Cristian Felipe Rodríguez Martínez tenía tan sólo diecisiete años cuando fue asesinado por un vecino. Mientras pintaba un grafitti en el barrio de Almagro, fue víctima de uno de los tantos hechos de violencia que suceden en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Crímenes de odio y que demuestran la discriminación que se manifiesta frente al artista no hegemónico.
Asesinado a tiros por un vecino – quien aparentemente lo confundió con un ladrón, dejando en claro que la vida de un delincuente vale menos que una pared-, el episodio debe inscribirse en las ya demasiado frecuentes respuestas cargadas de violencia irracional por parte de la ciudadanía.
Según relataron los amigos del joven colombiano, que le hacían de campana desde la calle, el chico le gritó al hombre «soy graffitero», pero el vecino volvió a disparar. Herido, el joven fue traslado donde falleció. La bala dio en el muro del balcón del piso superior de la casa. El joven quedó paralizado y se bajó de un salto del alero. «Cristian nos pidió que lo revisáramos, pero en ningún momento vimos sangre», aseguró un amigo del joven. «Yo me acerqué y vi que estaba mal, que estaba en shock. Pensamos que había sido por el golpe», explicó el amigo que llamó a una ambulancia para el grafitero. Al mismo tiempo llegaron «tres o cuatro» patrulleros de la Policía de la Ciudad, explicó.
Responder con un arma cargada frente a un hecho desconocido trae aparejadas consecuencias imprevisibles. Por ejemplo, la de asesinar a una persona inocente, situada en el lugar equivocado a la hora equivocada. La defensa propia que pueda argumentarse en este u otros casos similares tiene una especificidad: debe haber una intención de daño o agresión a todas luces inexistente en el joven grafitero.
Desde la Defensoría del Pueblo llamamos a profundizar el debate y las acciones de prevención sobre las distintas formas de violencia que nos atraviesan. Es necesario generar un mensaje muy potente que llegue al corazón y a la conciencia de la población. El camino para superar la violencia es revisar nuestras prácticas, y fortalecer las instituciones del Estado y de la comunidad. Monitorear el funcionamiento de las instituciones que deben velar por la seguridad ciudadana y generar el espacio de participación para que su cumplimiento sea real.
Frente a cualquier hecho que amenace aparentemente la seguridad personal, es preciso acudir a los organismos públicos y exigirles rapidez y eficacia. Nuestro rol desde la Defensoría del Pueblo será ampliar las acciones de control para que los y las ciudadanas no incurran en conductas que solamente amplíen la espiral de violencia y generen nuevos sufrimientos.
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