El embarazo infantil es tortura #NiñasNoMadres

La interrupción del embarazo es legal en Argentina cuando es producto de una violación o cuando pone en riesgo la vida o la salud física, psicológica y social de la mujer o persona gestante. Sin embargo, cada tres horas una niña se convierte en madre.

Equipa: Milángela Balza, Joana Gómez Kolber, Fiorella Lotti, Majo Corvalán y Yesica Duarte. Mentora: Gia Castello. Fotos: Alma González, Lupe Basagoitia y Belén Llanos.

Este reportaje fue realizado durante la Mediatón #EnResistencia de Chicas Poderosas Argentina, donde 100 mujeres que trabajan en medios se reunieron para crear proyectos colaborativos multimedia, con el apoyo de Google News Initiative. Para ver los otros 12 proyectos creados en la Mediatón, visita este link. 

Niña de 11 años en Tucumán. Niña de 12 años en Jujuy. Niña de 12 años, wichí, al norte de Salta. Niña de 13 años en Moreno, provincia de Buenos Aires. Las cuatro embarazadas producto de una violación. Las cuatro con posibilidad de acceder a la interrupción legal de sus embarazos, más allá de las circunstancias de la concepción, porque la gestación en sí pone en riesgo su vida y su salud física, psicológica y social, según la denominación de la organización Mundial de la Salud. Sin embargo, a las cuatro les negaron el acceso a este derecho. 

Ellas son las protagonistas de algunos de los casos que tuvieron resonancia en los medios de comunicación pero, en realidad, en Argentina, hay 700 mil nacimientos por año, de los cuales más de 3000 son de niñas menores de 15 años. Sólo en 2017,  2493 niñas se convirtieron en madres , 506 tenían entre 10 y 13 años, y 1987 apenas 14, según cifras del Ministerio de Salud Argentino. De acuerdo a este organismo, la mayoría corresponden a residentes de la provincia de Buenos Aires, partidos del Gran Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. 

El 80% de los embarazos es producto de abuso sexual

Para las menores de 15 años, la mayoría de los embarazos son producto de violencia sexual ejercida por integrantes de la familia o del entorno cercano, y generalmente hombres adultos. Así lo señala el informe Niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia del Ministerio de Salud.

De acuerdo al estudio Embarazo y Maternidad en Adolescentes y menores de 15 años elaborado por Unicef Argentina, en el que se describe que cada tres horas una nena de entre 10 y 14 años tiene un bebé, el 80% de los casos de embarazos en niñas es producto de abuso sexual intrafamiliar. “Resulta preocupante la naturalización de las situaciones de acoso y coerción por parte de las adolescentes así como la actitud de descreimiento, ocultamiento y culpabilización por parte de sus familias. Determinados contextos, las adolescentes y sus familias no cuentan con herramientas para identificar y comunicar a los organismos del estado las situaciones de abuso sexual”, expresa el documento. 

María José Corvalán, integrante de la comisión nacional de Comunicación y Prensa de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, acompaña a muchas niñas que atraviesan esta difícil situación en la capital de San Luis, donde además formó parte de la Asociación por el Derecho a las Mujeres (ADEM). Entre 2005 y 2017 acompañó alrededor de 25 casos, de los cuales, la mayoría eran familias trabajadoras, algunos de sectores más vulnerables, en los que la madre trabaja muchas horas fuera de su casa y el padre, padrastro, tío o abuelo se quedaba al cuidado de las niñas. 

 “En esta situación, las niñas tienen la sensación de que algo está mal en la forma en la que los mayores se relacionan con ellas, pero al tratarse de una persona que debería cuidarlas, desarrollan un sentimiento de culpa muy fuerte pensando que ellas provocaron la situación de abuso, lo que propicia que el abusador pueda resguardar el secreto y manipularla con más facilidad”, relata. 

Según el informe de sistematización que cada año realiza la organización Socorristas en Red, quien acompaña a mujeres de distintas regiones del país que han decidido interrumpir sus embarazos, durante 2018 asistieron a 90 niñas menores de 14 años, de las cuales 47 estaban por fuera del sistema educativo y 37 tenían un trabajo remunerado. 

En 2015, los últimos datos disponibles del Ministerio de Salud registraron 45.968 egresos hospitalarios por causas relacionadas con abortos, de los cuales 414 fue en niñas entre 10 y 14 años, es decir, un 0,90%. 

El aborto es legal en Argentina 

El artículo 86 del Código Penal establece que las niñas y mujeres pueden acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) si la gestación es producto de una violación o si pone en riesgo la vida o salud de la mujer. La OMS aclara que la salud implica el “completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones”. Las niñas menores de 14 años, más allá de que su embarazo haya sido producto de un abuso sexual, tienen derecho a acceder a la interrupción legal del mismo bajo el causal de riesgo a su salud y a su vida. 

En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) emitió el fallo FAL a través del cual definió que en las circunstancias de violación o riesgo a la vida y salud de la madre es siempre el Estado, como garante de la administración de la salud de la población argentina, el que tiene la obligación “de poner a disposición de quien solicite la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura”. Por su parte, el Ministerio de Salud publicó en 2015 un protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. 

“La realidad de las niñas que viven embarazos y maternidades forzadas aún no ha sido visibilizada con la fuerza que amerita. Hasta la fecha, su situación queda englobada en las cifras y diagnósticos sobre embarazo y maternidad adolescente, a pesar de que tanto las causas como las consecuencias de los embarazos en niñas pequeñas son, en su mayoría, diferentes de las de las jóvenes”, se lee en el estudio Niñas madres. Embarazo y maternidad infantil forzada en América Latina y el Caribe del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).

En el mismo estudio, se define el embarazo infantil forzado como aquel que tiene lugar “cuando una niña (menor de 14 años) queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo”. Una de esas barreras, específicamente en el caso de Argentina, son los médicos con objeción de conciencia. 

Tani de Urraza se identifica como médica obstetra provida, es decir, a favor de salvar la vida del embrión o feto como la de la madre. Dice que muchas veces las niñas se dan cuenta de que están embarazadas cuando la gestación está avanzada, en general,  por desconocimiento del ciclo menstrual. En el caso de las niñas, asegura que no hay riesgo de vida por seguir el embarazo unos meses más y así asegurar que el feto nazca sano. “El simple hecho de que una niña se embarace implica desde el punto de vista biológico necesariamente que el cuerpo de esa niña está preparado para gestar. Obviamente, generalmente no llegan a las 40 semanas, se termina el embarazo antes, a las 34, 36 semanas, se toman otro tipo de cuidados, pero es mentira que corre riesgo de vida una madre jóven”. 

Para sustentar su tesis, se apoya en el anuario del Ministerio de Salud del año 2017 el cual ilustra que  de las 202 muertes maternas, no hubo ninguna en menores de 15 años. Algo similar ocurrió en el año 2016, cuando de las 245 muertes maternas, solo hubo una en menores de 15 años relacionada con causas obstétricas indirectas. 

Sin embargo, el informe de Amnistía Internacional acerca del Embarazo en la Adolescencia en Argentina, detalla que las niñas tienen cuatro veces más riesgos de muerte durante el embarazo que una mujer en edad adulta. También el bebé corre mayor riesgo de tener un peso menor a los valores normales al nacer (menor de 2500 gramos), existe un mayor riesgo de parto pre-término (antes de las 27 semanas de gestación), mayor riesgo de mortalidad perinatal (defunciones de fetos a partir de la semana 22 de gestación o de nacidos vivos en sus primeros 7 días de vida), mayor riesgo de eclampsia (convulsiones), mayor riesgo de hemorragia posparto y mayor riesgo de infección endometrial (del útero). 

Además, la tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos es más alta en aquellos cuyas madres son menores de 15 años (15,6) que en el resto de las mujeres adolescentes y adultas, según el estudio Estadísticas de los hechos vitales de la población adolescente en la Argentina. 

Más allá de los riesgos físicos, la salud mental de las niñas también se ve afectada: estudios citados en el informe Niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia del Ministerio de Salud muestran que se han observado altas tasas de síntomas de depresión y ansiedad en las adolescentes durante el embarazo y el posparto, que en general son más altas que las de la población adulta. También alertan sobre el mayor riesgo que tienen las adolescentes embarazadas y recién parida de experimentar síntomas depresivos y desarrollar pensamientos suicidas en comparación con las mujeres adultas en el mismo estado. 

La psicóloga especialista en Niñez y Adolescencia, Camila Pérez, explica que “si bien el embarazo y la maternidad tienen impacto psicológico, cultural, social y biológico a cualquier edad, en la adolescencia supone mayores complicaciones tanto en la madre como en el hijo, ya que es un cuerpo que no está preparado psíquica ni biológicamente para ello”. Los embarazos adolescentes traen como consecuencia dificultades en la formación del psiquismo en relación a las funciones básicas del adolescente como la constitución de la propia identidad, determinación del papel sexual, desarrollo de un sistema de valores y elección vocacional, pilares para la preparación de la vida adulta.

“Obligar a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo, ser madre y criar a un bebé debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante, según los casos, en los términos de la Convención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, expone el estudio de Cladem. 

Al respecto, la doctora Urraza se pregunta: “¿De qué manera nosotros creemos que ejerciendo violencia vamos a solucionar la violencia que se ejerció sobre ella? ¿Dónde hay un estudio que nos demuestre que nosotros resolvemos su trauma de la violación haciendo que ella ejerza violencia sobre un bebé?”, y continúa: “Matar a un bebé de 25 semanas es violencia para los dos, para la niña y la violencia más extrema que es la muerte para un bebé que siente dolor, eso es inhumano, eso no nos hace bien, eso no sana el dolor de una violación. No creo que estemos sanado a una niña haciéndole ejercer semejante violencia contra un bebé. Si vos reconocés la dignidad de la vida humana, nunca, bajo ninguna situación, podés avalar el aborto. Hay que ver otras opciones que sean superadoras. Hay que ver otra solución, no ese nivel de violencia”.

Por su parte, la tocoginecóloga Stella Maris Manzano, explicó que la definición médica de aborto es la eliminación del producto de la concepción antes de que alcance la viabilidad fetal, es decir, antes de la semana 24 de gestación. Después de ese plazo, se analiza cada caso de manera individual. Por ejemplo, contó que en una oportunidad le hizo un aborto a una niña de 11 años recién cumplidos, es decir, que quedó embarazada cuando tenía 10 años. “¿Qué era el caso individual que tenía que analizar?”, se pregunta, y se responde: “Que esa niñita cuadruplica el riesgo de morir en un parto, que esa niñita obviamente no tiene las pautas de alarma para darse cuenta de que está embarazada, si había menstruado una sola vez en su vida, y dice que, gracias a la escuela, en una charla de educación sexual integral escuchó que si las mujeres no menstrúan pueden estar embarazadas, y ahí lo sospechó, pero igual no se animó a hablarlo. Y yo sé que en cuanto al plan de vida de esa niñita lo estoy destruyendo porque las posibilidades de que una criatura de 11 años pueda criar a otra criatura es absurdo, no está madura psíquicamente, no tiene independencia económica, la mayoría de ellas va a dejar de estudiar. Creo que arriesgar la vida de una niña para que nazca otro niño es lo más inmoral que alguien podría plantear”.

Asimismo, explicó que, aunque a un feto se le pueda ver forma humana a la semana 10 o 12 de gestación, no pueden vivir fuera del útero de la mujer: “No es una persona, los fetos no son personas, las personas vivimos independientemente de otra persona, respiramos solas, comemos solas. Una niña o una mujer son personas con una historia, con deseos de vivir”. 

Más allá de los casos individuales de los profesionales objetores de conciencia, el Estado debe garantizar que en todos los hospitales haya un médico que le garantice el derecho a la niña. Por su ausencia, el Estado es la segunda la barrera con la que se enfrentan las niñas que buscan interrumpir legalmente su embarazo.

La objeción de conciencia es siempre individual y no institucional, establece el protocolo. Y expresa: “Los profesionales objetores, aunque hayan notificado previamente su voluntad, están obligados a cumplir con el deber de informar a la mujer sobre su derecho a acceder a una ILE si constatan alguna de las causales que lo justifican. En ese caso, el profesional debe remitirla inmediatamente a un profesional no objetor para que continúe la atención. De no existir alguien encuadrado en esa categoría, debe realizar la interrupción; es decir que no puede invocar su objeción para eludir el deber de participar de un procedimiento de ILE”.

La CSJN, en el fallo FAL, exhortó a las autoridades de todos los niveles de gobierno a que aprueben protocolos sanitarios para garantizar la realización de la ILE. Sin embargo, hasta abril de 2017 apenas 8 de las 25 jurisdicciones de todo el país han adherido al Protocolo Nacional o cuentan con protocolos que se ajustan en buena medida a los criterios establecidos por la CSJN. Estas son Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego, según el informe de Amnistía Internacional acerca del estado de situación de la interrupción legal del embarazo, el marco legal y las violaciones a los derechos humanos detrás de los obstáculos al aborto legal.

La exjueza de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza, Aida Kemelmajer de Carlucci, argumentó en Julio del año pasado durante la segunda reunión del plenario del Senado que debatía la legalización del aborto, que esta práctica no viola la Convención Internacional de los Derechos del Niño: según la Ley 27005, Argentina reconoce la competencia del Comité de los Derechos del Niño como fuerza interpretativa en la materia, y en junio del año pasado esta organización instó al país a que asegure el acceso a los servicios del aborto seguro y atención post-aborto para niñas y adolescentes. 

“¿Cómo sostener entonces que el derecho del feto es absoluto si el órgano encargado de la interpretación y aplicación de la Convención (de los Derechos del Niño) prioriza a la adolescente embarazada, persona que tengo ante mis ojos y que indudablemente está protegida ante la convención? Quienes afirman la inconstitucionalidad piden que la Argentina no cumpla con las recomendaciones de la OMS, organismo al que nuestro país pertenece desde 1937; alertan estas personas sobre la peligrosidad del concepto de salud (como salud integral) que ese organismo formuló ya en 1948, y le piden al Senado que no aplique la guía Aborto sin riesgos, guía que fue redactada en 2003 y revisada en el año 2012”, expuso la abogada en aquella oportunidad. 

Educación Sexual Integral 

Una de las principales barreras que enfrentan las niñas al momento de acceder a la interrupción legal de su embarazo es la falta de información, por parte de su entorno familiar y escolar, relacionada con sus derechos sexuales y reproductivos. 

Rodrigo Ríos, psicólogo especialista en niñez y adolescencia, reconoció que las tendencias están cambiando y los jóvenes inician su actividad sexual en edades tempranas, por lo general entre los 10 y 13 años, y afirma que el despertar sexual, la exploración del cuerpo y el juego sexual entre pares muchas veces traen embarazos inesperados. 

Al respecto, Ruth Zurbriggen, una de las fundadoras de Socorristas en Red explica que no les ha tocado acompañar niñas de 10 años, pero sí de 12 a 14 años, y en ese rango no todas acuden por las mismas circunstancias: algunas son debido a abuso sexual, pero otras, entre 13 y 14 años principalmente, es por mantener relaciones sexuales con sus novios de su misma edad o próxima a la de ellas, y no se cuidaron o fallaron los métodos anticonceptivos. En estos últimos casos, van a las reuniones con las socorristas acompañadas de sus madres e incluso de sus novios. En los de abuso sexual, las maestras intervienen más y las niñas también van acompañadas de sus madres. 

En medio de este despertar sexual, la mayoría de les jóvenes no reciben educación sexual ni en la escuela ni en su casa, donde el sexo es un tema tabú. 

A pesar que desde el 2006 está vigente la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), en la que se prevé la enseñanza en todos los niveles de establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal, sólo 8 de las 25 jurisdicciones se adhieren a la ley.

En ese marco, Aministía Internacional publicó recientemente un informe en el que resalta que 8 de cada 10 adolescentes no reciben ESI en los colegios secundarios, mientras que 6 de cada 10 estudiantes de primaria no reciben información sobre cómo prevenir un abuso sexual ni sobre métodos anticonceptivos. 

Por otro lado, las niñas son estigmatizadas si piden anticonceptivos, si no son mayores de edad deben estar acompañadas de sus padres, y si los llegan a obtener, a veces no saben cómo usarlos o se confían de que el hombre usará protección.  “El embarazo infantil forzado no es buscado, produce angustia y temor, y resulta del desconocimiento por parte de estas niñas de las consecuencias de la actividad sexual o cuando, conociéndolas, no pueden hacer nada para prevenirlas”, describe el informe de Unicef. 

En estas circunstancias, todas las niñas tienen derecho de acceder a la ILE tanto por el causal de violación como por el riesgo a su salud o a su vida.  Sin embargo, en los 25 casos de niñas embarazadas por abuso sexual intrafamiliar que acompañó María José Corvalán de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre 2005 y 2017, tanto las madres como las niñas desconocían por completo la ILE y consideraban que el aborto era pecado y una práctica altamente peligrosa, mucho más que la gestación y el embarazo. 

Solo dos de las niñas llegaron a interrumpirlo, pero no lo hicieron en el sistema de salud pública porque temían la exposición y la condena social, así que lo resolvieron en la casa con el acompañamiento de las Socorristas en Red del territorio. “Las demás tuvieron embarazos complicados, partos muy dolorosos y empezaron una etapa de crianza muy conflictiva incluso por la relación que mantenían con sus propias madres. El cuidado de la o el bebé se tornaba una responsabilidad que generaba disputas y la falta de recursos profundizaba la inestabilidad. Las niñas querían ocuparse, pero se frustraban al no poder. La mayoría dejó la escuela”, explica. Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA), el embarazo es la cuarta razón de deserción escolar en niños menores de 15 años. 

La doctora Urraza, quien promueve salvar las dos vidas sostiene que, más allá del aborto, “el Estado se debe hacer cargo de la violencia que ejerce él mismo sobre las niñas que están en situación de vulnerabilidad” y agrega: “Estamos muy preocupados todos de matar bebés de 25 semanas, pero el Estado no se hace cargo de que esa chica vaya a la escuela, que pueda tener un plato de comida en la escuela si es que no tiene en su casa. Me parece que hay toda una solución que es más difícil de solucionar porque vamos a lo fácil. ¿Qué solución le ofrece el Estado a esa niña? ¿Que vaya después a un orfanato, o que vaya a otra familia, que vaya con una abuela abandónica o que vuelva a la misma situación de violencia? Pienso que la solución pasa por acompañar, por formar equipos interdisciplinarios, que acompañen todo ese embarazo”.

Sin embargo, la doctora Manzano, que aboga por el derecho de la mujer, alerta que los retrasos en la interrupción legal del embarazo pueden generar que las mujeres o, en este caso, las niñas se enfermen, mueran, sufran o incluso se suiciden. Tales son los casos, por ejemplo, de la joven de 14 años de Misiones que intentó quitarse la vida o la niña de 13 años de Buenos Aires que, se suicidó porque estaba embarazada de su tío que la violaba.

Aunque algunos crean que el aborto es una salida fácil, es la recomendación principal y segura que promueven y exigen organizaciones internacionales a sus Estados partes, como la OMS, el Comité Internacional de los Derechos del Niño y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que en la guía que elaboró junto con el Estado argentino sobre qué hacer y cómo deben responder los diversos actores estatales a las demandas y necesidades de las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de abusos sexuales y embarazo forzado, se lee: “Las niñas o adolescentes deben saber que tienen la posibilidad de interrumpir el embarazo. La falta de respuesta institucional a los embarazos forzados en niñas menores de 15 años son formas de violencia institucional e incumplen las garantías de los derechos consagrados por la legislación nacional. Se incumple cuando no se da a la niña la información para que decida en libertad. Se incumple cuando no se ofrece la posibilidad de interrupción legal del embarazo (ILE) y se actúa como si no hubiera otra posibilidad que continuar el embarazo».

Obligar a una niña a parir contra su voluntad y a atravesar una gestación cuando ni su mente ni su cuerpo están preparados, es tortura.