Penélope Díaz Ramírez: que la nombren como mujer

Por Darcy Borrero Batista (Cuba)

Ilustración: Alma Ríos (México)

Al nacer, el 14 de diciembre de 1981, sus padres le llamaron Pablo. El 13 de abril de 2020 una parte de Puerto Rico le despidió como Penélope. Lo único invariable, entre su nacimiento y muerte, son sus apellidos Díaz Ramírez. 

Penélope no murió, no apareció “ahorcada con signos de violencia”. A Penélope la mataron en el Complejo Correccional de Bayamón, aunque la Policía no contabilice el caso como transfeminicidio. Según la prensa, tenía 31 años cuando le arrebataron el derecho a maquillarse, ponerse labial rojo o azul, vestirse a su antojo, existir. En realidad tenía 38 y esos derechos humanos, de algún modo, se los habían arrebatado antes, cuando un juzgado la llevó, porque tenía pene y no vulva, a una prisión para hombres. 

En la ficha policial se hace constar que es “hombre”, “negro”, pesa 130 libras (50 kilos) y mide 5.9 pies (1.80 metros). La imagen, como el texto, carecen de color. En blanco y negro, “Pablo” mira a la cámara, sin maquillaje, el cabello corto peinado hacia adelante. Ni siquiera se puede percibir que, como se lee en la ficha, es pelirrojo. 

El delito

Aunque según este documento “el recluso” residía en Caguas, la enviaron al penal de Bayamón por el delito 158: ‘dangerous drugs-tentative or conspiration’. De acuerdo con la web de los abogados Pate, Johnson & Church,  “una conspiración de drogas se define como un acuerdo entre dos o más personas para cometer un delito de drogas. Una conspiración federal contra las drogas es un acuerdo para violar las leyes federales sobre drogas”. Los cargos varían en dependencia del tipo y cantidad de drogas involucradas y de agravantes como la muerte de personas debido al consumo; pero suelen ser condenados con penas entre cinco y 40 años de cárcel, e incluso cadena perpetua. 

De acuerdo con la investigación Mujeres trans privadas de la libertad: La Invisibilidad tras los muros, publicada en febrero de 2020, las mujeres trans están sobrerrepresentadas en las prisiones  comparadas con otros grupos. “En estos entornos cerrados, los desafíos —relacionados con el alojamiento, su identificación, las requisas, el acceso a servicios médicos, la privacidad, las visitas conyugales, entre otros— a menudo se exacerban, amplifican y multiplican”, sostienen los autores. 

Los informes estatales siguen siendo binarios y no registran la categoría ‘T’ en sus datos, por lo que aun cuando la citada investigación analiza las condiciones de vida de las mujeres trans y travestis privadas de la libertad,  “el vacío de información y estadísticas desagregadas con perspectiva de género no permite dimensionar el vínculo entre las políticas de drogas y el encarcelamiento de las mujeres trans”.

“Llegué a un ‘picadero’ —cuartos de casas donde consumidores se inyectan a diario todo tipo de drogas—, en ese momento, llegó la Policía Federal. Ellos nos ordenaron tirarnos al suelo, observaron a todas las personas y levantaron a la chica que vendía la droga, la cual negoció con los policías y la dejaron ir. Se voltearon hacia mí y me preguntaron ‘¿desde cuándo vendes droga?’, yo les contesté que lo único que hacía era consumirla, pero ellos me arrestaron y metieron a una camioneta blanca”, es el testimonio de Kenya Cuevas, activista trans que, sentenciada a 24 años, fue llevada al Reclusorio Varonil Norte de la Ciudad de México. 

Como el suyo, otros tantos relatos hablan de una América Latina donde el promedio de vida de las mujeres trans es de 35 años y resulta alarmante la desprotección de la población penal LGBTIQ+ debido a la ausencia de estándares y políticas públicas sobre su atención y cuidado. Privadas de libertad, quedan expuestas además a la discriminación y el abuso.

Ninguna fuente pudo precisar cuánto tiempo Penélope había pasado en prisión al momento de su muerte. Ni cuánto tiempo llevaba conviviendo con su agresor. Se sabe, sí, que la suya fue una muerte violenta en un contexto de doble confinamiento debido a la pandemia de covid-19 y a su propio estado de reclusión. Antes que ella, durante el primer mes exacto de cuarentena o toque de queda en Puerto Rico, del 15 de marzo al 15 de abril, Rosa, Yolanda, Sonia y Ashley, en ese orden, también fueron asesinadas por ser mujeres. La situación de cárcel de una y el confinamiento de las otras, las igualan en su vulnerabilidad ante los feminicidas. 

Junto a estos cinco nombres hay que escribir además los de Yampi, Serena, Layla, Alexa. A esta última la Policía la presentó como “un hombre con falda”, pero se transformó en icono internacional  una vez que el reguetonero boricua Bad Bunny le hizo un homenaje: apareció con falda en la presentación de su disco y declaró: “mataron a Alexa, no a un hombre con falda”.

En 2020, seis de las 10 muertes de personas trans y no cisgénero que reporta Estados Unidos han ocurrido en Puerto Rico. Neulisa Luciano Ruiz (Alexa) y Yampi Méndez Arocho fueron asesinadas en la isla a principios de año. La semana previa al transfeminicidio de Penélope, otras dos personas transgénero fueron encontradas muertas: Serena Angelique Velázquez Ramos y Layla Pelaez Sánchez. Y el 30 de septiembre la Policía identificó el cuerpo de Michelle “Michellyn” Ramos Vargas.

Penélope Díaz Ramírez, la mujer transgénero de 38 años, se registró como la novena persona transgénero o no cisgénero asesinada violentamente este año en el territorio de Estados Unidos, incluyendo al “Estado Libre Asociado”. 

El Comité Integral de Búsqueda de la Equidad (CABE) exigió a las autoridades que no descartaran ningún ángulo —incluido el odio— en la investigación del asesinato de Díaz Ramírez. 

De acuerdo con lo publicado en los medios locales, su historia ha hecho más sólido el movimiento en Puerto Rico para que los ingresos a las cárceles sean según la identidad de género. CABE considera que “encarcelar a las personas solamente por el certificado de nacimiento puede poner en riesgo a las mujeres trans en penales de hombres”. Para los activistas, Penélope fue víctima de asesinato por estar en la cárcel de hombres, mientras la Policía indicó que la investigación no encontró en este caso “un crimen de odio”, publicó El Nuevo Día. 

Una entrevista exclusiva con la activista trans Joanna Cifredo de Fellman, ex Former Racial & Economic Justice Policy Analyst en el National Center for Transgender Equality durante la administración del demócrata Barack Obama, confirmó que a las trans las ubican en celdas de hombres si no están operadas. Lo que determina no es la identidad de género, sino el “órgano sexual reproductor”. 

Joanna, quien reside en el mismo municipio donde sucedieron los hechos, precisa que “Bayamón es parte del área metropolitana, un suburbio de San Juan”. Es en esa ciudad, la capital, donde están casi “todes los grupos (de activismo trans) que hay aquí (en Puerto Rico)”. Sobre Penélope dice Joanna: “la verdad es que sabemos bien poco de su caso. Falta transparencia y acceso a información pública”.

La coordinadora de Trans Tanamá, un programa dirigido a la comunidad transgénero (TG) y transexual (TS) para servir y educar sobre salud sexual, tampoco pudo aportar mucha más información sobre el caso. Aunque tiene contacto con una persona cercana a Penélope, explica que esta no quiere dar ninguna información para evitar represalias, a pedido también de la propia familia de la víctima. Solo dice que el caso está vinculado a un “área de prostitución”, pero no da más detalles. 

En San Juan, Puerto Rico, Toro-Alfonso (1995) desarrolló una intervención de ocho semanas para las trabajadoras sexuales trans. “Estas intervenciones, en distintos grados, también intentan hacer frente a los cofactores de riesgo de VIH, tales como el uso de sustancias y el trabajo sexual”, se lee en Elementos para el desarrollo de la atención integral de personas trans y sus comunidades en Latinoamérica y el Caribe.

Por su parte, CABE dice haber perdido contacto con la persona que habló con la organización para pedir justicia por Penélope. “Desafortunadamente no tenemos contacto con ella. Se comunicó cuando se enteró del asesinato de Penélope pero ella misma estaba viviendo en un refugio”. 

La pandemia de covid-19 afecta de manera particular a la población penal y a quienes, por motivos de género y de una institucionalidad heteronormada y cisgénero, terminan siendo violentadas por hallarse en el lugar que los patrones patriarcales les asignan. Esto se agrava en confinamiento, cuando no se admiten visitas ni salidas “de pase”. La convivencia con potenciales agresores y, en última instancia, feminicidas, se hacen permanentes y tienden a normalizarse, a pesar de que las distintas organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil activan protocolos de atención a mujeres en situación de violencia. 

El Observatorio de Equidad de Género (OEG) de Puerto Rico intenta develar los problemas sociales y mejorar las condiciones de vida de las mujeres y niñas, y además incluye datos de transfeminicidios, a partir de su propio monitoreo y de los datos de la Oficina de la Procuradora de Mujeres. Su misión es, en este sentido, fiscalizar a los organismos oficiales como la Policía, con tendencia a subreportar los casos. 

“Comenzamos a operar en marzo justo antes de la cuarentena y toque de queda por motivo de la covid-19”, contó Debora Upegui-Hernández, analista del OEG a Distintas Latitudes. “Hasta el 16 de agosto no había ninguna información disponible sobre la línea del gobierno de ayuda y atención a víctimas de violencia de género para los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto. Monitoreamos los feminicidios a través de la prensa y ‘Seguimiento de Casos’, una página de Facebook cuya misión es recoger todos los reportes de feminicidios y violencia doméstica que aparecen en la prensa de Puerto Rico en un solo lugar”. ¿Eso incluye a Penélope? Sí.

La prensa dice que era “vecino” de Caguas y que según el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) estaba fichado por violación a la Ley de Sustancias Controladas. Añade que el agente Isander Rivera, adscrito a la División de Homicidios de Bayamón, y la fiscal Laura Arill, se hicieron cargo de la investigación. 

No obstante, estos detalles, además de la ficha policial, se hallan en los reportes de la prensa solo si se pone en el buscador Pablo Díaz. Los buscadores en Internet son engañosos y, en todo caso, replican un modelo patriarcal.

Poniendo en el buscador Penélope el camino hacia los resultados se limita y aparece como resultado, por ejemplo, el significado del nombre en la mitología griega: ‘aquella que teje buenas telas’ o ‘mujer morena’; Ulises, su esposo y rey de Ítaca la abandona para combatir en la Guerra de Troya, ella le espera fiel. 

El transfeminicida 

Se presentaron cargos contra José Villafañe Cotto, de 32 años, por los hechos ocurridos en esa prisión, según registra una publicación web del medio Primera Hora. 

“Cargos por asesinato y destrucción de evidencia fueron sometidos hoy contra José Villafañe Cotto, de 32 años, por hechos ocurridos en el Complejo Correccional en Bayamón, informó la Policía. El reo confesó que en horas de la noche del pasado 13 de abril, en la celda 29, del edificio 5, sección A-5, utilizó un pedazo de tela para estrangular a Pablo Díaz Ramírez. Después, destruyó la evidencia utilizada para cometer el crimen”. 

La jueza Eilyn Torres Ríos, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, determinó causa en todos los delitos y le fijó una fianza de un millón al transfeminicida, aunque lo traten solo como “asesino”. Posteriormente, ordenó su reingreso al Complejo Correccional, hasta el día de la vista preliminar —etapa del proceso penal en la que el fiscal debe demostrar que hay pruebas suficientes para continuar a juicio—  pautada para el 22 de junio. El caso fue consultado con la fiscal Laura Arill Capó, la cual instruyó a radicar los cargos. El agente Isander Rivera Ortiz, bajo la supervisión del sargento Roberto Rivera Cintrón, ambos adscritos a la División Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, estuvieron a cargo del caso.

Por su parte, la trabajadora social Carmen Castelló, quien lleva una base de datos de seguimiento de casos, dijo que desde el 1 de enero hasta el 23 de agosto de 2020 ocurrieron 25 feminicidios en Puerto Rico. Contando los cuatro feminicidios y el transfeminicidio cometidos entre el 15 de marzo y el 15 de abril, en lo que va de año se reportan al menos 33 feminicidios. El OEQ amplía la cifra hasta 37. De ellos, 11 fueron clasificados como íntimos, es decir, por violencia doméstica o por un conocido con quien había relación íntima. De otros 10, indirectos, dos corresponden a menores de edad, incluida una pequeña de ocho años. 

Asimismo, han sido reportadas desaparecidas 53 mujeres y niñas en 2020, si bien un informe del Observatorio del día 4 de octubre indica que en ese momento había cinco mujeres y siete niñas desaparecidas, para un total de 12. Los casos están siendo investigados por la Policía y solo 15 de todos estos crímenes han sido esclarecidos, dijo Castelló. 

Según este repositorio para sensibilizar y recopilar recursos, una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física, en su mayoría, por parte de su pareja, y con la pandemia de covid-19 la situación ha empeorado. En realidad, toda esa violencia ya estaba ahí y probablemente el virus no haya hecho más que destaparla.

La pregunta a partir del feminicidio de Penélope —coinciden las entrevistadas— viene a ser: ¿está consciente la ciudadanía de todo a lo que se expone una mujer trans al ser llevada a una cárcel de hombres? ¿Cómo viven sus días estas mujeres en una prisión que no está pensada para ellas?

La prisión 

El encarcelamiento puede aumentar la vulnerabilidad de las personas trans de diferentes maneras, según reconoce el documento POR LA SALUD DE LAS PERSONAS TRANS. Elementos para el desarrollo de la atención integral de personas trans y sus comunidades en Latinoamérica y el Caribe. Más allá de riesgos como la angustia mental, la exposición a la violencia física y abuso sexual, y la falta de medios para prevenir la transmisión del VIH y otras ITS, la imposibilidad de vivir de acuerdo con su identidad de género puede afectar gravemente el bienestar psicológico de una persona. Por lo tanto, ese texto plantea que en términos de salud mental y de no discriminación, el hecho del encarcelamiento no debe socavar la capacidad de una persona para vivir de acuerdo con su identidad de género.

“Esto puede implicar, para las personas trans, aspectos de la expresión de género, incluida la ropa, los peinados y el uso de maquillaje, que pueden entrar en conflicto con las normas penitenciarias basadas en el sexo biológico o género legal de una persona. Cuando éste sea el caso, las normas penitenciarias deberían ser revisadas en consecuencia, y responder a la identidad de género de una persona en lugar de sexo biológico o género legal”, se lee en el texto.

El testimonio de Katalina Ángel, activista trans de Colombia recuerda las situaciones de violencia, tanto psicológica como verbal, física y sexual por parte de internos y personal de guardia. “Mi experiencia privada de la libertad en la Cárcel Picota, en Bogotá, Colombia, no es muy

diferente a la que viven muchas personas trans en esta situación en Latinoamérica. Hay abuso

constante a los derechos humanos y falta de reconocimiento de nuestras identidades. Entre tantos abusos recuerdo cómo me utilizaban los guardias en su turno de noche para divertirse obligándome a bailar para ellos y acceder a ser su juguete sexual para no sufrir represalias que me expusieran a situaciones más violentas. Aunque intenté hacer las denuncias en más de una ocasión, lo único que conseguía era la complicidad entre la guardia para no manchar el nombre del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y recibir más hostigamiento por no quedarme callada. La única defensa que teníamos y seguimos teniendo es el empoderamiento y la unión entre nosotras mismas”.

En palabras de Alejandra Collete Spineti Núñez, directora del Colectivo Trans del Uruguay, los cuerpos trans en el sistema carcelario se convierten en cuerpos que deben sobrevivir al sistema, a las demás personas privadas de libertad y a las autoridades. Pero algunos no lo consiguen. Penélope Díaz Ramírez no sobrevivió. 

***

Este texto forma parte de “Violentadas en cuarentena”, publicada en Distintas Latitudes, una investigación colaborativa regional realizada en 19 países de América Latina y el Caribe sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la covid-19. Esta investigación fue apoyada por el Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas de la International Women’s Media Foundation.

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