De conquistas y desiertos

Por Irina Sol Philosoph Postan

«Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. Artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional.

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Las excavadoras devoraban todo a su paso. Los árboles, que habían vivido en ese lugar durante cientos de años, yacían tumbados en el suelo. Pensó en las flores que había dejado la semana anterior y que había elegido especialmente para su abuela. Estaba seguro de que tampoco quedaba nada de ellas.

Se quedó inmóvil un rato. Cruzó la calle y se sentó en un banco de la estación Federico Lacroze. Cuando recuperó el habla llamó a sus padres y les preguntó si alguien los había notificado del “Proyecto Innovar”, como se leía en los carteles que colgaban de los andamios. El silencio del otro lado del teléfono dejaba adivinar la respuesta.

Con el correr de las horas (quizás hayan sido minutos, no recuerda bien) habían llegado muchas otras personas que, como él, quedaban atónitas al encontrarse con aquel panorama desolador. Uno por uno, los ramos de flores que llevaban caían al suelo. Los ojos como platos.

Después de deliberar un rato sobre qué hacer ante semejante situación, decidieron organizarse para entrar. Necesitaban que alguna autoridad explicara qué era tan importante como para destruir ese lugar.

Un grupo iba a meterse por un hueco donde días atrás estaba la entrada. Otros intentarían colarse por un costado, donde solía haber una construcción de mármol. Dio unos pasos y miró al interior. Escombros, escombros y más escombros.

Miró para todas partes pero no terminaba de procesar lo que estaba vi(vi)endo. Se adelantó un poco y encontró un grupo de personas discutiendo sobre unos planos. Quiso acercarse, tenía demasiadas preguntas para hacer y demasiado derecho a recibir respuestas. Pero lo que encontró fueron balas de goma, gas lacrimógeno y más de un golpe por parte de las fuerzas de seguridad, que ya se encontraban en el predio.

Los sacaron a patadas. Literalmente. Una vez afuera, los que habían podido escapar a las agresiones de la policía asistieron a quienes estaban heridos. Todavía hoy conserva la imagen de aquel hombre ensangrentado, al que una bala de goma le había dado en el cuello. Y también de esa mujer, a la que un uniformado le había disparado tres tiros en la espalda y se retorcía de dolor.

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  La destrucción de un cementerio en pleno barrio céntrico de la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante un negocio pareciera inimaginable. Sería un escándalo. Sin embargo, los Pueblos Originarios se enfrentan a menudo con este tipo de situaciones. Si bien cada comunidad que forma parte de un Pueblo presenta sus características particulares, hay problemáticas que les son comunes. El extractivismo y los negocios inmobiliarios en territorios donde descansan restos ancestrales son un claro ejemplo.

La violencia ejercida desde el Estado a través de su aparato represivo contra las comunidades, que el mismo reconoció en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, es una de las tantas contradicciones que encierra.

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 La ley 26.160 declaró en 2006 la Emergencia “en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de cuatro años”. La emergencia fue prorrogada hasta el 23 de noviembre del 2017. Eso implica, entre otras cosas, que deberían frenarse los desalojos, como establece el artículo dos.

Pero en la práctica, las expulsiones de las comunidades de sus territorios continúan. Si no abandonaron sus lugares fue por la resistencia que presentaron en cada intento de desalojo, incluso en casos en los que la represión fue dirigida hacia niños y mujeres.

El caso de Javier Chocobar en 2009 es un caso testigo. El miembro de la comunidad diaguita de Tucumán fue asesinado el 12 de octubre, día en el que se recuerda el genocidio más grande de la historia argentina contra los Pueblos Originarios. Javier estaba defendiendo las tierras junto a sus hermanos y hermanas porque el terrateniente Darío Amín quería apropiarse del territorio indígena. Ese día el escuadrón de la muerte de Amín, del que formaban parte los ex policías Humberto Gómez y José Valdivienzo, lanzó una balacera contra la comunidad. Los tres continúan en libertad.

El mismo Estado que reconoce la personería jurídica de las comunidades y sancionó la Ley 26.160 es el mismo que entre diciembre y enero de este año mandó a reprimir de manera salvaje a la comunidad Pu Lof de Cushamen. Como es de público conocimiento, no faltaron  las balas de goma, los golpes y las provocaciones de la policía ni el desprecio hacia las comunidades por parte del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, que además acusó a los reprimidos de ser terroristas.

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    La colonización no fue. La colonización sigue siendo. Está presente en el sentido común imperante que apunta que “los mapuches son Chilenos”, cuando las comunidades son anteriores a que se establecieran esos límites imaginarios que llamamos fronteras. Existe cada vez que un qom en Formosa es amenazado para que vote a Gildo Insfrán porque si no su familia no come, y se manifiesta también cada vez que los Lewis y los Benetton compran tierras, lagos, montañas que están dentro de territorios indígenas. Aparece cuando una nena wichi es violada en Salta y no se le facilita un traductor ni se le quiere practicar un aborto. Y en muchos, muchísimos más “cada vez que”.

Hace cinco siglos que los Pueblos Originarios vienen resistiendo. La lógica capitalista del lucro y la acumulación de riqueza como objetivo máximo son incompatibles con la cosmovisión que tienen las comunidades. El capitalismo ve en la naturaleza un recurso a explotar. Esto nada tiene que ver con el concepto de territorio. Territorio es tierra, cultura, naturaleza, las hierbas medicinales que varían en cada lugar, la economía, el modo de relacionarse.

Es, en síntesis, entender que la pachamama es vida y no propiedad privada. Territorio es una forma de ver el mundo en la que es la tierra la que posee a las comunidades y no las comunidades las que poseen la tierra.