La conquista que es genocidio, el desierto que no es desierto

Texto y fotos por Mar Gordon

La “campaña al desierto” que continúa. La “pacificación de la Araucaria” que nunca terminó. Un genocidio disfrazado de campaña, trazado desde la sangre y el cinismo en un desierto que nunca fue desierto. Tierras ancestrales habitadas por los pueblos originarios, las que nunca abandonaron, las que siguen resistiendo a los Comando Jungla, a los Proyectos Anti-terrorista, a Benetton, a Ginóbili, a mineras y a Estados.  

Camilo Catrillanca, Rafael Nahuel, Agustina Huenupe Pavian, Matias Catrileo Quezada. Son sólo algunos nombres mapuches de los cientos que la supuesta democracia y la lglesia asesinó en nombre del progreso, la nación y el desarrollo. 

Imágenes de la concentracion y ceremonia por Camilo en Furilofche, Bariloche

Camilo Catrillanca 

El 14 de Noviembre de 2018 el grupo para-militar chileno llamado “Comando Jungla” asesinó por la espalda a Camilo Catrillanca. Una acción similar a la de las fuerzas represivas de Bullrich con Rafael Nahuel. Camilo era vocero de la comunidad Temucuicui, activista por los derechos del pueblo mapuche, dirigente estudiantil en el Liceo de Pailahueque, hijo del presidente de la comunidad mapuche, Ignacio Queipul Millanao. La vocera mapuche Cristina Marin cuenta a Colibrí Revista: “A quienes somos referentes o visibles terminan pegándonos un tiro para que no hablemos más, porque somos quienes nos animamos. Corremos riesgos todos los voceros de las comunidades en esta persecución. Nos calumnian todo el tiempo, dicen que somos terroristas y violentos. En realidad, la violencia la ejercen los estados porque en ninguno de los casos fue hubo un enfrentamiento. Esa palabra habría que empezarla a repudiarla también, porque esto es una represión directa de cada estado y de los terratenientes”. 

El gobierno chileno y los medios de comunicación masivos se contradicen, siembran hechos falsos para justificar su accionar y no asumir la responsabilidad. Luis Mayol, intendente de la región de La Araucaria, señaló en la conferencia de prensa poco después del asesinato, que el joven Catrillanca se acercó  al Comando Jungla arriba de un tractor para enfrentarlos, acto que justificó el asesinato del comunero por parte de efectivos policiales. Durante la mañana del jueves 15, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró a la prensa que la muerte se dio en medio de una persecución por un delito común y que sin embargo, él no estaba participando del supuesto enfrentamiento. Parece ser que el delito común es ser mapuche. 

No se trata de gatillo fácil, es algo estructural y sistematizado, una forma de hacer política con la población mapuche, se trata de criminalizarlos, sobre todo al sector mapuche joven y pobre.  

Imágenes de la concentracion y ceremonia por Camilo en Furilofche, Bariloche

A partir del crimen, en diversos puntos de los Estados de Argentina y Chile se organizaron manifestaciones y concentraciones para exigir justicia y castigo, y seguir visibilizando los históricos reclamos de los pueblos mapuches. También se hicieron ceremonias con fuego, música, palabras y cantos. No faltaron los trutruka, pifilka y kultrum, tal como es su tradición, para homenajear al peñi/lamngen, Camilo Catrillanca. 

Los días posteriores, los carabineros de Chile siguieron intimidando y violentando a las comunidades, como en el caso del  joven de 17 años perteneciente a la comunidad Antonio Rapiman, a quien le dispararon en el rostro quedando con herida de perdigón.  

Reclamos históricos

El pueblo mapuche abarca lo que, hegemónicamente, se conoce como el sur del estado chileno y del estado argentino; para elles, Wallmapu y Puelmapu. Las provincias en Argentina con mayor población mapuche son Rio negro, Chubut y Neuquen. Cristina Marin, platera mapuche, abogada, estudiante de historia, dice: “En Río Negro tenemos 124 comunidades de las cuales, 47 hoy en día, están en situación judicial de demandas judiciales por el territorio. Algunas están relevadas y por eso no se han desalojado y las que se están desalojando son aquellas que no se han relevado por la 26.160. En lo que es Chile, pasa lo mismo. Se nos cataloga como en la ley antiterrorista. En Chile está activa, pero en Argentina no. Pero es como si lo estuviera.»

La ley 26 160 fue sancionada en el 2006 con el objetivo principal de declarar la “emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena” y así suspender los desalojos por el plazo de la emergencia y disponer la realización de un relevamiento técnico —jurídico— catastral de la situación dominial de las tierras “ocupadas” por las Comunidades Indígenas. La propia ley remite a la fórmula constitucional del art 75 inciso 17, declarando la emergencia de posesión y propiedad comunitaria de las tierras originarias, y se refiere las comunidades indígenas originarias sin ningún tipo de distinción en relación a los reconocimientos de personerías jurídicas.  

«Decimos que el genocidio no ha terminado y continua con estos hechos de tortura y persecución. A pesar que en argentina tenemos leyes donde se reconoce a los pueblos preexistentes en el artículo 75/ inciso 17. Hay convenios ratificados por Argentina que deberían permitir que tengamos más derechos, pero está siendo violado todo lo que tanta lucha nos costó conseguir», afirma Felisa Curamil, de la organización de Mapuches Bariloche, y agrega: «Tenemos que tener en claro que los estados se construyeron bajo un genocidio, la mal llamada “conquista del desierto” argentina y “la pacificacion de la araucania” chilena. En ese sentido, creemos que hoy a los pueblos mapuches se los quieren instalar en la sociedad como violentos y terroristas».

A pesar de estas leyes conquistadas en la última década -y con muchas fisuras-, hay un muy bajo nivel de ejecución en relevamiento territorial. En el 2012, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) señaló en un informe que «apenas una octava parte del programa» ha sido cumplida. A este paso, parecería que hacen falta otros 40 años más para concluir con el trabajo. Muy lejos está el resultado de ese 30 ó 40 por ciento que en distintas expresiones ha mencionado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Desde el gobierno que preside Mauricio Macri, la ley 26.160 está parada. 

A los pueblos mapuches se les arrebatan sus tierras desde la conquista y, desde ya muchos años, con los emprendimientos inmobiliarios, mineros, de parques nacionales o turísticos, se los vuelve a correr. La ley 26.160 fue una victoria pero también se defiende la titulación comunitaria de las tierras. No se puede perder de vista el proceso histórico que se atraviesa, cuando el Estado debería garantizar políticas reparatorias del genocidio a los pueblos originarios. En vez de eso, los sigue asesinando. 

   “Nos persiguen hace 140 años porque ninguna de nuestras comunidades tiene título de propiedad comunitaria. El 14 en el congreso se presentó un proyecto que está bastante consensuado con todas las comunidades y nosotros hicimos nuestro aporte, que tiene que ver con la propiedad comunitaria. Cuando se hizo la reforma del código civil argentino, cuando estaba Cristina Kirchner, se dejó el artículo 8, para arrimar o acercar la ley de propiedad comunitaria”, cuenta la mapuche Cristina Marin.

Los pueblos mapuches se organizan por comunidad pero también coordinan en vinculaciones mas grandes y generales. En Río Negro, tienen una organización llamada «Coordinador del pueblo mapuche», donde hay dos o tres integrantes por cada comunidad. Hay comunidades pequeñas de entre 6 a 20 familias y también las llamadas rurales, cuyo promedio es de 50 familias trabajando del ganado ovino y vacuno, sembrando y cosechando sus tierras. Muches trabajan en diversas profesiones o empleos domésticos. En su organización, dividen las partes jurídicas, organices, políticas, como también cuentan con abogades de educación, de la tierra, entre otras especializaciones. Las decisiones se toman por consenso a partir de la coyuntura, tanto a nivel comunidad como general. Admiten que es complicado hacer que participen muchas comunidades en organizaciones generales, pero se está logrando. Ante situaciones de extrema violencia, como la sucedida con Camilo, los demás pueblos se adaptan a lo que la propia comunidad decide.

Los reclamos y la resistencia no son sólo mapuche, sino que pertenecen a todo los pueblos originarios, sin embargo, en los últimos años los mapuches tuvieron más visibilización. Romina Jones, mapuche patagónica, dice a Colibri Revista: «Tenemos contacto con otros pueblos pero entendemos que cada uno tiene formas distintas de organizarse para luchar y pelear por el territorio. Respetamos todas las formas de lucha, todas las reivindicamos y valoramos a todos los pueblos originarios como el nuestro. Nos acompañamos en la medida de lo posible».

Jones continúa:»Los reclamos son históricos y tienen que ver con el territorio. El territorio no es un bien material o un pedazo de tierra. Es donde nos podemos desarrollar íntegra y espiritualmente como mapuches. En el campo es donde están las fuerzas, dónde están los nehuén, con quienes conversamos y nos relacionamos, los respetamos. Son quienes confían en los Espíritus de nuestros antiguos, que nos dejaron el legado de la lucha para pelear por nuestros territorios. La recuperación del territorio es también la recuperación de la cultura. Ese es nuestro fin. Recuperar nuestro territorio no es pedirle nada a nadie, es ser autónomas. Eso es lo que molesta al gobierno y a los grandes empresarios, que son considerados los dueños de nuestros territorios. Ser mapuche es algo molesto e incómodo para quienes gobiernan el mundo, porque nuestras concepciones de vida y modos de habitar el territorio no encajan con la propiedad de las Patrias, patrones y  patriarcados».

Persecución a la juventud 

La persecución y violencia de este etnocidio prolongado por más de 500 años, hoy persigue con especial furia al sector joven mapuche, a quienes se criminaliza por continuar la lucha. En los barrios pobres de la Patagonia, el estigma, la represión, la mano de obra barata y el gatillo fácil también son herramientas estatales. A casi un año del asesinato de Rafael Nahuel, el crimen de Camilo sacude a las comunidades una vez más. En los últimos diez años de Chile, en la llamada “democracia”, ya hay diez asesinades por el Estado, la mayoría durante el gobierno de Bachelet.

En los últimos años, la resistencia Mapuche se visibilizó más. Pero tiempo atrás, eran asesinades y desaparecidos, y a ningún medio le importaba. Esta también es una victoria de la presión social.

Romina Jones concluye: “El asesinato de Camilo, como de todos los lamien en la comunidad, nos afecta de manera directa porque somos todos hermanos, de la misma sangre. Más allá de los apellidos y demás, nos afecta cómo nos afectó el asesinato de Rafael Nahuel y cómo nos afectó al asesinato de Matías catrileo hace años atrás y de tantos otros que se carga el gobierno chileno. Yo creo que los que no son mapuches también deben levantarse, porque la sociedad pobre también sufre muchas de las violencias que nosotros sufrimos. Nosotros no podemos pedirle a la sociedad no mapuche que piensen y quieran de alguna manera a hacerse parte de nuestra lucha, porque es nuestra, pero sí creemos que todas las formas de lucha son válidas y creemos que la sociedad debe levantarse ante tanta violencia por parte del Estado.»