Cuarentena represiva, ¿la policía es más peligrosa que el Covid-19?
Por Pablo Hernán Velázquez
Desde el 20 de marzo, el Decreto 297/2020 instrumenta el Aislamiento social, preventivo y obligatorio y pone a las fuerzas de seguridad a controlar el cumplimiento de la medida. A pocas horas del extenderse la cuarentena hasta el 12 de abril, la medida mantiene un numero bajo de contagios de Covid-19 (820 casos), pero 524.557 personas tienen una causa penal por violación de la medida, 13 mil personas permanecen detenidas y los casos de violencia policial se acumulan.
¿Qué pasa cuando en los barrios populares aumenta el control policial? ¿Puede el Estado hacerse el desentendido en casos de violencia institucional? ¿Qué pasa cuando cumplir con el aislamiento se hace imposible?
La cuarentena obligatoria marcó un cambio rotundo la vida diaria, así como en la sociedad. En este período de prolongación indefinida pudimos dar cuenta también que las fuerzas represivas van a ser siempre el último recurso de los gobiernos para aplicar medidas de shock, por más progresistas que parezcan de palabra.
Que quede claro: la cuarentena es la única medida cuya efectividad para ralentizar el avance del Covid-19 y cuenta con evidencia internacional. Limitar al máximo posible el contacto entre las personas reduce la posibilidad de circulación comunitaria del virus. No obstante, lo que ya aumentó exponencialmente es el número de casos de violencia institucional, con unas fuerzas de seguridad amparadas por la urgencia, y por el aval de terceros que alimentan esa sed represiva.
Virtual estado de sitio y “voyeurismo policial”
El 23 de marzo, un hombre del humilde ‘Barrio Malvinas’, en La Pampa, que había salido en horas de la tarde a comprar pan –acción que no está prohibida por el DNU 297/2020- fue violentado por la policía provincial con disparos de bala de goma en su rostro y cuello. Su familia llamó a emergencias recién por la noche, por el miedo de ser interceptados y violentados nuevamente.
En esa misma provincia, en el Barrio ‘El Molino’, oficiales obligan con disparos a meterse en su casa a vecines que decidieron salir a filmar como varios efectivos abusaban y golpeaban a jóvenes en la calle, en vez de cumplir con lo dispuesto por decreto.
Algo similar sucede en Tucumán, donde las fuerzas represivas fueron registradas en numerosos videos persiguiendo a cuanta persona encontraron en la calle, sin escatimar en el uso de armas reglamentarias y escopetas, tal como sucedió en el Barrio Mercofrut, cerca de la capital San Miguel.
La Policía de Tucumán, está vez en el barrio Mercofrut. Otro «operativo de control de cuarentena» a los tiros. pic.twitter.com/UWRPf5B5oS
— Martín Dzienczarski González (@martindezeta) March 23, 2020
En Rosario, la policía de la Provincia de Santa Fe fue registrada llevándose de los pelos y sin respetar los protocolos para la detención de un ciudadano a una mujer y luego dispararon en dirección a la cámara que grabó esa arbitrariedad. Con una tónica similar, en Bell Ville (Córdoba) luego de que una persona lograse escapar de una detención, un agente le disparó por la espalda.
Al momento de hacer esta nota, la provincia de San Juan no había registrado ningún caso positivo. De todos modos, este no fue motivo suficiente para las fuerzas de la provincia cuyana, que intentaron detener entre varios a una mujer que fue a la cola del banco con su bebe en brazos, ya que no tenía con quien dejarlo.
Pero ante la falta de interés de los grandes medios, no son sólo les vecines quienes se decidieron a registrar los episodios de violencia institucional. También los propios agentes de las fuerzas decidieron en muchos casos filmarse haciendo lo que mejor saben hacer: amedrentar, verduguear, perseguir, hacerse los vivos en las barriadas de menores recursos económicos, reprimir y disparar porque se les viene en gana.
Con ese recurso, miembros de la Policía Bonaerense de la localidad de San Martin filmaron a un grupo de jóvenes detenidos, a quienes comenzaron a darle órdenes para hacerlos “bailar” y finalmente cantar el himno nacional argentino. Una forma perversa de entretenimiento de parte de quienes se supone que deberían “cuidarnos”.
En Quilmes, podemos ver a un oficial filmado por uno de sus colegas atemorizando y torturando psicológicamente a dos jóvenes, a quienes finalmente les dice “¿a usted y a usted saben lo que les hace falta? ¡Que los traigan y los re caguen a patadas en el orto para que entiendan!”.
La Policía de la Provincia de Chaco tiene también su propio vídeo en el que saca a relucir su impronta violenta y desbocada. En el metraje se observa a sus efectivos recorriendo un basural, y parecen divertirse con una actividad similar a una cacería, en la que atemorizaron a las personas que se cruzaban con disparos efectuados de forma horizontal.
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A esta altura, y al borde de la saturación por tanto reguero de violencia policial legitimada, vale la aclaración: la circulación en la vía publica no está prohibida y tampoco está puesta en cuestión por el DNU 297/2020, resolución que no habilita el Estado de Sitio, no instaura en toque de queda, ni suprime garantías constitucionales.
De todos modos, en La Matanza los uniformados de la Bonaerense recorrieron las calles del partido y le comunicaron a quienes salían a comprar comida que “a las 5 hay toque de queda”, algo que no solo es mentira, sino que constituye una ilegalidad con el único objetivo de generar pánico.
En la Ciudad de Buenos Aires, solo entre el 20 y el 26 de marzo se detuvo o se “demoró” a más de 1200 personas, y la Línea 147 recibió más de 8100 denuncias por violación de cuarentena.
Muertes en las unidades penitenciarias
En las primeras horas del lunes 23 se supo de la muerte de cinco personas privadas de su libertad en las unidades carcelarias de Coronda y Las Flores, en la provincia de Santa Fe, por el solo hecho de exigir mejores condiciones de higiene y salubridad.
En los penales no se respetan los protocolos de aislamiento, y tanto el recambio de 2.150 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal que no cumplieron con los controles sumado a la penosa situación de higiene de los establecimientos carcelarios constituyen factores que ponen en riesgo a los internos y a sus familias.
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El reclamo se hizo notar y se registraron réplicas en la unidad N°54 de Florencio Varela y el penal de Batán, en donde se reclamaban elementos de limpieza, recursos sanitarios de asistencia y condiciones de vida digna. En las cárceles casi la mitad de les recluses no tiene condena firme.
La contracara es el trato humanitario que recibieron los represores cómplices del genocidio que fueron beneficiados por la Justicia para pasar la cuarentena en casa junto a sus familias, rodeados de sus seres queridos. El pedido de prisión domiciliaria lo hicieron más de 70 genocidas, y hasta el momento 15 fueron aprobados.
*La cuenta Aislamiento Represivo está integrada por miembros de diferentes medios de comunicación autogestiva y personas autoconvoadas. Desde allí, se recogen y registran todas las situaciones de violencia institucional que se producen durante el aislamiento obligatorio.
Quedarse en casa a veces es imposible
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional señaló acertadamente en un comunicado que el DNU presidencial festejado en los medios “tiene graves consecuencias para un enorme universo de personas (trabajadorxs precarizadxs, en negro, quienes dependen de changas, personas en situación de calle, etc.), que, si obedecen la medida, no pueden garantizar una subsistencia diaria”.
“Una vez que salió la medida, entendimos que si no se tomaban otro tipo de resoluciones en cuanto a garantizar el acceso al sustento los barrios populares la iban pasar muy mal”, sostuvo Griselda Galarza, docente de la única escuela secundaria del barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, conocido popularmente como 1-11-14, e integrante de la Red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores.
Así como en otros puntos de la Ciudad y en las provincias, muchas de las personas que viven allí se sostienen con la economía informal, ya sea en ferias, en los talleres de costura, en la construcción, o trabajo doméstico.
En un comunicado, la Red denuncia graves situaciones de violencia policial por las cuales exigen que el Ministerio de Seguridad disponga medidas que inhiban la instalación de un estado policial y procure que los agentes de las Fuerzas trabajen como policía comunitaria y sanitaria.
Tras un video filmado por un vecino del barrio, que se viralizó en las redes, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, resolvió separar a tres gendarmes que se ve como hicieron “bailar” a pibes de la 1-11-14.
Griselda Galarza comentó además que se le exige al Gobierno de la Ciudad la distribución de bolsones de alimentos secos para combatir las situaciones de hambre, así como también repelente y elementos de higiene para combatir el avance del dengue en el asentamiento.
El aislamiento en el hogar también trae situaciones en las que las víctimas de violencia machista comparten el espacio con sus agresores. Lee más sobre el tema en esta nota de Revista Colibrí.
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