Por Colibrí Revista

Un cuerpo aparece el pasado 18 octubre en el río Chubut. Una diversidad de información difusa, inconclusa y poco certera comienza a circular. El dolor de una familia pide verdad y respeto por ellos, por Santiago. “Yo no voy a decir que es o que no es, hasta no estar 100% seguro, no lo voy a confirmar, más allá de que tenga algunos elementos personales”, declaró Sergio Maldonado, en la conferencia de prensa que brindó ayer en Esquel.

Tras dos días de amplia visibilidad del caso, comenzó a realizarse la autopsia sobre el cuerpo hallado esta mañana en la Morgue Judicial. Dicho estudio permitirá determinar cuáles fueron las causas de muerte. Para confirmar la identidad, es necesario un examen de ADN que tardará entre tres y siete días; y que será realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Cronología del caso y operaciones mediáticas

En el marco de una lucha sostenida por la Comunidad Mapuche de Cushamen y con una creciente tensión con el gobierno de la provincia de Chubut, la Gendarmería e Infantería realizan violentos operativos represivos en la zona para desalojar a los manifestantes que reclamaban tierras adquiridas por el grupo multimillonario Benetton.

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Los operativos de las fuerzas represivas datan desde el 9 al 12 de enero, y el 2 de junio, donde Infantería utiliza balas de goma y de plomo para reducir a los integrantes de la comunidad, dejando varios heridos. Pablo Durán, ministro de gobierno de la provincia y quien ya había calificado a los mapuches como «terroristas» y «delincuentes», justifica las repetidas represiones, que a su vez fueron condenadas por otros políticos y por Amnistía Internacional.

El 26 de junio de 2017, la Gendarmería detiene a Facundo Jones Huala, lonko (líder) de la Comunidad, para ser trasladado a Esquel el 2 de julio luego de marchas y manifestaciones en contra de su arresto.

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Un día antes de la desaparición de Santiago Maldonado, se realiza un corte de Calle frente al Juzgado Federal de Bariloche para pedir la liberación de Facundo Jones Huala, donde nueve personas son detenidas y mujeres son golpeadas por gendarmes varones. Ese día, Mario Das Neves, Gobernador de Chubut, pide juicio político para el Juez Guido Otranto, que había liberado a Jones Huala en agosto de 2016. Esta medida está impulsada por Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, quien está presente en la represión del 1 de agosto.

El 1 de agosto de 2017, la policía dispara y persigue a la comunidad Cushamen desde la ruta hasta el río, donde Santiago Maldonado no puede cruzar -porque no sabe nadar-, y tres testigos anónimos declaran que la Gendarmería lo golpea hasta subirlo a uno de sus camiones. Tres días después, el hermano de Santiago, Sergio Maldonado, asiste a la audiencia realizada en el Juzgado de Esquel, en la que la Gendarmería debía presentar un informe del operativo pedido por el juez -no lo hace- y sólo declara que no lo tienen detenido.

El primer operativo mediático es decir que Santiago Maldonado no estaba ahí. Desde el 5 hasta el 7 de agosto se realiza el primer rastrillaje encabezado por Prefectura Naval Argentina, donde encuentran la boina blanca de Santiago y se confirma su presencia en el lugar. En el río, buzos recorren y evalúan la profundidad y corriente. Hasta entonces, el Juez Guido Otranto declara que no hay pruebas suficientes de la detención por Gendarmería. Aquel día, se realiza la primera marcha en repudio al accionar de los gendarmes y en reclamo de la aparición con vida del desaparecido.

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La segunda operación mediática consiste en difundir que Santiago en verdad no está desaparecido, sino que está viajando por la provincia de Entre Ríos. Los medios afines al gobierno publican la declaración de un camionero que dice haberlo llevado, pero pronto es desmentido.

Diez días después de la desaparición de Santiago, se realizan allanamientos en los escuadrones de Gendarmería de Esquel y del Bolsón. Allí continúan las irregularidades, siendo que en primer lugar no se habían presentado los informes solicitados de los operativos, los camiones utilizados -confirmados por los videos, pero negados por los oficiales- han sido lavados y los precintos de seguridad, violentados. En el allanamiento, se encuentran cabellos y una soga, que son guardados como prueba para cotejamiento de ADN.

El 11 de agosto, el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se refiere por primera vez al caso y declara que trabajan «a destajo» para encontrarlo. El mismo día, orgnanismos de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales realizan un acto en Plaza de Mayo para responsabilizar a Gendarmería por la «desaparición forzada» de Santiago, como titula la caratula del caso desde el 24 de agosto.

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El día siguiente, se allana la casa del desaparecido y la familia declara su descontento argumentando que se está investigando la vida personal de Santiago, en vez de investigar hipótesis sobre la culpabilidad de Gendarmería Nacional. En esa semana, la Justicia acepta tomar testimonios bajo identidad reservada a los integrantes de la comunidad Pu Lof en Resistencia, quienes tienen miedo por su seguridad, pero declaran ante fiscales de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN). En los mismos días, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, allana el Escuadrón 37 de Gendarmería Nacional en José de San Martín, Chubut, y desplaza al jefe del escuadrón, David Germán Balmaceda, dos días después.

El 16 de agosto se realiza un segundo rastrillaje donde se encontró un collar de Santiago, a 100 metros del hallazgo de la boina y en el lugar donde los testigos afirman que fue golpeado por Gendarmería. El mismo día, Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad, expone en el Senado ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, donde defiende a Gendarmería, cuestiona la contribución de la familia y divulga la identidad de un testigo protegido. Sólo el día siguiente, Interpol incorpora el nombre del joven a la lista de personas buscadas.

Dos días después, Gendarmería entrega el listado de los 130 efectivos que participaron en la represión del primero de agosto. En un comienzo, dicha fuerza había declarado ante la fiscal que sólo ocho gendarmes estaban bajo el operativo. El mismo día, Gendarmería es aceptada como parte en la investigación y tiene acceso al expediente.

La tercera medida mediática fue denunciar a los mapuches. El periodista Francisco Olivera se pregunta públicamente en un programa de televisión “¿qué pasa si a Santiago Maldonado no lo mató la Gendarmería sino un mapuche?”

El 23 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicta una medida cautelar para que el Estado tome las medidas necesarias para encontrar a Santiago. Un día después, la Fiscalía Federal de Esquel cambia la carátula de la causa a “desaparición forzada de persona”. De esta manera queda implícita la responsabilidad de miembros del Estado en el delito, y la investigación se dirige a Gendarmería.

El 29 de agosto se hace público un video de Santiago cortando la ruta el día anterior de la represión de Gendarmería, verificando que estuvo ahí el último día que fue visto con vida.

El primero de agosto se cumplió un mes de la desaparición y masivas marchas pidieron: ¡Aparición con vida de Santiago Maldonado!

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En la desconcentración hubo incidentes y 30 detenidos, aún se investiga de que se trató.

Durante el mes de septiembre quedan evidentes irregularidades en el procedimiento de Gendarmería como la falta de la grabación completa del operativo, y las declaraciones del defensor oficial sobre las pruebas que fueron eliminadas. También se hizo público un audio en el que un gendarme que participó el primero de agosto decía: «les dimos corchazos para que tengan».

Dos nuevos testigos declaran que Santiago fue detenido, golpeado y trasladado por personal de Gendarmería, y dicha fuerza empieza a debilitarse. Ante sus contradicciones, desarrollan una nueva estrategia, fue un hecho aislado: se podría tratar de un gendarme suelto.

El 17 de septiembre el juez Otranto declara en una entrevista para un diario que la principal hipótesis que manejan es que Santiago se ahogó en el río, a pesar de que los buzos hayan observado que tiene poca profundidad y corriente.  Al día siguiente un tercer rastrillaje con distintas fuerzas de seguridad e impide el ingreso de familiares, de la abogada y de organismos de derechos humanos -ni se les brindó información luego-, pero si se le permitió al secretario de Coordinación con los Poderes Judiciales, Gonzale Cané, funcionario que depende de Patricia Bullrich.

El 22 de septiembre se admite la recusación contra Guido Otranto y la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia designa al titular del Juzgado Federal N°2 de Rawson, Gustavo Lleral.

Desde los peritajes hechos a los teléfonos de gendarmes de «alto mando» se revela que esa fuerza pidió información sobre los movimientos y contactos de Santiago Maldonado sin tener orden del juez. Otro audio que se conoció fue entre dos efectivos que decían: «el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana». Días posteriores Gendarmería es denunciada penalmente por espionaje ilegal a la familia Maldonado y organismos de Derechos Humanos.

El 1 de octubre se cumplen dos meses de la desaparición de Santiago y marchas en el país y en el resto del mundo exigen la aparición con vida.

El 17 de agosto, a pocos días de las elecciones y en el cuarto rastrillaje realizado, se halla un cuerpo en el Río Chubut. Antes y después de la información, los medios estallan. Antes de darse a conocer la noticia, la periodista  acreditada de Ámbito Financiero en la Casa Rosada Liliana Franco, anticipaba «importantes novedades» en el caso, para después explicar en Intratables que no sabía de que se trataban esas novedades y que sus fuentes no venían del gobierno.

Ese mismo día, Christian Sanz (TW) y Nicolás Wiñazki en la radio AM del Grupo Clarín publicaron que se trataba del cuerpo de Santiago. A la noche, Radio Mitre hizo la misma confirmación. La Nación, al día siguiente, publicó en su tapa que el hallazgo se había producido en una zona que ya había sido rastrillada antes, para contradecirse luego en la nota principal y escribir que no había sido «relevado».

En la noche del 18, la familia de Maldonado realiza una conferencia de prensa donde hace énfasis en el cuarto rastrillaje y en las dudas con respecto al hallazgo. A la vez, se niega a declarar que se trata de Santiago hasta estar «100% seguros».

Video de la conferencia de prensa de la familia de Santiago Maldonado el 18/8 de la

Ayer, organizaciones de derechos humanos convocaron a una manifestación en Plaza de Mayo para repudiar el manejo de los medios y del Gobierno en la investigación del caso que refiere a la desaparición forzada de Santiago Maldonado

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La autopsia está siendo realizada hoy por 16 peritos de las 6 querellas, pero no se darán a conocer los resultados en el día, como advirtió Alejandro Incháurregui, el perito forense de parte de la familia de Santiago Maldonado. Incháurregui fue parte del equipo que identificó cientos de cuerpos de desaparecidos en todos los continentes, incluyendo su participación en el reconocimiento del cadáver del Che Guevara.

En los últimos minutos, la familia de Santiago declaró haber reconocido el cuerpo por sus tatuajes, pero los resultados de la autopsia se darán a conocer dentro de 3 a 7 días.

NOTA EN DESARROLLO