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La salida antipunitivista: basta de persecución a travestis y trans | Revista Colibri
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La salida antipunitivista: basta de persecución a travestis y trans

“Adoptarán todas las medidas necesarias y razonables para proteger a las personas contra acusaciones penales o procedimientos civiles que sean motivados enteramente o en parte por prejuicios acerca de la orientación sexual o la identidad de género”.
Apartado B del Principio 8 de Yogyakarta, Derecho a un juicio justo.

Por Kevin Alejandro Vivas

No es secreto para nadie que muchas de las realidades de las personas travestis y trans están atravesadas por la expulsión del hogar, los centros educativos y espacios laborales. Estos factores conllevan a que se introduzcan en economías criminalizadas como la prostitución y el mercado de las drogas.

Por este motivo son estigmatizadas por la misma sociedad que les expulsa de mejores posibilidades de vida. Los medios de comunicación difunden la violencia al reproducir estereotipos transodiantes al usar términos como “narcotravestis”. Las personas trans y travestis son asesinadas diariamente y recluidas en cárceles, donde también pierden su vida por causas evitables.

En 2017 en La Plata, Pamela Macedo (29), Damaris Becerra (40), Angie Velázquez (36) y Brandy Bardales (43) perdieron su vida a causa de la violencia institucional, que les negó la asistencia médica necesaria mientras se encontraban privadas de su libertad. Todas ellas eran migrantes y militantes.

En 2021 en La Plata, Lucho Avila (25) se suicidó tras ser torturado en un penal de mujeres con una práctica conocida como “buzón”, que consiste en encerrar a una persona todo el día en una celda diminuta y sin ninguna comodidad. Como la mayoría de personas travestis y trans en situación de encierro, Lucho estaba preso sin antecedentes, sin condena y por causas relacionadas al tráfico de estupefacientes.

Sasha Barrionuevo murió en Mar del Plata en 2022, luego de no recibir atención médica y varios meses después de haber recibido una golpiza por parte del Servicio Penitenciario, horas después de su muerte se firmaba su libertad.

Por estos motivos, la salida es antipunitivista. La cárcel no aísla a quienes hacen daño a la sociedad, sino que funciona más como un reclusorio de lo no deseado. El delito y la persona a quien se juzga se vuelven un sólo ser a quien se le quitan sus cualidades humanas, no se busca su reinserción en la sociedad sino muy por el contrario; castigar y desechar.

Persecución histórica

A pesar de la derogación de los edictos (1998) que daban el derecho a la policia de detener a personas según la ropa que vestían o el ejercicio de la prostitución, las personas travestis y trans, en especial migrantes, aún son un grupo perseguido.

Estos fueron reemplazados por figuras como la contravención por escándalo en la vía pública o el delito de exhibición obscena, y sobretodo, por infracciones a la Ley 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes, que en nombre de una “guerra contra el narcotráfico”, incrementa la criminalización desproporcionada hacia la población travesti-trans.

Se utiliza de forma abusiva la prisión preventiva y se argumenta con el “peligro de fuga” la negación al arresto domiciliario, desconociendo las condiciones estructurales de vida que se discuten a nivel estatal: la falta de acceso al trabajo, a la salud, a la educación y la falta de vivienda.

Casi todas las causas empiezan con operativos de prevención policial, interceptandoles en la calle con la excusa de identificar “movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes” (como subir y bajar de autos o pasar la noche en una esquina),  también se hacen razias masivas tanto en la calle como en sus domicilios y lugares de encuentro.

Este trato discriminatorio también está presente en el tipo de persecución que reciben. Suelen ser desnudadas a la fuerza e incluso sometidas a requisas anales en plena vía pública y a cargo de policías varones cisgénero. Este hostigamiento no sólo lo padecen las transfeminidades, este fue el accionar policial contra dos chicos trans en Lanús que esperaban el tren para ir a trabajar.

Según un artículo sobre procesos de criminalización de mujeres trans y travestis, es común que sean detenidas por portar menos de cuatro gramos de cocaína, también es normal que estas detenciones queden bajo causa de comercialización cuando se trata de consumo personal. De hecho, durante el camino a la dependencia policial son extorsionadas para cambiar el tipo de delito por el que se les imputarán cargos.

En muchas de las causas se registra el nombre y sexo con los que no se identifican, utilizando además términos como “el acusado”, “el travestido”, “que se hace llamar…”, “alias”, “persona vestida con ropas de mujer”, atentando contra la Ley de Identidad de Género.

Estas prácticas irregulares y violentas son acompañadas posteriormente por la complicidad judicial, que les mantiene meses y años sin condena, se ignoran los testimonios y se trasladan a cientos de kilómetros de sus lugares de detención.

La situación en La Plata

 “A lo mejor darles una mano desde lo psicológico, desde lo médico, pero
no se me ocurre darle trabajo a un travesti cuando hay madres y padres
con hijos en la ciudad que tienen hambre. Es una locura”.
Julio Garro, intendente de la Plata sobre la la inserción laboral de las personas trans (2015)

En la ciudad de La Plata ya realmente no se puede vivir, he trabajado en otros lugares y no es tanta la persecución”, dice Julieta por un audio de WhatsApp a Revista Colibrí, luego de su clase de costura. “Hay mucho este pensamiento de que porque somos travestis vendemos droga y no todas somos iguales”.

Julieta fue detenida en uno de los muchos operativos de allanamientos que se realizan en la ciudad de La Plata. En julio de 2022 ella y otras siete mujeres trans fueron detenidas y trasladadas a los penales de Siera Chica, Batán y la Unidad 32 de Florencio Varela.

Hasta ahora no sé nada de mi causa, supuestamente está todavía en cámara y sólo me dicen que tengo que esperar, imagínate que todavía ni declaré, mi causa sigue totalmente en stand by, supuestamente el juez tiene que ver las pruebas pero no existen esas pruebas”, comenta Julieta. 

Además, ninguna de sus compañeras tiene condena todavía, “por suerte la convivencia en el pabellón es buena, la mayoría las conozco porque trabajabamos todas en La Plata, pero lo que es el tema de sanidad es malisimo, no hay casi medicamentos, si te enfermas solo te dan ibuprofeno o paracetamol”.

Salud

Ivana fue detenida en el mismo operativo que Julieta, pero fue trasladada a la Unidad 32 de Florencio Varela, desde ahí denuncia que les dan de comer una vez al día, y que el resto de las comidas las tienen que gestionar con los alimentos que les lleva su familia o amistades. “Vos dependes de las cosas que traes para poder vivir”, afirma a Colibrí.

En los penales se evidencia la falta de acceso a alimentos, elementos de higiene personal y acceso a la salud médica. Se ven interrumpidos sus procesos de hormonización y se ignoran las patologías preexistentes que se agravan en la situación de encierro.

Desde la Unidad 2 de Sierra Chica, Samantha denuncia la discriminación y el maltrato del hospital Olavarría, al que las llevan cuando se encuentran muy mal de salud. También la escasez de alimentos con aporte nutricional necesario para su bienestar:

Aquí hay muchos peros para la comida, no te dejan entrar ni fruta, cuando habemos varias con tratamiento de VIH, supuestamente porque es una cárcel de máxima seguridad, por eso a veces no dejan entrar carne cruda, ni vitaminas ni pastillas para nosotras que tenemos las defensas bajas”.

Samantha es una mujer trans con nacionalidad ecuatoriana, la detuvieron cuando allanaron su casa en septiembre de 2021, “estaban buscando a dos chicas que supuestamente vivían en mi departamento, una de ellas me visitó una vez pero no vivía conmigo”. 

Entraron a su casa a la fuerza, para sacarle la frazada la empujaron y su implante de silicona chocó contra una mesa de vidrio, lo que le causó un desgarramiento; “hasta el día de hoy no me dan atención médica”.

Ese no fue su primer allanamiento, un año antes de su detención ya había sido allanada en su vivienda en San Carlos (La Plata), pero gracias a que filmó las agresiones de los policías, que la tiraron del cabello al suelo y la golpearon, pudo enviar el material a la Fundación Furia Travesti para evitar su detención y la de sus compañeras. “Nos querían acusar de venta de drogas y nada que ver, además traen su propio testigo, pero como yo grabé quedó todo ahí”.

Samantha está buscando su arresto domiciliario por su estado de salud. Al igual que las demás, a un año y medio de su detención no tiene condena, ni ha declarado su versión de los hechos personalmente. 

Aquí en Sierra Chica la policía te trata como les da la gana, esto es una mafia, si tú no tienes para darle algo a ellos te botan”, contó a Colibrí. “A mí por responder a un golpe sin ninguna advertencia ni parte me botaron a buzones donde estuve 10 días, hoy me trasladaron a confinados”.

“Confinados” y “Buzones” son medidas de tortura que se utilizan como castigos de aislamiento en las cárceles, donde confinan en soledad a las personas presas que consideran que tienen un mal comportamiento en celdas de tamaño reducido, donde permanecen encerrades todo el día. 

Buzones es un asco, un colchón sucio, hay animales que te pican en el cuerpo, moscos de noche, no hay ni un enchufe, el baño es un asco, completamente sucio”, declara Samantha desde confinados. “En confinados es igual, pero aquí al menos nos dejan usar nuestras cosas. Es inhumano estar acá, no te dejan salir ni al patio”.

Raíz del problema

Las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires están dirigidas a estrategias de prevención, en las que se divide a la sociedad entre personas peligrosas y por otro lado, ciudadanes a quienes se debe ofrecer protección. Los medios de comunicación, el poder judicial y policial participan de la construcción de estos estereotipos que identifican a estos grupos como productores de riesgo. Hacen ver su captura (culpables o no) como una victoria contra el tráfico de drogas.

Cuando realmente participan de estos actos por los que se les acusa, ocupan los roles más reemplazables dentro de la cadena del narcotráfico, que precisamente vuelven a ocupar otras personas que se encuentran en su misma situación de vida. Les vecines suelen ser el primer paso de vigilancia y persecución, ya que la mayoría de procedimientos son promovidos a partir de sus denuncias, y las pruebas que estos brindan son centrales para su encarcelamiento.

El escaso número de denuncias hacia actos de perfilamiento son un reflejo de la falta de información de las víctimas sobre sus derechos, y de la insensatez de hacer una denuncia en una comisaría sobre la violencia policial, además de los costos de los procedimientos judiciales en economías que muchas veces no pueden satisfacer necesidades básicas.

Es evidente que las lógicas estatales no coinciden con los avances legales. Es imposible un cambio estructural sin modificar el sentido social que se ha creado hacia las identidades no normativas, sin límites a la subjetividad policial y a la ineptitud del sistema judicial frente a estos casos. Esta desigualdad se seguirá perpetuando antes, durante y después de su detención.

Samantha, Ivana y Julieta pidieron a Revista Colibrí compartir su alias para poder recaudar dinero para la compra de alimentos y productos de aseo personal. Puedes mandar tu colaboración a:

Samantha: NIBANEZ0704NX.ARS

Julieta: samanthadiabla199214

Ivana: ncampos.bds.368

guarda

Mini bio del autor: Le causan repulsión las cajas, los límites, lo estático, lo predecible y determinado. Por eso nunca puede describirse, porque le repugnan las palabras que le obligan a cumplir con un papel que aunque hoy le defina, mañana tal vez no quiera interpretar.

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