El derecho a la protesta está en peligro

Por Nicole Martin

El derecho a la protesta está en peligro en América Latina y en el mundo. Como documenta Amnistía Internacional, cada vez más países sancionan leyes y protocolos para ahogar la protesta social: restringiendo la libertad del derecho a manifestarse; llevando a procesos judiciales a les que se manifiestan y habilitando poder y elementos para reprimir a las llamadas fuerzas de seguridad.

En Argentina, la imagen de la niña gaseada por la policía en la movilización de jubilades en septiembre dejó varios puntos claros: el primero, que durante la represión policial, la crueldad ataca a cualquiera. El segundo, relacionado con la operación mediática que involucró a la policía federal, es que el gobierno es capaz de cualquier cosa para criminalizar la protesta social.

Este no es un caso aislado, ni tampoco una realidad única del país más austral de la región. En Venezuela, el fiscal general reconoció 25 muertes durante las manifestaciones en rechazo a los resultados electorales difundidos, mientras que la cifra oficial de personas detenidas fue de más de 2.000. Además, hay demostraciones alarmantes de vigilancia y represión digital, documenta la ONG estadounidense Atlantic Council.

La historia de América Latina está marcada por sus masivas movilizaciones. Sus capítulos terminan cuando el pueblo en la calle dice “basta”, para escribir una nueva etapa. Si la protesta social se vuelve un crimen, ¿cómo escribirán los pueblos su propia historia?

La protesta social, “núcleo de la democracia en Argentina”

En Argentina, la protesta social es el “núcleo de la democracia” posterior a 1983, según una profunda investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Victoria Darraidou, Coordinadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional, fue parte del equipo de investigación de este trabajo, y conversó con Revista Colibrí sobre el tema.

“El derecho a la protesta está bajo amenaza, especialmente las relacionadas a demandas específicas al gobierno nacional. Empezamos a registrar desde el comienzo de 2024, represión, detenciones arbitrarias y uso desmedido de la fuerza que produce heridos. Dos personas perdieron la vista por participar en manifestaciones en lo que va del año, por el uso ilegal de las llamadas armas menos letales”, dice Darraidou.

Sobre el ataque a los ojos, resuena el estallido social de 2019 en Chile, donde se registraron más de 400 personas heridas con lesiones oculares por impactos de balas de goma. En el informe “Me estalló el ojo” de Amnistía Internacional se trabajó con casos de proyectiles cinéticos (balas de goma o de otros materiales) en Chile y también en Colombia, España, Estados Unidos, Francia, India, Irán, Israel, Líbano y Sudán. 

“Existen diferentes formas y tamaños, como pelotas o cilindros de tamaño grande o pequeño, y pueden ser de goma, PVC, espuma densa o madera. Ciertos tipos de proyectiles de impacto cinético están diseñados para estallar y fragmentarse al hacer impacto, lo que libera su carga explosiva, por ejemplo sustancias químicas irritantes”, indica el informe de Amnistía Internacional.

En este contexto, la investigadora del CELS reconoce un efecto impactante: la criminalización de las manifestaciones y la represión violenta provoca un “enfriamiento del debate social”, también nombrado como el “Efecto Intimidatorio» o “chilling effect”. “Que produce temor a movilizarse o a participar de un debate público crítico a las políticas de gobierno”, agrega.

El protocolo antipiquetes

Desde que comenzó su gobierno, la gestión de Javier Milei debutó con el lanzamiento del protocolo “antipiquetes”, mediante la resolución 943/2023. Meses después, las detenciones arbitrarias en el debate de la Ley Bases demostrarían su alcance. A esta reglamentación se le suma la creciente vigilancia en redes sociales para “predecir delitos”.

El protocolo norma cómo debería actuar la policía y otras fuerzas de seguridad ante cualquier manifestación pública que se realice con cortes de calles o rutas. Habilita a las fuerzas de seguridad a desalojar o dispersar la protesta, recabar información sobre sus participantes y organizaciones a los fines de perseguirlos penalmente.

Si bien es cierto que no hay tal “derecho a cortar la calle” en la ley, sino que este está penado en el Código Penal, hay tensión en la interpretación, por el derecho reconocido de “reunión y manifestación”, que reconoce la legislación internacional y la Constitución Nacional a través del derecho a la libertad de expresión. 

Amnistía Internacional explica sobre el protocolo antipiquetes que, al suprimir el derecho a elegir el modo y lugar de la protesta, choca con el derecho a manifestarse. A su vez, aporta la organización, que “las atribuciones para la intervención de los agentes policiales y de seguridad no respetan los estándares internacionales sobre uso de la fuerza generando indefectiblemente que la violencia y el conflicto social se intensifiquen y poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas”.

¿Y la libertad?

Otro punto en tensión es la idea de libertad, que fue utilizada por el gobierno actual para ganar las elecciones. Sin embargo, una de sus últimas acciones fue la emisión del DNU 780/24, que intenta restringir el derecho a acceder a la información pública, un recurso indispensable para el periodismo. Si no hay libertad de prensa, expresión, movilización o pensamiento… ¿de qué libertad están hablando?

La coordinadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional profundiza: “Se construye una idea tramposa de libertad, porque en rigor es sólo para algunos mercados o dueños de capitales. No para las personas. Vivimos en un contexto de ajuste, que también cercenamiento de libertades y, por otro lado, vemos un gobierno que es absolutamente conservador en términos de derechos políticos, sociales y civiles. Esa idea de libertad se presenta como una coartada para implementar políticas económicas regresivas para las mayorías”. 

En un vaivén de pensamiento, surge la pregunta de “¿cómo llegamos hasta acá?”. Sin dudas, es claro para la investigadora que los gobiernos en los últimos años tuvieron serias dificultades en el acceso a derechos y en mejorar las condiciones de vida de las personas. En ese contexto, “la batalla cultural la gana la idea del orden”, que deviene en el ajuste que recae sobre las grandes mayorías: las clases populares y las clases medias.

En ese contexto, parecería que “todo vale” para salir de la crisis. Aunque eso signifique empeorar las condiciones de vida, restringir derechos y libertades, y cercenar la democracia.

La salida es colectiva

“Desde el CELS creemos que la herramienta que tenemos es la organización social, es la construcción colectiva para defender nuestros derechos y resistir ante las regresiones”, afirma Darraidou. En ese sentido, es evidente una fuerza popular organizada a nivel internacional, ocupada por no perder derechos y en robustecer la calidad de vida de las personas y de la democracia.

A la vez, genera esperanza que haya organizaciones como el CELS, que utilizan el litigio como recurso para defender estos derechos y apelar a los organismos internacionales para denunciar lo que está sucediendo, exigiendo que las acciones de los gobiernos no queden impunes y que rindan cuentas.

En el caso de Venezuela, también es posible ver cómo, sin importar matices ideológicos, una gran porción de la sociedad latinoamericana modificó su percepción sobre el régimen de Nicolás Maduro, especialmente tras las protestas relacionadas a las últimas elecciones. La represión a la protesta social es el límite que marca la salud y la integridad de las democracias.

A la par, con el avance de las nuevas derechas en la región, es posible ver cómo se cercenan las garantías constitucionales. Por ejemplo, El Salvador mantiene desde 2022 un régimen de excepción que suspendió las garantías constitucionales. Esto no solo afecta el derecho a protesta, sino que autoriza el abuso de poder, uso excesivo de la fuerza por agentes policiales, acoso y vigilancia digital a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, mecanismos que se llevan adelante desde el ascenso de Nayib Bukele.

La libertad de expresión es el derecho madre

El derecho a protestar pacíficamente y en la calle es la base del sistema de derechos humanos. Justamente, porque la libertad de expresión es el derecho del que nacen todos los demás, es la forma en que cualquier grupo puede expresar su postura, su solidaridad, sus quejas, sus propuestas. Es a partir de allí, donde nace la participación popular en la democracia y donde se rompe la esfera política para que todes puedan participar.

En un momento de convulsión política y social en Argentina y en toda la región, los pueblos reclaman su derecho a expresarse y decidir. Esto es un reconocimiento de los límites inquebrantables y de la posibilidad de decir en las calles y al mismo tiempo: “basta”.