Negacionismo histórico a 40 años de Democracia

Por Agustina Verdi

En Argentina y en la región camina el negacionismo histórico. El negacionismo o revisionismo histórico se define como la reinterpretación y manipulación de la historia con intencionalidad política. Un ejemplo fue el del lunes 4 de septiembre cuando Victoria Villarruel, actual candidata a vicepresidenta por la Libertad Avanza (LLA), organizó un acto en la Legislatura porteñá en conmemoración a las víctimas del terrorismo.

La convocatoria fue impulsada junto a Lucía Montenegro, legisladora de LLA y organizado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) sigla similar al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pero creada a partir de 2006 con fines opuestos, ya que buscan llevar adelante juicios a militantes “guerrilleros” de los 70’.

A la frase “víctimas del terrorismo” como se nombra la convocatoria, pareciera faltarle pero no le falta una parte crucial que es “de Estado” o al menos es la forma en que desde la vuelta de la democracia el Cels, Madres y Abuelas de plaza de Mayo y otros organismos de Derechos Humanos hablan de las víctimas cuando se refieren a los gobiernos militares.

Las víctimas que conmemoró Villarruel en el acto son otras víctimas. Víctimas que no están dentro de los reclamos de los organismos de Derechos Humanos no porque importen menos, sino porque ponen la responsabilidad en los “terroristas” que las llevaron adelante al mismo nivel de responsabilidad que tuvo el Estado que, como respuesta, llevó adelante una serie de delitos como desaparición, tortura, robo de bebés, entre otras, saliendose completamente del marco de las leyes nacionales e internacionales.

De esta manera, Villarruel trae al presente “la teoría de los dos demonios”  pero de forma reversionada. La original propone que durante la dictadura existieron dos demonios, el Estado y la guerrilla opositora. De esa forma, igualan la gravedad el terrorismo de Estado ocurrido en Argentina entre 1976 y 1983 por parte de las juntas militares con los actos de violencia cometidos por las organizaciones guerrilleras Montoneros y ERP. En la versión de Villarruel no se equipara “el terrorismo” con los militares pero sí los desaparecidos con los muertos en manos del terrorismo.

“No son comparables porque el Estado violó todas las normas fundamentales con el fin de perseguir a dichas organizaciones y además utilizó la totalidad del repertorio represivo a su disposición”, explicó a Revista Colibrí una trabajadora de identidad resguardada del Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad y ex abogada del Cels.

Desde Celtyv buscan juzgar a las guerrillas, intentar que estos delitos pasen a ser de lesa humanidad, como son los cometidos por los militares que hasta el día de hoy siguen siendo procesados. A la vez, ponen en duda el número 30.000 como si hubiera diferencia en la gravedad del genocidio cometido por el número de desaparecidos.

“El Estado está obligado a tutelar el derecho a la vida y a la integridad física de las personas. A su vez tiene  el monopolio del uso de las fuerzas en pos de salvaguardar la paz social, no puede abusar de dicha facultad para vulnerar y violar indiscriminadamente los derechos de la población”, dijo ella.

Los delitos que comete el Estado siempre tienen una jerarquía mayor que la cometida por civiles, por estructura, por poder y por responsabilidad. Además, juzgar a los “guerrilleros” implicaría llevar adelante un proceso jurídico constitucional que en el momento en el que sucedieron los delitos no fueron posibles de ser juzgados ya que, entonces, se decidió dejar sin efecto las vías legales de justicia y avanzar por las más cruentas y perversas de castigo y disciplinamiento. El Estado no puede tomar medidas clandestinas contra ningún sector por más terrorista que lo considere.

“No se pueden igualar las fuerzas porque el Estado debe proteger los derechos y garantías de las personas y en el caso de que los ciudadanos cometan delitos, se debe realizar su debido proceso judicial”, explicó la abogada.

El mismo día del evento, Abuelas de Plaza de Mayo Línea Fundadora, publicó en redes sociales el repudio a todo acto negacionista y, junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, se manifestaron en la Legislatura para rechazar el evento que estaba sucediendo dentro.

El martes 5 de septiembre, día posterior al evento convocado por Villarruel, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, publicó un comunicado  donde se informó: “La jueza federal María Servini, titular del juzgado federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió que la actuación de organizaciones políticas en los años 70’s no son crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra ni graves violaciones a los derechos humanos y por lo tanto se encuentra prescripta”.

Así rechazó un pedido realizado por asociaciones defensoras de represores que buscan reabrir una causa por los ocurrido el 2 de julio de 1976, cuando explotó una bomba de Montoneros en la “Superintendencia de Seguridad Federal” que causó la muerte de 27 efectivos policiales. En ese edificio, según investigó el Cels, se detenían ilegalmente a “subversivos” y se aplicaban torturas. 

Además, se comprobó que desde allí salieron treinta personas que se encontraban detenidas ilegalmente la noche del día 19 de agosto de 1976 que fueron trasladadas hasta la localidad de Fátima, Provincia de Buenos Aires, en donde fueron asesinadas. Este hecho se conoce como la “Masacre de Fátima”.

Dime con quien te juntas y te diré quien eres 

En 2022, Villarruel participó de la II Cumbre de la «Iberoesfera» organizada por Vox, el partido de ultraderecha conservador de España donde aseguró ideas como: “En la década del 70 hubo una guerra de baja intensidad, 17 organizaciones armadas, la gran mayoría de ellas de extrema izquierda, atacaron al Estado, aterrorizaron a la población, asesinaron argentinos y extranjeros, secuestraron robaron y hubo más de 17 mil víctimas”.

Esta es una nueva versión del negacionismo porque no niega lo ocurrido, ya hay mucha evidencia de ello, pero justifica a los genocidas que estaban frente a un enemigo de igual calibre en una guerra y por eso llevaron adelante las atrocidades más grandes de persecución, tortura y desaparición. 

“Una guerra posee reglas, que en el caso no se han cumplido, por lo que cabe desmerecer el término de guerra y hablar de, entonces, una represión estatal feroz, clandestina y cobarde, tal como enuncia el Sr. Fiscal Strassera en el Juicio a las Juntas Militares de 1985”, aclaró la trabajadora.

Cuando se habla de «guerra» se invalida el concepto de terrorismo que los sectores negacionistas plantean. Porque, en ese caso, serían acciones de uno de los bandos enfrentados en igualdad de condiciones. 

En cambio, cuando los organismos de Derechos Humanos denuncian el plan sistemático de desaparición de personas durante la dictadura, se habla de «terrorismo de Estado» (uso de métodos ilegítimos por parte de un gobierno para producir miedo o terror en la población civil; en este caso, para sostenerse en el poder y eliminar a la oposición) por lo que se comprende que no hubo tal guerra.

Además, cuando se denuncian Crímenes de Lesa Humanidad se habla de ataque sistemático contra civiles (no militares) con una modalidad determinada: tortura, desaparición forzada, homicidio, violencia sexual, entre otros. Exactamente el modus operandi de la dictadura a nivel nacional en los centros clandestinos de detención.

Este negacionismo no niega el accionar de los militares, pero sí la jerarquía distintiva entre el terrorismo de Estado y las acciones de grupos minoritarios en la clandestindad. Además, deslegitiman el gran trabajo de consolidación y desarrollo democrático que llevaron adelante Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y todos los organismos de DDHH en su lucha incansable por la Verdad, la Memoria y la Justicia desde el primer Juicio a la Junta Militar en 1981, hasta la actualidad. 

El discurso que encarna Villarruel habla de “la otra memoria”, de “las otras víctimas” y buscan romper el consenso sobre la memoria y la historia de un país que lleva 40 años de democracia.Desde dentro de la estructura democrática, en partidos elegidos libremente por el pueblo para ocupar cargos públicos como es el caso de Victoria Villarruel y La Libertad Avanza, se llevan adelante propuestas que, más que agrandar, cercenan derechos y hacen temblar este sistema de representación social.