Alertas populares y la Reforma Constitucional en La Rioja

Por Nicole Martin

En La Rioja el viento no corre, camina. Levanta en cámara lenta la tierra colorada -aroma a Cuyo- y se filtra entre montañas gigantes que recuerdan la cercanía con la espina dorsal del planeta: la cordillera de Los Andes. Allí la vida es tranquila. Sólo en febrero, cuando suena el grito chayero, las calles se vuelven una fiesta ruidosa y alegre. Por tradición indígena, todas las personas honran a la Pachamama bailando y arrojándose agua y harina de maíz.

Si el derecho de vivir en paz lo fuese realmente y no un privilegio de unos pocos, La Rioja podría seguir así, tranquila. Su música sonaría como una copla de La Bruja Salguero o una chaya de Ramiro González. Música serena pero firme, que late como un bombo legüero y hace vibrar la tierra, como un niño riojano pronunciando la letra “R”.

Pero en un futuro condicionado por el cambio climático y la crisis global, los pueblos de La Rioja deben permanecer en alerta. Porque en un despiste, su tierra amada puede ser entregada como zona de sacrificio: esa que se vende a las megaindustrias de capital internacional en nombre del desarrollo, bajo el padecimiento de las condiciones de vida de sus habitantes.

Por eso, cuando se anunció la Reforma de la Constitución con la Ley 10.609 en diciembre de 2022, organizaciones como la Asamblea por la vida Chilecito y Mujeres defensoras del agüita de Famatina “pararon la oreja”. Fueron pocas, en femenino, las que prestaron atención. Organizadas en colectivos, se alertaron por la posibilidad de que la reforma flexibilice el contexto provincial, de cara a profundizar las políticas extractivistas.

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Sólo en agosto de 2023 el proceso de reforma comenzó a ser conocido por la población riojana. A pesar del anuncio de diciembre y de la elección por voto popular de les 36 convencionales. La lista electoral, larga como una sábana, juntaba los nombres y no era comprensible. Como muchos procesos estatales, la reforma se plantea en un lenguaje ajeno al pueblo.

Sin sentirse representades por la Convención de la Legislatura de La Rioja y alertades por la posibilidad de otra reforma que atente contra la propiedad de las tierras indígenas y el derecho a la movilización, como sucedió en Jujuy, o como el decreto que criminalizó la protesta social en Salta, vecines se acuerparon en la Asamblea Constituyente de los Pueblos Riojanos.

“Era quedarnos afuera mirando cómo se reformaba la constitución o agruparnos a conformar una instancia legítima para nosotros: habitar asambleas populares. De esa manera, decidir mediante el derecho de la autodeterminación de las comunidades cómo queremos vivir”, afirmó María Pía Silva, integrante de la asamblea. 

Según la Convención oficial, que comenzó a reunirse el 14 septiembre, los puntos en debate se relacionan con la periodicidad de los cargos públicos, la coparticipación de fondos municipales y el acceso al agua, la energía y la conectividad. Sin embargo, no hay más especificaciones y, como La Rioja es reconocida por su atraso en el acceso a la información pública -incluyendo este derecho en su legislación recién en noviembre de 2018-, el pueblo teme que se puedan tomar decisiones por debajo de la mesa.

En diálogo con la Asamblea Constituyente de los Pueblos Riojanos, la Revista Colibrí identificó tres alertas frente a la reforma constitucional en La Rioja:

Alerta #1: Megaminería, monocultivo y crisis hídrica

Como fue la promesa del oro del Famatina, hoy el litio promete salvar de la pobreza. Pero dada la escasez de agua en La Rioja, les vecines exigen que no se sigan otorgando permisos de megaminería ni de monocultivo

En La Rioja, lo que está en juego son los recursos naturales, especialmente el agua. Y con ello, la vida. María Pía también forma parte de las Asamblea por la vida Chilecito y de Mujeres defensoras del agua de Famatina, colectivas que desde principios del nuevo siglo y bajo la consigna “El Famatina no se toca” lograron expulsar a al menos cinco mineras que buscaban utilizar el agua de la zona para explotar oro en el Cerro Famatina.

“Nosotros somos los que vivimos en este valle, los que recibimos el agua del Famatina y los que vamos a decidir qué se hace con las fuentes de agua, cómo se conservan, si se tocan o no se tocan”, manifestó firmemente la vecina.

Las reuniones de la Asamblea Constituyente de los Pueblos Riojanos fueron tres, en las ciudades más pobladas de La Rioja: la primera el 28/7 en la capital provincial, la segunda el 21/8 en Chilecito y la tercera el 2/9 en Chamical. La propuesta, contó María Pia, es la de sostener una asamblea federal, cerca de las comunidades de toda la provincia, que coinciden en una misma preocupación, la crisis hídrica y la posibilidad de que la reforma profundice aún más esta problemática.

“Como asamblea denunciamos que si la provincia se encuentra en crisis hídrica, por qué se siguen otorgando estos permisos de agua y de sobreexplotación de las napas”, expresó Jenny Luján, vecina organizada de Chilecito. Además, destacó la corrupción de los gobiernos provinciales que no realizan las obras prometidas en campaña de captación y distribución del agua para consumo familiar.

La crisis hídrica podría profundizarse con el extractivismo por las grandes masas de agua que utiliza la megaminería. Y allí es donde aparece el “oro blanco”, el litio. María Pía comentó que hace varios años que la gobernación hace énfasis en el litio como una “salvación”, de la misma forma que se publicitó la extracción de oro del Famatina en 2001 y como la campaña “La Rioja minera” durante el gobierno de Luis Beder Herrera a partir de 2007.

Sobre este punto y a finales del 2022, el gobierno riojano sancionó la Ley provincial 10.608 que declaró al litio como “recurso natural estratégico” y proclamó su estudio, exploración e industrialización. En el acto también suspendió permisos privados de exploración, que quedaron bajo control de la empresa estatal Kallpa Sapem.

Según denunciaron las organizaciones de mujeres en un informe publicado en julio de 2023, como primer acto, la empresa estatal destruyó la salina altoandina ‘El Leoncito’ sin publicar antes un Estudio de Impacto Ambiental ni llevar adelante procesos de consulta a las comunidades aledañas.

“Lo que estamos viendo es que la política de extracción de La Rioja, si bien se viene instalando un imaginario de desarrollo, se está aplicando sin ningún tipo de cuidado o control sobre los sitios que está afectando y sobre todo sin el apoyo de las comunidades”, sintetizó María Pía. En el relevamiento de la salina ‘El leoncito’ las organizaciones identificaron empresas de distintas provincias interviniendo en un sitio de un equilibrio ecológico muy sensible.

A la vez, denuncian el monocultivo como forma de agricultura. Jenny explicó que: “Estos monocultivos utilizan muchísima cantidad de agua para la producción de olivos, nogales, la vid, pistachos, trigo transgénico, soja… que a su vez usan paquetes tecnológicos como Monsanto, Cargill, Syngenta que envenenan no sólo las napas y el poca agua que nos queda, sino también nuestros alimentos y le quitan los nutrientes a nuestro suelo”.

En conversación con las integrantes de la asamblea, se destacó la conciencia en relación a la transición energética. María Pía dijo que es un trabajo de las asambleas debatir activamente qué lugar ocupan en ese proceso: “Acordamos totalmente en que estamos padeciendo una crisis civilizatoria y que los responsables de la crisis es un modelo de vivir, que lejos de cambiarse se está buscando profundizar. Hay una transición energética sacrificando los pueblos del sur para la acumulación de los pueblos del norte”.

Alerta #2: Administración extranjera del agua

El Estado anunció un acuerdo en 10 provincias con la empresa israelí Mekorot, acusada de violar el derecho de acceso al agua del pueblo palestino. No se saben detalles porque no se entrega información pública, pero alerta la administración extranjera del agua.

Los pueblos quieren decidir.

Un nuevo actor apareció en la escena de gestión del agua en Argentina en 2022. La empresa estatal israelita Mekorot. Desde entonces ya ha firmado acuerdos para elaborar Planes Maestros de administración del agua en diez provincias, entre las que se encuentra incluida La Rioja. 

Aunque las organizaciones riojanas solicitaron el acceso a la información pública del convenio, insistencia y carta documento mediante, sólo se entregó un acta que nombraba a las provincias adheridas. “Entendemos que hay actas complementarias que marcan la hoja de ruta del plan estratégico de gestión y administración del agua, pero el gobierno no nos otorga esa información”, dijo Jenny.

En el proceso de la reforma de la constitución se estipula tratar el acceso al “agua, energía y conectividad”, pero sin especificar nada relacionado. “No dan a conocer los proyectos que para nosotros ya están escritos, ya está lista la reforma y responde justamente a las exigencias de la empresa Mekorot”, sostuvo Jenny.

En este punto, reconoció que aunque en La Rioja el pueblo naturalizó la entrega de tierras y de agua como intercambio feudal en su historia, la crisis hídrica se hizo insostenible en la actualidad y las poblaciones comenzaron a tomar conciencia. Las organizaciones son las que encabezan las campañas informativas y comunican las alertas.

Jenny concluyó que: “Somos los pueblos los que debemos decidir cómo administrar el agua, qué prioridades tenemos. Exigimos que el gobierno realice las investigaciones para saber qué cantidad de agua tenemos y generar un plan de manera participativa, acompañados por profesionales idóneos de la provincia. No necesitamos pagar a ninguna empresa extranjera y mucho menos Mekorot que sabemos que es culpable de crímenes de guerra contra el hermano pueblo palestino”.

Mekorot fue denunciado a nivel internacional por Amnistía Internacional por restringir a la población palestina del derecho de acceso al agua y por extraer sus escasos recursos hídricos. La población palestina consume por término medio 73 litros de agua al día por persona, cantidad muy inferior al mínimo diario de 100 litros per cápita recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Alerta #3: Libertad de prensa en jaque

Trascendieron los dichos de funcionarios sobre la posible “regulación de la función de la prensa con respecto a los actos de gobierno”. Encendió la alerta porque hay una delgada línea entre regulación y censura.

Un tema más que alertó particularmente a los medios de comunicación fue el de la “libertad de expresión”, que estuvo en boca del gobernador Ricardo Quintela en relación a “bloquear a aquellos que nos brindan una información que nosotros no podemos comprobar la veracidad de la misma”. Al despertar la polémica, aclaró que no se refería a la censura: “Muy lejos estamos de censurar, pero debemos defender el respeto y la verdad, y en ese sentido creemos oportuno vincular la tarea periodística con la gobernanza”. 

“Encendió todas las alertas porque es muy fina la línea entre regulación y censura”, aclaró María Pía.

Esta iniciativa podría atentar contra el derecho de libertad de expresión reconocido por el artículo 14 de la Constitución Nacional: “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”. También el artículo 32, que establece que “el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal” y en los tratados citados en el artículo 71 inc.22, también de la Constitución Nacional.

Más allá de estas alertas, es claro que el consenso entre las asambleas de los pueblos es clave para la participación democrática de la ciudadanía, y debe ser tomada en cuenta como legítima por el Estado. Por eso, la consigna principal de la Asamblea Constituyente de los Pueblos Riojanos es la exigencia de participar en el proceso constituyente: “No habrá reforma sin el pueblo. Nunca más una Rioja sin nosotros ni nosotras”.