Por Agustina Verdi
La Reforma Constitucional de Jujuy que se llevó adelante el 15 de junio de 2023 en la Provincia de Jujuy generó mucho malestar porque, además de vulnerar derechos de protesta social, fue sancionada rápidamente y sin consulta popular.
Ese mismo día el pueblo de la provincia se levantó y se generaron movilizaciones y protestas que fueron reprimidas por la Policía Federal con un uso abusivo de la fuerza, como reflejaron las imágenes que circularon en medios y redes sociales.
Pero el reclamo popular y la respuesta violenta por parte del Estado no terminó en esta fecha, desde entonces hay más de 130 detenidos según un informe de Amnistía Internacional, entre los que se encuentran docentes y abogados defensores de los Derechos Humanos, como es el caso de Alberto Nallar, un abogado detenido por representar a manifestantes y a sus familiares.
El procedimiento es referir delitos relacionados con la protesta social, tales como entorpecimiento de la vía pública, resistencia a la autoridad, entre otras. Estas causas se fundamentan en el modificado artículo 67 sobre paz social que dictamina «la prohibición de cortes de calle y cortes de ruta» y «la ocupación indebida de edificios públicos en la Provincia». Otra modificación problemática es la del artículo 74 sobre la tierra, que postula que se regulará la disposición de tierras fiscales; para los pueblos indígenas, se lee como una excusa para apropiarse de sus tierras, ya que muchos figuran como “fiscales”.
La persecución y la instalación del miedo crece de formas perversas como en épocas pasadas: la Defensoría del Público dio a conocer un informe en el que destacan «intimidaciones» con armas de fuego hacia trabajadores de prensa, asimismo una docente de arte, Camilla Muller, declaró que fue secuestrada y torturada con métodos que recuerdan los llevados adelante por las Fuerzas Militares durante la dictadura.
La docente presentó un habeas corpus y una denuncia penal por su caso que llevará adelante la justicia. En paralelo, los casos de abuso de las fuerzas de seguridad, de instalación del miedo, persecución y represión siguen creciendo.
El gobernador Gerardo Morales, en un acto de impunidad total, deslegitimó las protestas diciendo que eran «gente pagada por Milagro Sala» y «turistas piqueteros de Buenos Aires» e incluso, a través de la secretaría de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas del Gobierno de Jujuy, Marcela Infante, denunció en la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) «excesos en el derecho de protesta». Desde este organismo desestimaron la solicitud y exigieron escuchar las demandas del pueblo.
Un pueblo que hace más de un mes está en lucha y movilización, personas de pueblos y comunidades originarias, de sindicatos, de organizaciones de derechos humanos y también autoconvocados, resisten el avance, copan las calles y rutas para visibilizar el rechazo a la reforma constitucional y como respuesta, lejos de mermar la violencia, sigue escalando de formas cada vez más cruentas e ilegales, generando un gran desconcierto y desgaste en les manifestantes que llevan adelante la resistencia.
El conflicto es tapado por un blindaje mediático que cuida la figura de Gerardo Morales, actual jefe de gobierno de Jujuy y candidato a vice para las paso por Juntos Por el Cambio en la fórmula junto a Horacio Rodriguez Larreta
Por eso es importante hacerse parte del conflicto y visibilizar este avance sobre los derechos humanos. La organización de derechos humanos Amnistía Internacional lanzó una Acción Urgente (AU) que llama a sus seguidores del mundo envíen una carta al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy, Sergio Lello Sánchez manifestando su preocupación por la detención y persecución del abogado Alberto Nallar en Jujuy. Revista Colibrí invita a participar de esta acción para difundir y denunciar el accionar que se está llevando adelante en la provincia.
La protesta y la movilización popular no se puede criminalizar ni prohibir, dado el artículo 14 de la Constitución Nacional, que reconoce tanto el derecho de peticionar a las autoridades como a la libertad de expresión. Del mismo modo lo hacen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, de jerarquía constitucional luego de la Reforma de 1994.
BIO de la autora: Agustina Verdi es comunicadora social, le interesa la palabra explicita por eso es Periodista de Revista Colibrí, y la comunicación implícita por eso también se dedica al yoga y la expresión corporal.
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