Ley IVE: una victoria que es sólo el comienzo

Por Nicole Martin

Lograr una ley es el objetivo de muchas de las luchas populares en Argentina. Quince años militó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito hasta sancionar la Ley IVE (2020); diversos colectivos de personas trans autoconvocades lucharon por el CLT (2021) hasta lograr una ley que lleva el nombre de dos de sus grandes referentas, Diana Sacayán y Lohana Berkins. Así fue también con la Ley de Identidad de Género (2012) y la del matrimonio igualitario (2010). La ley es un horizonte común, pero puede ser una trampa. 

Basta con ver la falta de acceso a la Educación Sexual Integral a 16 años de la victoriosa sanción de la ley. En el caso de la Ley IVE, que cumplió dos años el 30 de diciembre, el Gobierno informó que, desde la aplicación de la ley, hubo un total de 132.754 abortos. Fueron posibles gracias al crecimiento de los centros de salud y hospitales públicos, un 59,8% más de lo declarado en 2020. Además, desde Casa Rosada destacaron la línea telefónica 0800-222-3444 de Salud Sexual, que asiste en el acceso a la práctica.

Pero el informe no profundizó sobre las múltiples dificultades de acceso en el país. En cambio, el reporte “Calidad: El desafío a dos años de la ley de aborto” de CEDES e Ibis Reproductive Health destacó tres obstáculos clave: el uso de procedimientos riesgosos como el legrado, la información poco clara y la mala utilización de la objeción de conciencia. Esto último dificulta el acceso al derecho en todas las localidades, ya que hay zonas e instituciones enteras donde todos los profesionales se declaran objetores de conciencia.

Vigilia por el aborto legal

“La ley es un punto de partida, hay que seguir movilizadas para su cumplimiento”, dijo a Revista Colibrí  Mercedes Krause, doctora en Ciencias Sociales e investigadora de CEDES en el monitoreo de la aplicación de la Ley IVE “Proyecto Mirar”. “Con otras leyes ha pasado que quedan en el papel y no en la realidad. Tampoco es un punto de partida menor, para hablar de aborto seguro hay que pensar que el entorno sea habilitante y una posiblidad legal”, agrega.

La ley sacó el aborto del clóset, aún así “continúa el estigma sobre quien se hace el aborto y quienes lo garantizan”, enfatizó María Alicia Gutiérrez, socióloga feminista, investigadora y parte de Casa FUSA. También hay profundas diferencias locales: en lugares más grandes es mucho más fácil acceder al anonimato, pero en los lugares más chicos el estigma es mayor. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tres partidos que no garantizan la práctica se destacan en el mapa de puntos de acceso: San Miguel, Capitán Sarmiento y Lezama.

La lucha del aborto fue distinta a otras, ya que la persistente Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito logró la despenalización social dos años antes que la ley, refirió Krause. Poner en agenda el aborto fue la primera victoria pero desde que se aprobó, dejó de ocupar tapas en los diarios. “En la medida en esta demanda del colectivo feminista deje de estar en agenda pública y política también es difícil la plena implementación”, opinó la investigadora.

María José Corvalán es periodista feminista y activista de la Campaña. Para ella, existe una desmovilización post-pandemia no sólo en el movimiento feminista sino en todo el movimiento de derechos humanos y que también se puede ver en otros países de la región Latinoamérica y el Caribe. Además de la crisis pandémica, lo atribuye a la falta de recursos económicos, a cuestiones político-partidarias -ya que algunas personas son más pacientes con el Estado cuando el gobierno es de su color político- y también al agotamiento.

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“El activismo durante mucho tiempo en Argentina fue en su mayoría voluntario y las defensoras de derechos humanos, además de aborto, acompañan otras cuestiones como violencia de género, abuso, trata de personas, violencia en las redes. No solamente que están desfinanciadas sino que sufren un fuerte impacto en su salud integral”, aportó Corvalán. Destacó la existencia de un activismo muy desgastado porque no tuvo la práctica de establecer medidas de autocuidado.

No sólo este activismo está desfinanciado y agotado, sino que enfrenta la persecución judicial. Por ejemplo, el caso de la doctora Miranda Ruiz, quien fue liberada y sobreseída por la justicia de Salta en la semana previa al Día de Acción Internacional por el Aborto Legal. Había sido encausada y apresada por garantizar el acceso a un aborto legal en Tartagal, Salta.

La implementación de la ley no es responsabilidad de los movimientos sociales, sino del Estado. En ese proceso, resaltan los obstáculos del informe de CEDES y también las oportunidades, como los protocolos vigentes y los insumos que van en aumento. Mientras que el país camina ese lento proceso, los movimientos apoyan con acciones políticas porque no pueden esperar: los monitoreos sociales, la construcción de estrategias a nivel regional, campañas de ciberactivismo para no tener que buscar información con “la lupita” -señala Corvalán-, sino que sea difundida con toda la fuerza de los Estados.

“Es clave que los movimientos se sitúen en cada lugar, que reconozcan la importancia de que el tema siga existiendo y que tener una ley es una condición necesaria pero no suficiente para el acceso pleno”, afirmó María Alicia Gutiérrez. Suma un diálogo autónomo con el Estado, que pueda reconocer y denunciar los obstáculos que se identifican en los monitoreos y acompañar con “Campañas, campañas, campañas…”. 

En los activismos de estas mujeres, se comprueba que las leyes son sólo una primera victoria para garantizar derechos. En 2023, los movimientos sociales y transfeministas vigilarán el proceso de implementación de la ley. “Hay que volver a construir una agenda en relación del aborto. Queríamos que sea ley, y ahora queremos que sea de calidad”, concluyó Krause.

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