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El Estado provoca una muerte cada 17 horas | Revista Colibri
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El Estado provoca una muerte cada 17 horas

Por Pablo Hernán Velázquez

Sobre el escenario ya no pega el sol, como en casi todo el resto de la Plaza de Mayo. En ese momentos y cuando la mayoría está pensando en el fin de semana, unos minutos después de las 18 horas, la titular de Correpi saluda al grupo de familiares de víctimas de la represión, militantes y personas que se acercaron a acompañar la presentación de la nueva actualización del Archivo de Casos de Represión Estatal y Gatillo Fácil.
Está cada vez más cerca el fin de un año cuyo tramo final quedó marcado por las elecciones de medio término, en las cuales proliferaron personajes y discursos que pregonan la presunta necesidad de un Estado más violento del que ya se tiene.

Valeria Mustoni, integrante de Correpi, no duda de que estos discursos han tenido mucho que ver con el incremento de casos de gatillo fácil: “Lo vimos en todos los discursos de campaña con el pedido de más mano dura, con la intención de instalar que la solución de la problemática de la inseguridad es el endurecimiento represivo, un mayor control en las barriadas populares y medidas que lleven a un mayor control social”.
Asimismo, puntualiza en sectores políticos como Juntos por el Cambio y Avanza Libertad, de cuyos candidatos se desprendió “un discurso extremadamente fascista en relación a cuáles deberían ser las salidas a estos problemas”. Y hace una crítica al rol de los medios de comunicación en estos temas: “las temáticas relacionadas a la ‘inseguridad’ no se abordan desde un lugar mucho más profundo, desde los problemas de desigualdad social que tienden a aumentar la conflictividad social”.

En el escenario, antes de presentar un video para homenajear a les familiares y amigues de víctimas de la represión policial, les oradores hacen una merecida mención a las víctimas de la represión de diciembre de 2001 y focalizan en el nombre de una de las víctimas fatales, Carlos “Petete” Almirón, militante de Correpi asesinado por la Policía Federal el mismo día en el que renunció a la presidencia Fernando De la Rua.
Correpi cuenta con una agenda de puntos urgentes e imprescindibles que de implementarse contribuirían a bajar considerablemente los casos de violencia estatal. Mustoni afirma que con el inicio de la gestión del Frente de Todos a fines de 2019 se logró avanzar con algunos puntos de esta agenda, como la derogación de la “doctrina Chocobar” (que autorizaba a las fuerzas a disparar sin dar la voz de alto cuando lo considerasen necesario), pero también hubo otros pedidos escuchados.  “Algunas medidas fueron progresivas en cuanto a sectores muy castigados como la disidencias y logramos que se prohibiera el uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio en el sector de la Policía Aeroportuaria», puntualiza, logrando que «no haya caso de gatillo fácil en este cuerpo de seguridad”.
Sin embargo, esa ilusión de poder trabajar en políticas que logren disminuir el peso represivo del Estado se diluyeron con la cuarentena, los decretos que daban facultades extraordinarias a las fuerzas de seguridad y, un tiempo después, con la llegada de Anibal Fernandez al Ministerio de Seguridad. “Volvimos a un modelo menos permeable a poder discutir algunas cosas y efectivamente vemos que en las últimas semanas hubo una seguidilla de casos de gatillo fácil y de represión a movilizaciones”, sentenció Mustoni.

Foto: CeProDH


No es una presentación más: son 30 años de trabajo para Correpi. Por eso, luego de una introducción a la prehistoria y los orígenes de la organización, los ojos de todes les concurrentes se posan sobre la pantalla. En ella se proyecta un trabajo audiovisual que condensa la historia de Correpi.
Tres décadas de militancia antirrepresiva se necesita de mucha dedicación, compromiso y esfuerzo para sobreponerse a dificultades como la falta de acceso a la información, herramienta clave para la elaboración del archivo. En relación a esto, Valeria afirma que “Si bien por un lado contamos con un mayor acceso a la información por las redes sociales y en el sentido de que la gente denuncia más, el papel que juegan los medios de comunicación sigue siendo bastante polémico y dificulta encontrar efectivamente la cantidad de casos que realmente existen”.
Para eso, existe un procedimiento muy repetido en los casos que llegan a los medios masivos. El periodismo suele tomar como verdad y primicia la llamada “versión de la justicia”, que en las primeras horas posteriores a un episodio de gatillo fácil es la versión de los propios policías partícipes de la misma. El caso de Lucas González, fusilado por policías de civil y sin identificación en Barracas es el último gran exponente de este mecanismo, hasta ahora.

Detrás de esos “enfrentamientos” y de supuestos “delincuentes abatidos” existe una invisibilización de casos que complican la tarea de poder encontrar la cantidad de datos reales de casos de muertes a manos de las fuerzas represivas estatales.
Mientras tanto, en el acto llegó el momento de los datos. Son 585 los casos agregados en esta nueva actualización del informe, de los cuales 417 son episodios ocurridos en lo que va de 2021. Además, en tiempos de mayor demanda de cárcel y leyes más duras, se pronuncian tendencias cada vez más preocupantes: en los últimos dos años se registró el triple de muertes de personas en situación de encierro por cada caso de gatillo fácil.
En este sentido, el informe remarca que el 57% de los casos registrados de muerte provocados por el Estado bajo el gobierno de Alberto Fernandez corresponden al Servicio Penitenciario Federal.

En las últimas semanas, la seguidilla de episodios represivos con trascendencia mediática produjo una “partidización” de la represión policial y desde dirigentes hasta periodistas se tiraron con casos de gatillo fácil en función de quien gobierne en determinados territorios. Pero esta problemática, que ya le costó la vida a más de 8.000 personas desde 1983, es mucho más profunda que las grietas de la politica vernacula: en los años de vida que lleva desde su creación, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (compuesta por 25 mil efectivos) mató a 121 personas, mientras que en el mismo periodo la Policía Bonaerense, cuyo cuerpo se compone de 95 agentes, fue responsable de 390 muertes. La relación numérica es prácticamente proporcional, con una leve ventaja en la tasa de mortalidad del lado de la fuerza porteña.
La integrante de Correpi que conversó con Revista Colibrí hizo énfasis en algunos puntos de las demandas de la organización que aún no han sido atendidos, en el cual sostiene que “sin demasiado esfuerzo, el Estado podría reducir realmente el poder de letalidad que tienen las fuerzas de seguridad”.
Uno de ellos propone avanzar con la prohibición de las facultades para detener arbitrariamente a personas con las que cuentan las fuerzas de seguridad. Esto surge de un fallo (https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=285) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pendiente desde el año 2003 a partir del caso Bulacio, que el Estado no cumple.
Otros de los puntos de la agenda antirrepresiva que plantea Correpi es la prohibición del uso del arma reglamentaria de los agentes fuera del horario de servicio, ya que en palabras de Mustoni “la mitad de los casos de gatillo fácil se dan en estas circunstancias en donde la policía y las demás fuerzas de seguridad la usan para dirimir sus conflictos personales”.

Finalmente, el acceso a la justicia es otro punto de inequidades y de reproducción de violencia. Mientras los efectivos con causas por violencia estatal reciben asistencia legal y calificada gratuita por parte del Ministerio de Seguridad, las familias de las víctimas deben afrontar los costos y las trabas burocráticas para iniciar una causa, integrar una querella, acceder a abogades particulares y hasta para leer los expedientes.
Y para peor, si esas causas logran avanzar existe una última barrera: “casi el 80% de los casos no son juzgados como gatillo fácil ni se pone en discusión la responsabilidad en otras muertes, entonces se obtienen condenas irrisorias donde la mayoría de los miembros de las fuerzas de seguridad no cumplen la condena”, concluye Mustoni.
Aún con luz natural, el sol se puso casi completamente, Así se puede observar en Avenida de Mayo, a espaldas del escenario, donde les oradores exigen junto a les asistentes el fin del gatillo fácil, de la tortura y muerte en situación de encierro, de las detenciones arbitrarias, de los femicidios, transfemicidios y travesticidios, de las desapariciones en democracia, del apresamiento político y el armado de causas a dirigentes y luchadores sociales.ç

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