencias Sociales y especialista en conflictos ambientales, Gabriela Merlinsky, explica la forma en que el capitalismo rompe con el metabolismo humanos/naturaleza: «Esto se acelera porque el capitalismo no tiene techo en su tasa de extracción de recursos, debido a que la idea es crematística. Cuanto más rápido se venda un bien mejor, porque se intensifica la circulación”.

Con la globalización, las consecuencias de este “crecimiento” a costa de la naturaleza se distribuyen de forma desigual entre regiones y, al interior de éstas, entre clases sociales, ya que son los sectores vulnerables los que viven en suelos de menor valor porque están contaminados. Este impacto diferencial se cristalizó en las villas y barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, ciudad más rica del país, donde la falta de agua potable, las condiciones de hacinamiento y la desidia estatal se tradujeron en muertes evitables.

Mercedes Pombo, militante de la organización Jóvenes por el Clima apuntó que “Aunque los problemas ambientales nos afectan transversalmente a todos y todas, hay un impacto diferencial porque es un factor más que profundiza las desigualdades sociales preexistentes”. “Incluso la valoración del suelo se hace muchas veces en términos ambientales, entonces son los sectores mas vulnerables quienes viven al lado de rellenos sanitarios, en áreas inundables, en lugares donde se rocía con agrotóxicos y también quienes tienen menos herramientas para enfrentarse a esta situación”, enfatiza.

La huella ecológica es la superficie de tierra y de agua que se necesita para abastecer a una población y absorber los desechos que genera. Según un informe elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente de México, a cada habitante del planeta le corresponderían 1.8 hectáreas. Pero, en función de la distribución desigual de recursos, “en 2008 la huella ecológica de un estadounidense fue de 7.2 hectáreas, de un mexicano 3.3 y de un haitiano 0.6”.

El diagnóstico se agrava al incluir en el análisis la biocapacidad, que es la capacidad del ecosistema de reproducirse mediante las áreas biológicamente productivas. Según el informe elaborado en 2018 por la organización conservacionista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, su sigla en inglés), “la demanda de la humanidad ha excedido la capacidad de renovación de la Tierra”. Pero, en función de la enorme desigualdad económica entre países, en algunos existe un desequilibrio entre la huella ecológica y la biocapacidad, mientras que otros todavía tienen superávit.

El actual modo de producción es estructuralmente injusto porque implica que la riqueza producida a costa del menoscabo de la vida, se concentre en muy pocas manos. Es también inhumano, porque se normaliza que quien no tiene dinero pueda morir de hambre, a la vez que se desplaza a las comunidades y se las deja, o intenta dejar, sin posibilidad de producir alimentos.

Como escribió la referente ecofeminista Vandana Shiva, estrechamente vinculada a los movimientos populares del sur, “todas estas son guerras en tiempos de paz, que ocurren en nuestras vidas cotidianas y son la última expresión de la violencia en un sistema que ha puesto las ganancias por encima de la vida, el comercio por sobre la justicia, y que ha convertido la ética y la ecología en tecnologías violentas”.

En América Latina en general, y en Argentina en particular, el agronegocio, la industria y la minería generan daños ambientales y, en simultáneo, problemas económicos, sociales y de salud. Sobre todo, en las poblaciones más vulnerables. La destrucción del ecosistema, las malformaciones congénitas, los problemas respiratorios y los casos de cáncer en localidades cercanas a los territorios fumigados, son algunas de sus consecuencias.

En el «Atlas del Agronegocio transgénico en el Cono Sur. Resistencias y propuestas de los pueblos”, publicado este año, las organizaciones nucleadas bajo el lema Acción por la Biodiversidad, denuncian esta expansión de los monocultivos: “Argentina contaba con 6,6 millones de hectáreas con soja (convencional) en 1996, y llegó al pico máximo de 20.500.000 hectáreas de soja transgénica en 2015. El maíz pasó de 4,1 millones de hectáreas en 1996 a 6,9 millones en 2015. En ambos casos, tanto soja como maíz, se pasó de producciones convencionales a cultivos transgénicos”.

Sobre este aspecto Mercedes Pombo apuntó que “en Argentina, donde predomina el monocultivo de la soja, el impacto que se genera tiene que ver, en buena medida, con el desgaste de los suelos, el cambio climático y casos de efecto invernadero. Pero también, con consecuencias para la salud de la población por el uso de agrotóxicos”. El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo.

En el año 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo calificó como probablemente cancerígeno para el ser humano. Dato alarmante teniendo en cuenta que, según advierten en un informe elaborado en 2014 por Etc-Group y el Movimiento de trabajadores Sin Tierra (MST) de Brasil, en Argentina “se usan 250 millones de litros por año de glifosato sobre un total de 600 millones de litros totales de agroquímicos, en una superficie ocupada por 11 millones de habitantes, lo cual en promedio significa 6 litros de glifosato y 10 litros de agroquímicos por habitante”.

A continuación, les autores afirman que “en Argentina existen 23 millones de hectáreas de transgénicos sobre 33 millones de hectáreas cultivadas, lo cual se tradujo en un aumento exponencial del uso de agrotóxicos, particularmente glifosato”.

Esta forma de “desarrollo” no sólo es violenta, sino que el extractivismo, propio del sistema capitalista, es además colonial y patriarcal. En palabras de la Doctora en Ciencias Sociales y especialista en minería, Marian Solá Álvarez, “el modelo extractivista opera desde la lógica de la dominación y el sometimiento y está impregnado de la violencia propia del patriarcado y de los regímenes coloniales”. Agrega además que “existe una jerarquía que habilita a la explotación, la depredación y la profundización de las desigualdades de género, socioeconómicas, territoriales, entre otras”.

Respecto a la megaminería, Solá Álvarez advierte que esta actividad genera impactos graves, muchos de ellos irreversibles en los territorios y que su expansión “sólo es posible a partir del ejercicio de prácticas violatorias de derechos humanos”. Sin embargo, desde la década de los 90′, “se encuentran con diversos grados de desarrollo, proyectos mineros a gran escala, generalmente llevados adelante por grandes compañías trasnacionales que tienen como objetivo la extracción de oro, plata y cobre, entre otros”.

Detalla que, conforme los informes oficiales, son cuatrocientos treinta y cinco los proyectos mineros existentes, la mayoría en la etapa inicial. Mientras que hay alrededor de veinte en estado de exploración avanzada y diez, los proyectos que se encuentran en explotación, ubicados en las provincias de Catamarca, Jujuy, San Juan y Santa Cruz. Por otro lado, y en función del creciente proceso de feminización de las luchas, explica que son las mujeres las que “acusan recibo del impacto de la violencia propia del modelo minero”. A esto se suma que en la minería “las características de empleo conllevan a una profundización de las relaciones patriarcales y con ello, a mayores niveles de explotación sexual y violencia de género”.

La perspectiva de género dentro del ecologismo es central porque las tareas de cuidado, tanto cotidianas como las que se generan como consecuencia de la crisis ambiental, suelen recaer en mujeres en forma de trabajo no remunerado. La lucha de las madres del barrio Ituzaingó y de las maestras de los pueblos fumigados, son una muestra clara.

Sobre la mesa, la soberanía alimentaria

Bajo la hegemonía del agronegocio, los alimentos son una mercancía más. En Argentina, la consolidación de este modelo implicó el avance de los transgénicos, semillas modificadas para que presenten una determinada característica, y el uso de agrotóxicos. Se desplazaron huertas y se las sustituyó por monocultivos, principalmente para la exportación, y se fumigaron (y fumigan) pueblos con veneno. A esto se suma que no son los pueblos los que eligen, ni siquiera mediante sus representantes, qué ni cómo se produce en el país. Las grandes corporaciones trasnacionales, con complicidad del poder político, lo hacen por ellos.

En este sentido, Revista Colibrí consultó a la investigadora del CONICET, Tamara Perelmuter, por la importancia de ejercer la soberanía alimentaria. Explicó que ésta tiene que ver con “quién define, dónde y con qué criterio qué es lo que comemos. Ahí hay que discutir no solamente poder tener alimentos sino qué tipo de alimentos: que sean alimentos sanos y culturalmente apropiados”. Resulta evidente que, con la expansión de los monocultivos para exportar y alimentar animales, la soberanía alimentaria se ve seriamente comprometida.

“La soberanía alimentaria empieza a tener mucho sentido político cuando se comienza a avanzar el modelo de los agronegocios y el modelo de las semillas transgénicas, y cada vez se vuelve más importante discutir qué es lo que estamos produciendo y consumiendo, quién decide qué se produce, qué se consume y, sobre todo, quiénes son los sujetos que están hoy produciendo en nuestros campos”, agrega.

Tal es el interés en el mercado de semillas, que la empresa multinacional Monsanto solicitó expandir el régimen de patentes sobre las semillas genéticamente modificadas, de forma que soporten los herbicidas que ellos mismos fabrican. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) denegó la solicitud por tratarse de materia no patentable. Monsanto demandó al Estado Argentino y la causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que en 2019 declaró inoficioso su pronunciamiento, toda vez que, por el tiempo transcurrido, el asunto devino abstracto.

En el Siglo XX, la llamada “Revolución Verde”, que irónicamente sentó las bases para el modelo de la agroindustria, comenzó a poner el foco en las semillas híbridas como un negocio estratégico. De esta manera, pasaron a formar parte de un mercado concentrado y que es controlado por grupos trasnacionales. Las semillas, que en su estado original se reproducen naturalmente, se compran a estas grandes empresas. Desde el comienzo del proceso productivo, la soberanía alimentaria en este modelo es nula.

La Covid-19 puso en evidencia el andamiaje siniestro sobre el que se edifica el capitalismo en su fase actual: despojo, muerte, explotación, extractivismo, profundización de las desigualdades preexistentes. Si realmente queremos preservar la salud y la economía es impostergable modificar nuestras formas de vivir, producir y consumir. La construcción de otro mundo no es utópico. Es urgente.